Viernes, 11 Mayo, 2012 - 16:55

Convenio entre el STJ y el Consejo de Abogados

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Los puntos más importantes que incluye el acuerdo son la capacitación y la especialización, aseguró José Sánchez.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, firmó esta mañana en el Salón de Acuerdos un convenio de cooperación con José Sánchez, titular del Consejo Profesional de Abogados de la Primera Circunscripción. También participaron el vicepresidente Hilario Bistoletti; el secretario Pedro Regueiro; una de las integrantes del directorio Sonia Seba y la represente del Consejo de la Magistratura, Cecilia Baroni.



Al término de la rúbrica Sánchez celebró la firma del convenio e indicó: “Es un viejo anhelo que tenía el Consejo sobre dos puntos que son centrales: la capacitación y la especialización”.



Con el primero de los puntos se pretende que desde el Centro de Estudios Judiciales se permita la inclusión de abogados en el aprendizaje pero también se les admita formar parte del dictado de cursos. “Así como nosotros estamos en condiciones de capacitarnos, también podemos formar”, dijo.



Respecto a la especialización señaló que “sería muy productivo para el propio Poder Judicial y para toda la sociedad que se realicen pasantías cortas dentro de la Justicia donde los profesionales puedan especializarse en una rama del Derecho”.
Las mismas se realizarán con seguro a cargo del Consejo de Abogados, librando de total responsabilidad al resto de las partes.




También manifestó que durante el encuentro con la presidenta del STJ se abordaron otros temas que hacen a la política institucional y a la visión del Consejo para emprender un trabajo mancomunado. “Destacó la predisposición del STJ para escuchar los requerimientos de los abogados”, afirmó.



Cabe destacar que el mismo convenio fue firmado el miércoles pasado con el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, representado por Amílcar Aguirre.



EL CONVENIO

El compromiso entre las partes tiene como objetivo “procurar una mutua colaboración y asistencia recíproca en materia de implementación de políticas judiciales, asistencia técnico estadística, articulación y difusión de los métodos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, y de todo tipo de mecanismo institucional que pueda promover al mejor acceso a la justicia y el mejor y más efectivo servicio de Justicia”.



Así, entre las cláusulas del convenio se destaca la que afirma que las partes “se comprometen a colaborar entre si, a partir de la disponibilidad de sus recursos propios y en la medida de sus posibilidades, realizando conjuntamente todo tipo de acciones que contribuyan a promover y hacer efectivos los mecanismos que promuevan un mejor acceso a la justicia y un mejor y más efectivo servicio de Justicia”.



Asimismo, se comprometieron a “intercambiar experiencias, conocimientos y prácticas, así como legislación, proyectos de reforma, y programas de capacitación, a través de un conjunto de actividades orientadas a compartirlas. Este intercambio tendrá por objeto permitir que los responsables institucionales de la formulación y gestión de dichas políticas, puedan mejorar la capacidad y eficacia del sistema de Justicia”.