Domingo, 22 Abril, 2012 - 09:31

Yrigoyen Perón Fernández

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Nunca hay que ser agorero pero jamás se puede perder la memoria histórica. Los golpes de Estado en la Argentina siempre tuvieron olor a petróleo.







Los capitales norteamericanos e ingleses estaban indignados con Hipólito Yrigoyen cuando todavía no había cumplido dos años de su segundo mandato. El nacionalismo petrolero del presidente radical no iba de la mano de los avances de la Standard Oil, sobre todo, con las concesiones que había obtenido en Salta.



El Peludo, como lo llamaban sus enemigos, porque como el armadillo –o peludo– no gustaba de mostrarse en público, mandó al Congreso un proyecto de ley para nacionalizar el petróleo.



Quería que toda la producción estuviera bajo la órbita de YPF. Corría agosto de 1930 y logró la media sanción en Diputados. Pasó al Senado. El domingo 7 de septiembre había elecciones de renovación de legisladores en Mendoza y San Juan: el resultado era decisivo para el poroteo en la Cámara alta.



El general retirado José Uriburu, salteño y falsamente considerado nacionalista, tuvo la precaución de producir el golpe un día antes. Echó a Yrigoyen y se sentó en la Casa Rosada. La oligarquía puso de vice a Enrique Santamarina, que entre otras cosas era fuerte accionista de Astra, satélite de la Standard Oil. El ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, también era directivo de Astra y abogado de la Standard Oil.



El ministro de Agricultura fue Horacio Beccar Varela, síndico de Austea, otra subsidaria de la Standard Oil. Octavio Pico fue a Obras Públicas y era directivo de Petrolera Andina. Si alguna definición ajustada se mereció aquel primer golpe del siglo XX en la Argentina no era “militar” sino “oligárquico-petrolero”. Por un tiempo, los intereses norteamericanos, mayoritarios en el resto del continente, prevalecieron sobre los ingleses. Para más datos, consultar Historia de la Argentina, de Norberto Galasso.



Un cuarto de siglo después llegaba otro golpe antipopular, también en septiembre, mucho más violento y tan oligárquico como el anterior. También tuvo olor a petróleo. Los contratos que Juan Perón firmó en abril de 1954 con la Standard Oil de California tenían como objetivo paliar la crisis energética que vivía el país. Se abría paso a inversiones norteamericanas pero con un régimen de inversiones externas de corte nacionalista.



Perón dejó sujeta la ejecución de ese acuerdo a que se votara en el Congreso. Era criticado por muchos sectores del propio peronismo debido a que iba e dirección contraria a los principios de la Constitución de 1949. Perón lo fundaba en necesidades pragmáticas y no en bajar las banderas. Más allá del legítimo debate, la oposición los bloqueó todo lo que pudo a la espera de un desenlace no democrático, golpista.



Detrás de la crisis energética hubo un lento ahogo de los intereses de Estados Unidos. Un texto del académico norteamericano Carl Solberg –Petróleo y nacionalismo en la Argentina– pone de relieve el sabotaje a la industria petrolera argentina por parte del Departamento de Estado norteamericano.



“Cuando Perón asumió la presidencia en 1946 –dice Solberg– la mayor parte de las instalaciones principales de YPF se hallaban gastadas o resultaban anticuadas y la importación de maquinarias y equipos era sumamente dificultosa en el estrecho mercado de posguerra.



Decididos a oponerse a Perón por sus supuestas simpatías profascistas, los Estados Unidos adoptaron una política que el secretario de Estado interino (James Byrnes) definió así: ‘Resulta esencial no permitir la expansión de la industria pesada argentina’.



Consecuentemente, los Estados Unidos pusieron trabas a la exportación de equipos de perforación petrolera, instrumentos de refinación y repuestos para reparación de la industria del petróleo a la Argentina. Cuando en 1948, los Estados Unidos levantaron sus restricciones, la Argentina ya enfrentaba el fin de la prosperidad y sufría una carencia de divisas que le impedía importar suficiente cantidad de bienes de capital vitales.”



Más adelante, Solberg agrega: “En 1947, un promedio de sólo 33 equipos de perforación e YPF completó 105 pozos. Menos que en 1925… En 1955, la compañía necesitaba no menos de 100 equipos y tenía 45”. Una vez más, el petróleo era vital para los planes oligárquicos de destruir el peronismo, la industria nacional y la soberanía energéticas.



Energía hoy. Cristina acaba de tomar una medida audaz, que acepta el desafío de meter al Estado como gestor tras 20 años de las leyes que convirtieron a YPF en una sociedad anónima y de haber dado a los estados provinciales la soberanía en el manejo del subsuelo.



Así, no sólo los números de la balanza comercial energética ponen en riesgo la economía argentina sino que se dilapidó el capital industrial de YPF y en la dirigencia política de muchos estados provinciales se instaló una ideología privatista del manejo de los recursos hidrocarburíferos.



Los esfuerzos del Estado nacional, en estos años, estuvieron destinados a invertir para que no falte energía en el crecimiento económico al costo de fuertísimos subsidios públicos y de haber terminado con una cuota de importación altísima.



La decisión del gobierno muestra el grado de compromiso con el pueblo que tiene la Presidenta pero el escenario es de vértigo. La tercerización y la extranjerización de la actividad son completas. A la falta de inversiones de riesgo en descubrir nuevos pozos –salvo los de shale oil y shale gas, básicamente en la Cuenca de Vaca Muerta– se suma un costo alto en la etapa de extracción, tanto en petróleo como en gas.



Las empresas privadas que operan en gas esperan una elevación del precio pagado en boca de pozo como estímulo a la inversión y, a su vez, el Estado sabe que este año deberá desmontar el esquema de subsidios. Es decir, en la ecuación del gas o la electricidad domiciliaria e industrial es de prever un crecimiento del costo final del usuario.



En cuanto a los combustibles líquidos, pese a que en los últimos años fue creciendo el precio, tal como advirtió la Presidenta, las compañías privadas abastecieron con naftas caras –llamadas Premium– para mejorar aún más su ecuación de rentabilidad.



La decisión de estatizar el 51% de las acciones de YPF no significa un vuelco completo del desguace iniciado en 1992. La prensa opositora pretendió al principio mostrar un escenario de caos. “Van por todo”, afirman como si llegara la langosta. La firmeza del procedimiento gubernamental permitió tomar el control completo de la gestión de la compañía.



Al punto que, gracias a la sorpresa, el nuevo elenco directivo logró evitar el envío de una remesa importante de dinero de la compañía que ahora será usado como inversión. Se inicia un camino con muchas esperanzas de que ayude a la soberanía energética. No sólo porque YPF pueda ser manejado para el país y no para la especulación financiera como hacía el elenco manejado por Antonio Brufau. También porque YPF tiene un equipo humano reconocido por su capacidad profesional.



Los especialistas aseguran que el autoabastecimiento energético es posible. Pero, claro, con fuertísimas inversiones y, probablemente, con precios que no siempre serán fáciles de fijar para un gobierno que defienda el bolsillo popular. Además, la historia marca que, más allá de los intereses puntuales de cada empresa extranjera hay otro factor: el interés de limar y desgastar a los movimientos nacionales.



Resultó muy auspicioso que, en la primera semana, prácticamente todo el arco político y sindical haya saludado y apoyado este primer paso. Dejó a los especuladores bursátiles encabezados por Antonio Brufau y Mariano Rajoy como lo que son: personeros de un capitalismo voraz. No es una cuestión de banderas o de nacionalidades sino de la intoxicación de quienes conciben al gas y al petróleo como commodities y a las inversiones de capital como movimientos bursátiles.



Lo que se inició el 16 de abril va en la dirección de la soberanía y el trato igualitario entre las naciones.
Fuente: 
InfoNews.