Miércoles, 11 Abril, 2012 - 18:00

Impulsada por legisladores justicialistas
Nueva propuesta de remuneraciones y estructura de la Defensoría del Pueblo

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Impulsan que la remuneración del Defensor del Pueblo sea equivalente a la de un diputado y que los cargos sean cubiertos por concurso de antecedentes y oposición.

Asimismo proponen la excepción de 6 cargos de gabinete para que el Defensor del Pueblo y el Defensor Adjunto puedan nombrar como personal que lo acompañe mientras dure su ejercicio del cargo.



Un proyecto conjunto de los diputados de la bancada justicialista, tuvo ingreso en la tarde de este miércoles, a través del cual promueven la creación de la estructura de cargos y escala de remuneraciones del Instituto Defensor del Pueblo.



La iniciativa parlamentaria registrada con el Nº 959/12, es de los diputados Elda Pértile, Ricardo Sánchez, Martín Nievas, Wilma Molina, Eduardo Carballo, Mirta Morel y Nancy Gersel.



En el proyecto se establece que “la remuneración del Defensor del Pueblo, que será equivalente a la retribución de un diputado, y la estructura de cargos de la que dispondrá. Se prevé además que para cubrir los cargos de la Defensoría deberá efectuarse un concurso público y abierto de antecedentes y oposición, a realizar por todos los postulantes a integrarse al instituto, a excepción de 6 cargos de gabinete que el Defensor del Pueblo y el Defensor Adjunto podrán nombrar como personal que lo acompañe mientras dure su ejercicio del cargo”.



Al respecto señalan que “atendiendo también la necesidad de poner en marcha de manera perentoria el instituto previsto en la Constitución, el proyecto prevé que el Defensor del Pueblo y el Defensor Adjunto entran en funciones de manera automática después de promulgada la iniciativa.



La retribución de los dependientes del Defensor del Pueblo estará en función a la del titular del organismo, y tendrán derecho a percibir bonificaciones por antigüedad y título. Se promueve, así mismo, que el personal del instituto del Defensor del Pueblo se incorpore al ámbito del escalafón general de la Administración Pública para lo concerniente con la relación de trabajo con su empleador”.



Siguiendo las explicaciones indican que “el articulado final del proyecto se refiere a la modificación de otras normas legales que comprenden el ámbito de actuación del instituto del Defensor del Pueblo, como lo es el caso de la Ley de Administración Financiera, a la que se le modifican los artículos 4º y 7º, con la finalidad de situar al Defensor del Pueblo en la órbita de la Administración Central junto con el resto de las jurisdicciones que la integran fuera del ámbito del Poder Ejecutivo”.