Miércoles, 4 Abril, 2012 - 10:31

Irracionalidad para todos

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Desde este espacio, el 24 de agosto del año pasado, sostuve que los subsidios a la tarifas de servicios públicos eran "mimos para ricos".



La columna se preguntaba si hacía falta que todos aquellos que no precisábamos de los mismos exigiéramos públicamente que nos los retirasen para que el gobierno dejara de malgastar ese dinero y lo destinara a mejores fines, entre ellos corregir los desarreglos micro y macroeconómicos, disminuyendo así la emisión y la inflación.



Unos meses después, tras la victoria en las elecciones, las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional parecieron tomar esa dirección. Primero, eliminando el beneficio para algunos sectores empresariales (oficinas de bancos y financieras, casinos, compañías de telefonía celular, aeropuertos, hidrocarburos, mineras, seguros, etc); luego recortándoselos a los barrios porteños más privilegiados y a algunos countries; y finalmente apelando a la renuncia voluntaria como manera de enterrar la cabeza bajo tierra y no pagar el costo político.



Sin embargo, en poco tiempo las cosas cambiaron. Varios factores han jugado un rol en ello. Una es la desaceleración de la economía, que ya estaba en curso y que se acentuaría con la medida por tanto tiempo postergada. La tragedia de Once también tuvo su incidencia: ¿cómo exigir un boleto más caro para viajar en las condiciones que ese triste episodio terminó de explicitar? La discusión con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un impacto similar. El oficialismo aprovechó la torpeza política de un macrismo que anunció la suba en el costo del viaje antes de siquiera contar qué modelo de subte pretende para denunciarlo como el típico "noventista" al que desvela más la rentabilidad que el servicio. Claro que de esa manera el Gobierno Nacional abortó su propia posibilidad de actualizar el precio del transporte.



La iniciativa original de disminuir el nivel de subsidios quedó en el peor de los mundos posibles: provocó una incertidumbre generalizada que afecta aún más la actividad económica, no representará alivio alguno en el frente fiscal, y no termina de resolver los problemas que generaron la explosión de los subsidios en primer lugar. Hoy la economía siente el impacto de un nuevo y más frágil escenario, el dispendio en subsidios de 2012 no será menor a los 75.000 millones de pesos del año pasado, y se siguen acumulando las inconsistencias en el sector de la energía.



Argentina tiene, en relación con países comparables, una matriz energética significativamente dependiente de los combustibles fósiles, particularmente del gas. El abaratamiento artificial en el precio doméstico de los mismos profundizó esta matriz, y generó un desincentivo para su producción a la vez que un consumo dispendioso. El resultado fue una merma en las exportaciones e importaciones crecientes, que encima se abonan a un precio entre 2,5 y 5 veces superior al que se le reconoce al productor doméstico.



La eliminación de subsidios no altera esta estructura. Si se la extendiera de igual modo en que fue hecha hasta aquí, el Estado se ahorraría una parte del gasto actual que destina a ellos pero no cambiarían en nada los incentivos para revertir esta triste dinámica. Así, los significativos aumentos que algunos hogares y pequeños comercios están recibiendo con las nuevas facturas apenas contribuyen a que el derroche de subsidios no profundice su espiral ascendente y a pagar parte de las crecientes necesidades de importación hidrocarburíferas, pero no colaboran en absoluto a que se produzca más energía: en el futuro cercano asistiremos a los mismos inconvenientes, pero agravados.



Ante esta situación, en lugar de resolver las cuestiones de fondo, el gobierno decide fugarse por vías alternativas. Una es procurarse los recursos necesarios para mantener el programa "irracionalidad para todos". Esa es, en definitiva, la mala motivación detrás de una buena reforma de la Carta Orgánica del BCRA. De dicha entidad el Tesoro podrá obtener este año recursos por alrededor de 115.000 millones de pesos, y la emisión resultante alimentará la suba de precios. Por lo tanto, el que renunció al subsidio pagará el ajuste del delante esquema tarifario por partida doble: boletas de gas y electricidad más caras y un mayor impuesto inflacionario.



La segunda reacción espasmódica pretende subsanar de un día para el otro la ausencia de una verdadera política orientada a la mayor generación de energía y lleva un sello ya habitual: buscar el problema afuera. En lugar de revisar lo actuado en esta área durante estos ocho años se busca inventar nuevos instrumentos para poner en producción más fuentes energéticas. Y el objetivo -casi obvio- resulta ser Repsol-YPF, por más que su actual composición accionaria sea el resultado de una iniciativa del propio Kirchner..



A esta altura de los vaivenes históricos argentinos en materia de estatizaciones y privatizaciones -junto con sus sucesivos fracasos- parece una verdadera sandez discutir si lo que conviene es la propiedad pública o privada. Lo que hace falta es una dirección estratégica y un Estado que, ya sea dueño o regulador, ejerza su rol con rigurosidad profesional.



Los problemas de fondo no se resuelven ni con improvisación ni mediante fuegos de artificio. Las encuestas pueden mostrar que el 70% de la gente prefiere la estatización de la petrolera. Pero en estos días, numerosos documentales nos recuerdan que hace treinta años la inmensa mayoría, ciega de un mal entendido nacionalismo, también apoyó la aventura de Malvinas.
Fuente: 
La Nación.