Sábado, 5 Mayo, 2012 - 17:53

Con aplausos y vitores, el Estado paso a manejar YPF y a ser guardián de todos los precios de gas y petróleo

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Dos semanas cargadas de discursos, más que de debate. Bajo el imperio de las mayorías tras la fachada de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF.

Más allá de los símbolos, fueron dos semanas cargadas de discursos, más que de debate. Bajo el imperio de las mayorías, lo que ha sucedido en las dos Cámaras del Congreso tras la fachada de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, no fue un intercambio de ideas para conseguir una síntesis superadora, sino la imposición a libro cerrado de un nuevo modelo que, en esencia, es el reconocimiento con aplausos y vítores del fracaso del kirchnerismo en el manejo del área energética.



Casi todos los legisladores hablaron del pasado y hubo mínimas referencias a lo que vendrá, sobre todo para asegurar, en el caso del oficialismo o para exigir, en boca de la oposición, que en paralelo a la expropiación se a conocer un plan estratégico con las directivas políticas del caso, que se transparenten las condiciones que se le van a ofrecer a los futuros socios de la petrolera ahora mixta y con mayoría estatal, para conseguir fondos y finalmente, que se diga cómo y quiénes manejarán la compañía y todo el sector de la energía, de aquí en más.



Antes que eso, los legisladores, duchos en la lógica de llevar agua para el molino de su propia burocracia, hablaron de comisiones de control, ya que la compañía seguirá operando bajo la forma de una sociedad anónima y quedará exenta de la fiscalización de los organismos estatales. Despistados, nunca tomaron en cuenta que la Comisión Nacional de Valores local y sobre todo la SEC estadounidense son las que deben velar por la transparencia, ya que YPF cotiza en ambos mercados.



El punto neurálgico de lo que se aprobó en el Congreso es que el Estado es ahora el dueño de todas las fichas de la cadena hidrocarburífera, la que ha sido declarada de "interés público" desde los pozos exploratorios hasta el surtidor o la hornalla. Así, lo dice la Ley que promulgó el viernes la presidenta de la Nación y que se publicará en el próximo Boletín Oficial: "Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos".



Y ese enunciado concluye con una expresión de deseos importante, pero a la vez abarcativa en lo social: "A fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones". Quién podría negarse a convalidar tamaños objetivos.



Para que no haya dudas, todos estos conceptos, que hacen al nudo de la nueva Ley llamada pomposamente de "Soberanía Hidrocarburífera", están expresados al comienzo, antes que ninguna otra cosa, en el artículo 1, mientras que el avance estatal sobre YPF se refleja recién en el número 7. En la discusión, lo segundo ha sido una importante pantalla de lo primero y ese primer artículo es tan abarcativo del poder del Estado, aunque sinuoso a la vez, que deja la puerta abierta hasta para fijarle precios máximos a las naftas, por ejemplo.



La amplitud de la parrafada, que mezcla el voluntarismo con mucho de misterio sobre qué cosa es el "interés público" y hasta dónde llegar para atenderlo, más los conceptos sobre la fragilidad de la seguridad jurídica que volcó el viceministro de Economía, Axel Kicillof, aquel día de la presentación del proyecto en el Senado es lo que ha hecho que la mayor parte de los interlocutores que pasaron por las oficinas de YPF en estos días para tomar contacto con la intervención, hayan solicitado un tiempo para estudiar el pedido de inversiones que les hicieron los funcionarios.



Sobre todo porque se los tienta con el dulce de leche de Vaca Muerta, en Neuquén, una formación que Repsol primero y otras empresas después verificaron que puede tener potencialidad de yacimiento de petróleo y gas no convencional. Pero claro, para trabajar en esa zona hay que poner mucho más dinero, ya que la metodología extractiva requiere hacer pozos horizontales a profundidad e inyectar agua a presión para separar la arena del fluido. Todo el proceso, además, necesita una serie de cuidados ecológicos que suma dólares a la inversión total, unos 20 ó 30 mil millones, para quizás obtener U$S 200 mil millones, a estos precios unas 10 cosechas de soja.



La necesidad de la inversión privada es porque al Estado (la Nación más las 10 provincias petroleras), ya socio mayoritario de YPF S.A., no le sobra ni un cobre para volver a poner en marcha una producción sustentable. Conocedores de estos apuros, las petroleras no responden de inmediato porque quieren calcular con precisión cuáles va a ser las condiciones que van a pedir para hundir tamañas inversiones en la Argentina, en términos de plazo de concesión o de reconocimiento de precio del barril o del gas en boca de pozo o saber qué porción de las divisas por la exportación van a poder liquidar en el exterior (hoy es cero) o si van a conseguir franquicias impositivas o promocionales, etcétera.



En buen romance, quieren rascar hasta el fondo de la olla para sacar todas las ventajas posibles y conseguir recuperar lo antes posible el capital, si ocurre que algún día quienes no creen en las reglas de juego perennes les dicen que no va más, tal como le pasó a Repsol.



Debido a que la orden era sacar la Ley lo más rápidamente posible y sin cambiar una coma, otro punto que se soslayó en el recinto –aunque los gobernadores de las provincias petroleras lo hablaron entre ellos y le trasladaron la inquietud a la Presidenta- fue plantear la posición de las dueñas constitucionales de los recursos, las que ahora han quedado abrochadas a la Nación a partir de un pacto de sindicación que las obliga a votar en conjunto, siempre y cuando, dice la Ley, que el Ejecutivo "perfeccione" la cesión de los derechos políticos y económicos que por ahora detenta.



Luego, está la cuestión del management, con la designación del ingeniero petrolero Miguel Galuccio, quien le aportará a la compañía su experiencia internacional, aunque se verá hasta dónde puede hacer su trabajo sin interferencias. Por las dudas, la Presidenta le avisó no una, sino dos veces, que, como debe ser, la empresa tendrá una "dirección política".



Casi sin tomar en cuenta todas estas cuestiones bien de fondo –plan estratégico, manejo profesional y sobre todo fondos para operar la compañía- el tono de las alocuciones de senadores y diputados oficialistas fue más bien previsible, orientado más hacia el sentimiento por YPF o hacia el chauvinismo antiespañol o a la justificación con fórceps, en muchos de ellos, sobre la actitud privatizadora del peronismo en los ´90.



Claro está que, además, se olvidaron mágicamente que la política energética de estos últimos nueve años ha sido factor fundamental de la crisis, sin contar con las prebendas otorgadas al grupo Eskenazi, las palmaditas de afecto en la espalda que se le daban hasta hace poco a Repsol o la vista gorda que hizo el representante del Estado en aquello que los mismos oradores se cansaron de describir, sin ponerse colorados, como un "vaciamiento". En tanto, el minoritario espectro opositor tomó dos caminos básicos. Todo que no en cuanto a los procedimientos, aunque terminaron votando a favor, como los radicales, el FAP de Hermes Binner y Pino Solanas y un voto negativo de apenas 32 legisladores en Diputados, donde la convalidación de todo lo actuado alcanzó ribetes contundentes.



De allí, al exitismo y a la exaltación patriótica hubo un solo paso para realizar el primer aprovechamiento político en actos partidarios y tapas de diarios afines, pero no mucho más, ya que quedó claro que la "manifestación popular" se terminó allí, ya que ni siquiera se observaron banderas en los balcones de las casas, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Desde un costado mucho más delicado, seguramente la adhesión legislativa de casi todas las fuerzas democráticas se va a mostrar como un rotundo respaldo a la hora de negociar algo con Repsol o de oponer una defensa en el juicio.



Tanta cháchara en el discurseo de estos días contrastó notoriamente con la precisión que habitualmente tiene la presidenta de la Nación cada vez que se planta frente a un micrófono y en este caso sus últimas intervenciones han mostrado por qué los planetas de la política local giran a su alrededor. Al respecto, mejor es seguirla con papel y lápiz a mano, ya que Cristina cuando habla no da puntada sin nudo.



Habitualmente, las alocuciones presidenciales resultan ser bajadas de línea para que la militancia y los difusores del amplísimo multimedios estatal sepan para dónde va la ola, pero lo más jugoso está en las pistas que suele dar sobre los temas que la preocupan o los que va a abordar en el futuro cercano. Otras veces, mete la pata, como cuando dijo sin mirar su propio patio y refiriéndose a los ingleses, que la falta de "diálogo es insostenible", justamente un elemento del que, por vacación hegemónica, el kirchnerismo no puede hacer gala. O, dicho de otro modo, sólo conversa desde el pedestal con quienes piensan igual.



Pero, como las últimas intervenciones presidenciales han sido un dechado de mensajes cruzados de todo tipo, vale la pena repasar alguno de ellos para armar un cuadro de situación sobre lo que está bajo la superficie. La Presidenta dijo, por ejemplo, que "no hay mayor disciplinador social que no tener trabajo" y aunque luego señaló que "el trabajo es el gran organizador social, por eso lo defendemos con uñas y dientes", en un mensaje claramente dirigido a que los gremios moderen sus demandas salariales, más allá de los tiros por elevación hacia Hugo Moyano.



La Presidenta hoy se debate entre las necesidades de las dos cajas (pesos y dólares) y los problemas indirectos que generan los controles de Guillermo Moreno, el divorcio con el mundo y las dificultades que tienen las provincias. Sin tomar en cuenta qué le pasó con la energía y cómo tuvo que virar, con derrape incluido, Cristina quiere continuar con la misma línea económica, creyendo que va a conseguir diferentes resultados.



El orgullo que suele transmitir Kicillof sobre el modelo local es lo que el kirchnerismo cree a rajatabla y lo que la Presidenta dice que cree: que la Argentina se ha transformado en el centro del mundo. Por eso, apeló el viernes a leer un artículo del economista Paul Krugman, quien fustigó a la "prensa económica" porque no le ve cosas buenas a la Argentina, tal como lo mostró en un gráfico que apenas compara como indicador relevante el crecimiento argentino con Brasil.



Cómo refutar a Krugman, si él apoya su razonamiento en el avance arrollador de la Argentina que ha dejado atrás en velocidad de crecimiento al gigante sudamericano y eso le permite decir orgullosamente a la Presidenta, en sintonía con Kicillof, que el mundo "implosiona" y la Argentina no. Quizás, habría que decirle al Premio Nobel que al subestimar la inflación, el INDEC sobrestima el PBI y eso le haría cambiar algo la perspectiva. Al encontrar un difusor, se supone que desinteresado, quien además critica a los periodistas, la Presidenta lo elevó inmediatamente a la categoría de héroe: "No es del Frente para la Victoria, pero nos gustaría que lo fuera". Además, la inicial de su apellido lo habilita.



(*) Desde la redacción de DyN