Miércoles, 28 Marzo, 2012 - 21:32

Quedó regulada la función de los administradores de consorcios de edificios

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El proyecto de Ley que fue aprobado en la sesión de este miércoles, establece los requisitos que deben cumplir las personas que realizan la administración de consorcios en propiedad horizontal, las obligaciones que deben cumplir, las garantías que deben constituir ante errores de su accionar, y las infracciones y sanciones.

La modificación a varios artículos de la ley 5584 de creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, fue impulsada por la diputada Elda Pértile y el objetivo fue regular la función del Administrador, persona en quien los consorcistas, propietarios de las distintas unidades funcionales de los edificios en propiedad horizontal, delegan el cuidado de las partes comunes de un edificio, tanto en lo referido a limpieza, correcta circulación, seguridad para sus habitantes, empleados y terceros, correcto funcionamiento de todo el equipamiento (servicio de agua, energía eléctrica, ascensores, calefacción, instalaciones de gas, servicio de cable y antenas satelitales, entre otras).



Teniendo en cuenta estas razones la diputada consideró que “era necesario, regular la actividad del Administrador de Consorcio, estableciendo los requisitos que deben cumplir las personas físicas o jurídicas que realizan esta actividad, su calidad ante la sociedad como entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, las obligaciones que deben cumplir ante el Consorcio y ante los consorcistas en particular, las garantías que deben constituir ante errores, por acciones u omisiones de su accionar, y las infracciones y sanciones”.



La modificación e incorporación de nuevos artículos a la Ley 5584, que en el año 2005, creara el Registro Público de Administradores de Consorcios en Propiedad Horizontal, bajo la órbita de control como Autoridad de Aplicación de la Dirección de Comercio Interior de la Provincia y los Municipios que decidieran adherirse, regula esta actividad frente al rápido crecimiento edilicio de las principales ciudades de la provincia del Chaco, en particular el importante número de edificios en torre que se construyen destinados a viviendas, hace necesario que la actividad del Administrador del Consorcio, sea regulada por el Estado en uso de su poder de policía, y en salvaguarda de la seguridad y los intereses de los habitantes.



Pértile sintetizó que “a diario tomamos conocimiento a través de la prensa oral, escrita y televisada que en las grandes ciudades argentinas ocurren accidentes en edificios en torre en la mayoría de los casos ocurridos por omisiones relativas a su mantenimiento, o por incumplimiento de normas de construcción, u obras que se realizan sin la correspondiente habilitación, intervención previa y autorización de las autoridades correspondientes, básicamente las municipalidades, y empresas de servicios públicos”.



“Otro de los fenómenos sociales en franco crecimiento –advirtió-
son los delitos contra la propiedad, donde las victimas de tales delitos deben sufrir secuestros, o pasar varias horas como rehenes de los delincuentes, delitos contra la integridad sexual, y que también, no pocas veces terminan en homicidios, en gran medida estos hechos vienen ocurriendo en edificios de propiedad horizontal en pleno centro de las ciudades y a plena luz del día.

Porque ocurren estos hechos tan desgraciados que provocan no solo daños patrimoniales sino también desgracias personales. Simplemente por falta de previsión, cuidado, desidia, descuido, y que la correcta regulación puede evitar en gran medida” argumentó en los fundamentos que dieron origen a la norma sancionada.



La norma fue aprobada con 16 votos favorables sobre 31 diputados presentes en el recinto de sesiones.