Martes, 10 Abril, 2012 - 11:47

Defraudación por administración fraudulenta
Causa de los "bonos judiciales": la fiscalía pidió elevación a juicio para Gil de Muro y otros "operadores"

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La causa comenzó hace 12 años. La fiscal Pachecoy sindica además a Félix López y posibles “cómplices” por el fraude en la operación de unos US$ 25 millones.

La fiscal `ad hoc´ Susana Pachecoy formuló el requerimiento de la elevación a juicio en la causa caratulada “Irazusta, Juan Angel s/denuncia” (hoy “López, Félix Cayetano; Astorga, Walter Alejandro; Melo, Graciela Mabel; Gil de Muro, Rudy… s/defraudación por administración fraudulenta -673 hechos”) al considerar que las conductas de los encartados “encontrarían adecuación perfecta a las maniobras que en tanto medio comisivo describe el art. 173 inc) 7 e inc) 3 del CP”.



LOS HECHOS

La causa se originó en el 2000 cuando empleados, funcionarios y magistrados judiciales confiaron a Rudy Gil de Muro la gestión de los “bonos de consolidación en dólares estadounidenses primera serie ley 3730 “.



La negociación de esos bonos fue realizada por Gil de Muro ante diferentes empresas financieras, luego de que los bonistas firmaron un “acta compromiso y autorización” donde se lo habilitaba a vender los bonos hasta un piso del 65 por ciento de su valor nominal. Si la transacción no se concretaba, se debía proceder a la devolución inmediata, una vez vencido el plazo de 60 días bancarios.



Esa “carta de propietario” facultaba a Gil de Muro o a quien éste designara para ratificar esta propuesta de venta de bonos en nombre y representación del firmante, tanto en el país como en el exterior, pudiendo disponer en forma total de los bonos.



La primera operación comercial habría fracasado y entre noviembre y diciembre del 2000 entró en escena otra firma financiera. Para esa fecha ya habían vencido los plazos concedidos por los titulares de los bonos para la negociación de sus títulos, sin obtener ningún resultado.



Gil de Muro estableció relaciones con Félix Cayetano López para realizar operaciones comerciales con los bonos. Este último adquirió en Montevideo –Uruguay-
una sociedad anónima cuya presidenta confirió un poder general “absoluto y amplio de administración, disposición y afectación de todos sus bienes y derechos propios, cualquiera sea su naturaleza” a su favor y el de Graciela Mabel Melo, con las más amplias facultades de ley.



Con una sociedad adquirida el 16 de febrero de 2001, en Resistencia, Chaco, se habría firmado un primer contrato, de compraventa de bonos de deudas y otros negocios jurídicos, entre Gil de Muro y Félix Cayetano López, donde Gil de Muro dijo ser por sí mismo el legítimo titular y tenedor de los bonos por un monto de US$ 24.385.300.



Mediante una operación, Gil de Muro expresó su deseo de enajenarlos; se estableció como precio de venta el 65 por ciento del valor nominal, lo que totalizaba un monto de US$ 15.850.445 a abonarse a Gil de Muro en dinero efectivo en dólares estadounidenses, dentro de los 240 días corridos, a contar desde el
16 de febrero de 2001 teniendo como fecha tope el 2 de septiembre de2001.



El 25 de febrero de 2002 se firma un nuevo contrato. Nuevamente Gil de Muro invocó ser el único y legítimo tenedor de los bonos en la cantidad de US$ 16.484.900, y una vez más expresó su interés por enajenarlos en su totalidad.



Con posterioridad transfirieron nuevamente hacia nuestro país los bonos del banco español Banesto, que ingresaron en cinco remesas diferentes, ascendiendo el total transferido a US$ 24.385.300 valor nominal.



De ese monto se habría devuelto US$ 8.000.000 a distintos propietarios (300 aproximadamente) quedando en poder de la financiera bonos por un valor de US$ 16.085.300, correspondientes a 673 bonistas.



Asimismo, Gil de Muro acordó con López y Melo la concreción de diferentes negocios con los títulos, a fin de obtener ganancias con su colocación, con operadores internacionales en primer lugar y luego ya en el mercado local: una suerte de préstamos de los títulos por plazos limitados obteniendo con esa operatoria una renta significativa.



Al mismo tiempo, se decidió la instalación de una sucursal de la firma en la ciudad de Corrientes, a cargo de Walter Alejandro Astorga, quien habría procedido a la apertura de una cuenta custodia, en el Banco Francés. De esta cuenta se libró una tarjeta de crédito de nombre Multired/Mercocard, y la firma pretendió acreditar las actividades que realizaron en Corrientes, con la capacidad patrimonial que le dieron los bonos que tenían a su nombre.



En el año 2004 Gil de Muro obtuvo de algunos bonistas la firma de un
nuevo convenio que lo autorizaba a vender los bonos a un precio que tuviera como base el 1.24 por ciento de su valor nominal, estableciéndose una equiparación de US$ 1 igual a $ 1; y se acordó que
la venta se hiciera efectiva hasta en seis pagos.



Cabe destacar que todas las actividades de la financiera se circunscribieron a la
realización de operaciones con los bonos chaqueños, con el único fin de obtener ganancias personales.



ANÁLISIS DE LA FISCAL

Del extenso análisis de las situaciones el Ministerio Fiscal concluyó que las conductas de Rudy Gil de Muro, Félix Cayetano López, Walter Alejandro Astorga y Graciela Mabel Melo, “encontrarían adecuación perfecta a las maniobras que tanto medio comisivo describe el art. 173 inc. 7 e inc 3 del CP”.



“Así, obra requerimiento de instrucción de sumario judicial formulado por el Ministerio Fiscal contra Rudy Gil de Muro, Félix Cayetano López, Graciela Mabel Melo, como así también contra toda otra persona que haya actuado en carácter de co autores, cómplices o encubridores de los nombrados y que, en el transcurso de la investigación puedan individualizarse, oportunidad en que se le atribuirá la respectiva responsabilidad por los delitos de defraudación por suscripción de documento reiterada, administración fraudulenta, asociación ilícita y balance falso“.



“Del resultado de las pruebas rendidas en la causa aparecen claramente demostradas las conductas desarrolladas que concluyeron con el total desapoderamiento de las víctimas de sus bonos “.



“En las conductas descriptas en el apartado precedente surge claramente el abuso y la infidelidad en la administración del patrimonio ajeno, fundado en un acto jurídico con
facultades suficientes para administrar y disponer. Aparece, en los hechos cometidos por los imputados, por un lado el abuso, toda vez que los autores, violando sus deberes dispusieron patrimonialmente de los bienes de los damnificados en exceso del mandato recibido. Por otra parte aparece igualmente la infidelidad defraudatoria, con la lesión del deber de cuidar los intereses
patrimoniales ajenos”.