Domingo, 15 Abril, 2012 - 10:23

Dogmas para todos

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No son pocos los funcionarios del Gobierno que viven horas de desconcierto. Apoyo público a CFK, y dudas privadas sobre el curso de las cosas.

Es que más allá de apoyar públicamente con “todo entusiasmo” las decisiones presidenciales y la supuesta sabiduría de sus contenidos, en la intimidad reconocen no saber bien cuál es la dirección por la que marcha un gobierno encerrado en un laberinto del que parece no conocer la salida, a pocos meses de haber ganado una elección con un nivel de apoyo popular nunca visto hasta aquí desde la recuperación de la vida democrática.



El juego de las escondidas montado a partir de la anunciada reestatización de YPF ilustra ese desconcierto. La jugada de hacer caer a algunos periodistas en una trampa acerca de la verosimilitud de un documento desprovisto de membrete oficial que circuló en la tarde del jueves por el Congreso es propio de personas con una mentalidad adolescente y no de funcionarios abocados a la solución de un asunto de primera magnitud, como es el del abastecimiento de petróleo. Lo que surge también de manera obvia es la contradicción del kirchnerismo, una constante. He aquí a la Presidenta, que en sus tiempos de diputada provincial en Santa Cruz presionó para que se aprobara la privatización escandalosa de YPF, tarea en la que no hizo más que acompañar a su esposo, por entonces gobernador.

La presencia de las compañías españolas en la oleada de privatizaciones de las empresas de servicios públicos que sacudió a la Argentina de los 90 merecerá alguna vez un análisis profundo. La actitud que en muchas de ellas imperó durante un largo tiempo tuvo, por momentos, aires de recolonización.



Inversiones insuficientes y su consecuencia de servicios deficitarios constituyeron parte de una realidad que hizo que la participación de esas compañías fuera sujeto de críticas de buena parte de la ciudadanía. En ese marco, la privatización de YPF fue la más bochornosa, ya que significó la enajenación de un bien estratégico para el desarrollo de nuestro país.



La de ahora es una crisis anunciada, sobre la que especialistas destacados venían advirtiendo desde hace años. Al momento de la asunción de Néstor Kirchner, circulaban ya por los despachos de la Secretaría de Energía informes que hablaban sobre el horizonte de dificultades que debería enfrentar la Argentina como consecuencia de la falta de inversiones.



Lo que el Gobierno le reprocha a Repsol ya fue denunciado hace mucho por muchos expertos. Entre ellos, el grupo de ex secretarios de Energía que en marzo de 2009 advirtió sobre la situación deficitaria de la producción de petróleo como consecuencia de la falta de inversiones en exploración. El Gobierno no sólo criticó esas apreciaciones sino que también, tal su costumbre, se encargó de descalificar a cada uno de los profesionales que osaron hacer públicas sus críticas.



Hay que decir que alguna vez se terminará de conocer la verdadera trama por la cual el grupo Eskenazi, ahora vilipendiado desde las esferas oficiales y por los medios que a ellas responden, fue autorizado por el mismísimo Kirchner a ingresar a YPF sin poner un peso y pagando la compra del porcentaje minoritario al que accedió recién a partir de los dividendos obtenidos por la empresa. Tal vez por ello, en aquel tiempo a nadie del Gobierno le importó la remesa de esas ganancias que Repsol hacía a España.



Lo que también es notable, por lo irresponsable, es la inexistencia de un plan de acción definido y ubicado dentro de un marco estratégico consolidado. Nadie sabe de dónde sacaría el Estado la plata para hacer frente a las enormes inversiones que las tareas de exploración petrolera requerirían. Es evidente que la Presidenta se manejó hasta aquí ignorando las consecuencias políticas de sus acciones.



Con todo, lo que más enfurece a la Presidenta en estas horas es la situación de “su vicepresidente”, como algunos ya lo llaman en el seno mismo del Gobierno, a Amado Boudou. “¡Exijo que lo defiendan!”, fue la orden que recibieron de Fernández de Kirchner sus funcionarios. Y ahí pues aparecieron los pocos con capacidad dialéctica para defender lo indefendible que tiene una gestión poblada por quienes hacen del mutismo un dogma. De ahí la reaparición mediática fulgurante de Aníbal Fernández a quien, desde ese punto de vista, la Presidenta debe extrañar en la Jefatura de Gabinete.



La decisión política de defender a Boudou ha tenido ya un alto costo para el Gobierno. Se lo ha llevado puesto al procurador general de la Nación, Esteban Righi, y ha dejado en una posición muy vulnerable al juez Daniel Rafecas, magistrado al que el kirchnerismo consideraba como suyo.



La instancia que se vive ahora es la de embarrar la cancha judicial. Hay que reconocer que para ello han puesto a trabajar a profesionales que saben cómo hacerlo. El nombre más relevante de este equipo es el del abogado Diego Pirota, hombre acostumbrado a estas lides. Al respecto, una de sus actuaciones más notorias fue la de defender a Claudio Uberti en el sonado caso aún irresuelto de la valija con casi 800 mil dólares del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.



Si lo de Righi dejó a muchos kirchneristas con la boca abierta, la postulación de Daniel Reposo como su sucesor directamente provocó azoro. Reposo es amigo de Boudou. ¡Todo dicho! Nadie se explica cómo Fernández de Kirchner no obró con, al menos, algo más de disimulo. Gente con más pergaminos que Reposo y no tan pegada a Boudou dispuesta a hacerle el favor al Gobierno de manipular a los fiscales no le falta. Pero en el círculo áulico del poder, no hay lugar para ninguna consulta. Es que la Presidenta parece decidida a hacer de la famosa frase “El Estado soy yo” –falsamente atribuida a Luis XIV– un dogma.



Producción periodística: Guido Baistrocchi.
Fuente: 
Perfil.