Lunes, 16 Abril, 2012 - 10:30

Hace un año encontraban el cuerpo de Carina Aguirre en la isla La Hormiga, en Corrientes

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Desde la fiscalía que investiga su desaparición aseguran que la causa avanza y cuestionan a la querella por “ventilar” detalles del caso.

Este lunes se cumple un año del hallazgo del cadáver en una isla del Paraná próxima a la localidad correntina de Riachuelo. Cinco días antes, Lorena, la hermana de Carina, había denunciado su desaparición.



Desde el principio la familia dudó de que se tratase de un suicidio, una de las hipótesis surgida de los mensajes de texto recibidos por la familia, desde el número de Carina, en los que ésta habría revelado la trágica determinación. Es, el de los mensajes de texto, uno de los ejes de la investigación además de las pruebas forenses realizadas sobre el cadáver y los testimonios.




Los abogados que representan a la familia Aguirre, Elbio Arismendi y Soledad Palma, creen que la causa está paralizada, y criticaron “la postura del fiscal, que basa la causa en los mensajes en los que ella decía que se iba a suicidar”. Para ellos es vital un informe forense más preciso.



También cuestionan que la carátula de la causa siga siendo la misma que al principio (“Aguirre Lorena Beatriz s/denuncia”).



Molesto por la exposición mediática de los abogados, desde la Fiscalía de Investigaciones Penales Nº 2, su titular, Diego Cantero, señaló que “la carátula de un expediente penal sólo sirve para identificarlo, y eso lo sabe cualquier estudiante de derecho; lo importante es la teoría del caso que sigue el fiscal, el hecho y la calificación legal (delito) que se le imputa al supuesto autor, que no necesariamente debe reflejarse en esa carátula”.



Cantero recordó además que el mismo día de presentarse la denuncia en la Comisaría Novena de Resistencia “se tomaron declaraciones hasta la madrugada”, y agregó que “en esos momentos sólo se trataba de una desaparición de persona (en la mayoría de los casos suelen ser malentendidos y la persona aparece)”. Aún así, pocas horas después la fiscalía empezó la Investigación Penal Preparatoria: la recolección de pruebas para determinar el hecho y sus supuestos autores.



Si bien adelantaron que no darían detalles de la investigación, ya que “la misma se encuentra en trámite y con pruebas en producción”, Lucio Otero, Secretario de la Fiscalía, aclaró que en ningún momento en la investigación el fiscal determinó que se trataba de un supuesto suicidio. “De ser así la causa ya hubiera estado archivada desde el año pasado, ya que el suicidio no constituye delito penal”, precisó. Más aún: “Se recepcionaron declaraciones, se realizaron secuestros, allanamientos, pericias forenses, se solicitaron informes a compañías telefónicas encontrandonos a la espera del resultado de algunos de ellos”.



Finalmente lamentaron que los abogados de la familia “dieran detalles de la investigación, que sólo perjudican la misma, siendo que, de no estar conformes con la investigación, deben plantearlo en el ámbito del derecho donde tienen todas las herramientas para actuar, y no ventilar cuestiones íntimas de la víctima y de la investigación”. Desde la perspectiva de los funcionarios judiciales, este tipo de hechos ocurren “cuando intervienen personas que desconocen sobre investigación penal y hasta el Derecho Penal y Procesal Penal mismo, y sólo perjudican a su cliente”.



A pesar de ello y “sin perjuicio del exabrupto” que a juicio del fiscal cometieron los querellantes, “la fiscalía estuvo, está y estará siempre a disposición de la querella, si desean aportar pruebas, sugerirlas, solicitarlas en ésta y otras causas, obviamente siempre respetando el Principio de Objetividad que obliga al Fiscal a dejar de lado la pasiones, comentarios, corazonadas, presunciones, y recabar pruebas sustanciales para incriminar o desincriminar a personas determinadas”.