Jueves, 10 Mayo, 2012 - 07:00

Ya tenía aprobación en general
Diputados aprobó la nueva Ley de Seguridad Pública

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Tras un extenso debate, la Legislatura sancionó anoche, en forma particular, el texto definitivo de la norma que establece bases jurídicas e institucionales del sistema de Seguridad Pública.

El tratamiento en particular de la nueva Ley de Seguridad Pública, mereció un extenso debate que se prolongó por varias horas, tras lo cual la Cámara de Diputados sancionó el texto definitivo dando de esta manera por concluido el proceso de sanción de la ley registrada con el Nº 6976, que será enviada al Ejecutivo provincial para su promulgación.



Se trata de la norma que establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del sistema de Seguridad Pública en lo referente a su composición, misiones funciones, organización, dirección, coordinación y funcionamiento; así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública.



La estructura de la norma consta de 180 artículos, los que fueron fundamentados pormenorizadamente, recibiendo en algunos casos modificaciones para mejorar la norma, que acordaron los diputados, durante el tratamiento.



En el artículo 2º define que
“la seguridad pública es la situación política, institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente las siguientes libertades y derechos: A defender y a ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva participación en la organización política, económica, cultural y social, así como en su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado. A obtener el pleno resguardo de la totalidad de los derechos, garantías y libertades emanadas de la Constitución de la provincia del Chaco. A la vigencia plena de las instituciones del sistema democrático, representativo y republicano.



A esos efectos, la seguridad pública comprende el conjunto de las acciones institucionales y sociales tendientes a resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos de las personas a través de la prevención, conjuración e investigación de los delitos, las infracciones y los hechos vulneratorios del orden público dentro del ámbito provincial”.



El artículo 3º determina que “a los fines de la presente ley, se define como: 1) Prevención, a las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar aquellos hechos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar actos atentatorios de la seguridad pública. 2) Conjuración, a las acciones tendientes a neutralizar o contrarrestar en forma inmediata los delitos o hechos en ejecución que resulten atentatorios de la seguridad pública, hacerlos cesar y evitar consecuencias ulteriores.



3) Investigación, a las acciones tendientes a conocer y analizar los delitos y hechos vulneratorios de la seguridad pública, sus modalidades y manifestaciones, las circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo marco se produjeron, sus factores determinantes y condicionantes, las personas o grupos que lo protagonizaron como autores, instigadores o cómplices, y sus consecuencias y efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos. Cuando la investigación se desarrolla en la esfera judicial, ella engloba a la persecución penal de los delitos consumados a través de las acciones tendientes a constatar la comisión de los mismos y sus circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución; individualizar a los responsables de los mismos y reunir las pruebas para acusarlos penalmente”.



“A los efectos de resguardar la seguridad pública –establece el artículo 4º- el Poder Ejecutivo deberá crear y mantener las condiciones políticas, institucionales y sociales adecuadas a tal fin, sin perjuicio de las facultades y deberes correspondientes a otros poderes públicos, siendo de su competencia el ejercicio de las facultades administrativas previstas en las normas y en esta ley, a los efectos que procurar, antes que nada, la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones así como la comisión de delitos y faltas que impidan o cercenen la libertad y los derechos de las personas, adecuando su accionar, siempre y en todos los casos, al Estado democrático de derecho y a las garantías constitucionales”.