Viernes, 30 Marzo, 2012 - 10:45

Piden a diputados revisar cesión de tierras a Al-Khorayef

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Desde la asociación Espacio (Espacio de Participación Ciudadana, Organizada y Solidaria), Gaspar Rachz, Julio Moschen y Rodolfo Acosta presentaron en el parlamento provincial una “Carta abierta” en la que cuestionan los anuncios de un convenio con grupo saudí.



La cesión, sostienen, sería consistente “en la explotación de 200.000 has a 300.000 has de tierras fiscales en los departamentos Güemes y Almirante Brown”. A continuación se transcribe el documento completo:



“Nosotros no consideramos que esas tierras sean ociosas, sino que tienen en sí mismo un patrimonio forestal importante y alternativas de producción sustentable a realizar por los propios lugareños, sin tener que recurrir a este megaproyecto que transgrede el espíritu de los art. 42 y 43 de nuestra Constitución. Este proyecto
compromete los recursos naturales y económicos de los chaqueños, y es por eso que vemos con preocupación desde nuestra asociación
este convenio con el grupo árabe ya que no es para nada beneficiosa para los pobladores del lugar y por ende para la sociedad chaqueña toda.



Distintos medios periodísticos comunicaron el 23 de febrero de 2011 en qué consiste el convenio con el grupo inversor saudí donde, “La provincia del Chaco recibirá 400 millones de dólares de un fondo de Arabia Saudita. Lo anunció ayer el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, tras firmar una carta acuerdo con los representantes de la empresa liderada por el sheik Mohamed Alkhorayef. Capitanich informó que destinará esos fondos al desarrollo de tierras en “El Impenetrable”. El artículo continúa diciendo “En distintas intervenciones, explicaron que estas tierras serán dotadas de la infraestructura tecnológica y productiva de última generación, incluyendo la dotación de modernos sistemas de riego, previéndose el repago del proyecto en un plazo de 10 años con 3 años de gracia. Este proyecto será realizado por los propios técnicos de la provincia del Chaco de acuerdo a las necesidades”.



El gobernador Capitanich informó que destinará esos fondos al desarrollo de tierras en “El Impenetrable”, la postergada región del oeste de nuestra provincia, donde habitan 60.000 personas, en su mayor parte aborígenes: “Estamos intimados por la Corte Suprema de Justicia a mejorar la situación económica y social de los habitantes de esta región, y el camino para hacerlo es poner en marcha tierras actualmente improductivas”, remarcó el gobernador. Aclaró enseguida que estas tierras son propiedad del Estado provincial y permanecerán bajo su dominio. Y argumentó que, además de los beneficios sociales que traerá aparejado su puesta en producción, habrá un efecto positivo para la provincia por la valorización patrimonial que implica la puesta en producción de estas tierras. El gobernador estuvo acompañado por su vice, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, y sus ministros de Economía, de la Producción, funcionarios de Medio Ambiente y del área de Infraestructura. “Enviaremos una ley al Congreso provincial porque queremos que este proyecto se haga realidad como política de Estado”, sostuvo nuestro Gobernador.



¿Quién es el Grupo Alkhorayef?. Es un poderoso conglomerado saudí con fuertes intereses en la agroindustria global, en aceites y lubricantes, en sistemas de maquinarias, en papel e impresión y en contratación y servicios (www.alkhorayef.com). Además de producir, industrializar y distribuir alimentos en Arabia Saudita, opera en distintos países, como Ucrania, Cuba, Panamá y Venezuela. Así lo destacó José Fernando Tomás, presidente de las empresas Al-Khorayef en Europa y responsable de las operaciones internacionales el Grupo, quien fue uno de los principales promotores del acuerdo y quien firmó en nombre de la empresa. En la región, los intereses del grupo son representados por SIASA Latinoamericana S.A. cuyo presidente es Arnaud Inchauspe, un hombre de dilatada trayectoria en el sector agropecuario argentino, el experto en finanzas Juan Sandrino, y el desarrollador agropecuario Daniel Tardito. Este último trabajó muchos años en la provincia del Chaco, y fue el CEO de Unitec Agro, la empresa agropecuaria del empresario Eduardo Eurnekian.



Los funcionarios de la provincia detallaron el plan, “que ya está en marcha”, según enfatizó Capitanich. ¿En qué consiste el plan?. El plan consiste en una serie de obras que involucran al cauce del río Bermejo. La idea es regular el caudal y conducir el agua hacia el sur, de modo de dotar de riego a 30.000 hectáreas en una primera etapa, y luego a otras 60.000. El proyecto total alcanza a 200.000 hectáreas. Parte de las obras espera financiamiento del Fondo de Infraestructura Nacional. La idea es canalizar los recursos árabes para fortalecer el paquete financiero que requiere el proyecto. “Se espera que gran parte de lo producido en las nuevas tierras desarrolladas sea comprado por los empresarios saudíes.



LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Tengamos en cuenta que toda esa zona deberá ser desmontada para el uso agrícola que requiere el proyecto, provocando un verdadero impacto ambiental. En efecto, si el proyecto avanza como el acuerdo prevé, involucraría a suelos de Clase V y VI; estas tierras  por lo general no son adecuadas para la agricultura intensiva, y deberán ser adaptadas para encarar cultivos agronómicos permanentes, pastoreos o  actividades forestales. Aún con la implementación de un sistema de riegos artificial (la AGC se dedica entre otras cosas al diseño e instalación de equipos de irrigación) se teme por la degradación y el empobrecimiento que estos suelos podrían sufrir a largo plazo, como así también por las condiciones en que serían devueltos a manos del Estado una vez cumplidos los plazos del acuerdo.
Sin detenerse en las  posibles  pérdidas (de la riqueza del suelo y del ecosistema en conjunto), el propio Gobernador sintetizó al portal
Chacodiapordia.com algunos de los objetivos de fondo del cuestionado acuerdo: “Lo que nosotros pretendemos es que como es una tierra del Estado hoy puede valer un dólar, en poder del Estado puede valer 3 mil dólares en los próximos diez años. Eso implica la capitalización para el sector público, aumenta el patrimonio neto del Estado…”



¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?

Es por todo esto que recurrimos a Ustedes Legisladoras y Legisladores de la Provincia quienes fueron elegidos para resguardar y proteger la Constitución Provincial, y los intereses de todos los chaqueños y chaqueñas, porque para que el proyecto avance es necesario que la Cámara de Diputados modifique algunas leyes vigentes.



La constitucionalidad o no del proyecto es una cuestión de fondo; la Ley de Tierras (2913), la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el artículo 43 de la Constitución Provincial, son las normativas cuya letra cuestiona la viabilidad legal del proyecto.



Es evidente que el proyecto
está violando el espíritu de
nuestra Constitución que es muy clara al marcar los lineamientos y principios sobre el que se enmarca el régimen de las tierras, y dice expresamente que deben ser distribuidas por unidades económicas de tipo familiar y la entrega y adjudicación debe ser preferentemente a esas personas como así también a aborígenes o asociaciones cooperativas (art.42), expresamente se prohíbe cederlas a sociedades anónimas, comerciales o mercantiles (art.43).



El emplazamiento tentativo del proyecto (Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Taco Pozo, en el noroeste de la provincia) entraría en contradicción con la Ley  de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, dado que las zonas en cuestión son categorizadas como Amarilla y Roja (la primera, refiere a sectores de mediano valor de conservación que pueden estar degradados o en recuperación, mientras que la roja a sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse).



Ustedes como legisladores tienen la obligación política y moral de preservar y garantizar el bien común de todos los chaqueños y en especial de quienes viven en esa región, la cuestión de fondo será la búsqueda de un proyecto que amalgame los intereses de quienes viven en la región, la adecuada conservación del medio, y la sustentabilidad, de cara a un futuro que será el que determine intencionalidades y beneficios.



A pesar que la información con la que contamos no es suficiente,
seguramente la
que podrán tener ustedes será más completa, para poder decidir sobre esta delicada y trascendente cuestión, pero con los datos que pudimos ir recabando a través de los medios periodísticos donde los funcionarios realizaban distintas declaraciones sobre este proyecto, decidimos que era necesario y nuestra obligación como ciudadanos presentarles esta carta donde volcamos nuestros fundamentos de por qué no es viable el proyecto en nuestra Provincia.



Estos datos que fuimos recabando, a pesar de ser pocos, nos da la pauta que el Chaco se va a endeudar en 400 millones de dólares, con Arabia Saudita, en bienes de capital consistente en la instalación de un sistema de riego, según lo declaro el vicegobernador
“En un principio -según expuso el vicegobernador- el proyecto se desarrollaría en una zona de 30.000 hectáreas, en un contexto de disponibilidad de cerca de 200.000 hectáreas en la zona de El Impenetrable. A este plan se adicionará la posibilidad de sumar capacidad de riego a través de sendos proyectos de la Comisión de Recuperación del Bermejo (COREBE) (Chaco Día por Día.com 12-10-10). Atendiendo que este anuncio lo hizo luego de la reunión con la empresa en la que estaba presente el representante de la empresa AISCO, es de suponer que ellos serán quienes nos venderán el sistema de riego para que el grupo Al Khorayef de la cual forma parte AISCO, ligada al gobierno Saudi, quien será la responsable de ejecutar el Mega Proyecto Agrícola Ganadera y Forestal en el Impenetrable Chaqueño,
usufructúe de los beneficios de este sistema de riego. O sea que no habrá una inversión saudí, sino un préstamo para que la provincia compre la tecnología que vende la propia empresa.



Tampoco escapa a nuestra preocupación el patrimonio forestal que estamos entregando a estos empresarios foráneos, para lo que tuvimos en
cuenta los datos estadísticos disponibles en la página web de la Dirección de Bosque de la Provincia, referido a la extracción de madera de los departamentos Güemes y Almirante Brown, durante el año 2010.



En un proyecto de Manejo de Monte Nativo sustentable se extrae generalmente no más del 20 % del Capital Forestal, que significa para 200.000 hectáreas en el Departamento Güemes el Patrimonio Forestal puede llegar a ser
de 871 millones de pesos aproximadamente, para el Departamento Almirante Brown 952 millones de pesos aproximadamente. Si bien es cierto no será extraída toda esta madera, con que se explote un 50% en 10 años, ya es preocupante. Además de verse afectada la producción apícola de la zona ya que la “miel de monte” es muy requerida a nivel internacional.



Otro aspecto importante a tener en cuenta son
los que considera el documento emitido por la Universidad de Buenos Aires denominado “IDENTIFICACIÓN EXPEDITIVA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL ‘GRAN CHACO’ ARGENTINO”, quien considera que: “Los principales conflictos ambientales del Chaco resultan predominantemente de la conversión del ambiente natural al uso agropecuario. La deforestación y parcelización de las tierras destruyen los ambientes naturales, afectando el sistema de vida de las poblaciones indígenas y criollos,…….. Esta fragmentación destruye hábitat de animales silvestres, poniendo en riesgo su existencia. Otra consecuencia de las prácticas agrícola-ganaderas es la erosión eólica de los suelos” (Pág. 19).



También el documento presentado por el Estado Provincial para dar cumplimiento a la
Ley Nacional Nº 26.331,
denominado Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, cuando se refiere a la zona en cuestión dice “En términos generales, la aptitud de uso de los suelos de la mencionada área, definida por la textura, la menor capacidad de retención de humedad y las condiciones químicas adversas, tales como sal, condicionan también la sustentabilidad agrícola” (pág. 24), como se ve en el siguiente mapa.



Según versiones periodísticas el proyecto creará unas
1000 fuentes de trabajo, cosa que ponemos en duda, atendiendo a la tecnología disponible actualmente y a los principios empresariales que tienden a reducir al máximo la mano de obra. Si pensamos que la provincia debería destinar todos estos recursos a emprendimientos ganaderos y forestales, con los criollos y aborígenes nativos del lugar dándoles la posibilidad de arraigo a unas 1000 familias chaqueñas que merecen una vida digna de trabajo y previsibilidad.



Finalmente nos preguntamos si no se merecen los campesinos y pueblos originarios que habitan ese lugar, que conservaron custodiaron por varias generaciones los recursos naturales, que conocen el hábitat y que están en condiciones de encarar un proyecto de Desarrollo Rural perdurable en el tiempo, ya que no se irán del país nunca, ni en las peores adversidades.



La reciente Resolución 025/2012, ratificada por el Decreto 120/2012 pretende dibujar un panorama legal que disfrace la entrega de esas tierras, en la misma se hace mención a la Ley 4180; pues bien, en ese caso consideramos que es necesario que se informe fehacientemente quiénes conforman
el Consejo Adjudicador de la Tierra Pública y recordarles a quienes lo integran que según el art. 6 de dicha ley “… LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ADJUDICADOR TENDRÁN RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y PATRIMONIAL EN EL CUMPLIMIENTODE LAS FUNCIONES QUE LES COMPETEN, PARA LA DEBIDA OBSERVANCIA DE LOS OBJETIVOS DEL PRESENTE RÉGIMEN LEGAL, JUNTO A LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE LES QUEPA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, A CUYO EFECTO SERÁN ASIMILADOS A LA CONDICIÒN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS”



En observancia del art.10 de la Ley en cuestión se debe contar con la aprobación de los 2/3 de todos los legisladores, por lo cual les pedimos que no permitan que, mientras buscamos la recuperación de LAS MALVINAS, se anexe parte de nuestra provincia al Reino de Arabia Saudita, fomentando la mega apropiación en beneficio de una mayor concentración de tierras y riqueza que se les quita a los pueblos, como dijera el geólogo Ramón VARGAS “ El territorio y los bienes comunes no se deben alquilar ni entregar”.



Señores Diputados, contamos con ustedes para que la justicia social que se defiende en nuestra Constitución y tantas veces se pregona, no sea avasallada por intereses privados en desmedro de nuestro pueblo.”