Sábado, 24 Marzo, 2012 - 20:21

"No permitiremos que se burlen los derechos de las mujeres"

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El decreto 1170/12 del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en el que solicita a sus ministros que consignen una guía de abortos no punibles, es desconocer no sólo las leyes federales, es someter nuevamente a una situación de violencia y vulnerabilidad a las mujeres víctimas de la violación de sus derechos.

Si bien el Gobernador en el decreto no desconoce la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia del artículo 86, inciso 2, el mandatario provincial pone algunas trabas para que el derecho a realizarse un aborto por parte de una mujer violada, siga siendo dificultoso.



En el decreto Urtubey pide a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos de la provincia que “de forma inmediata elaboren e implementen las guías de procedimiento necesarias para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles”, de acuerdo con la interpretación que dio del artículo 86 inciso 2 la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, también el decreto provincial establece que “si no hay denuncia penal voluntaria será un requisito para acceder a la interrupción legal de embarazo en Salta que la declaración jurada, en la que quede asentado que la mujer fue violada, se realice en el ámbito judicial con la asistencia tutelar del Ministerio Público” (Página12, 23/03/12).



En los últimos días sucedieron una serie de acontecimientos vinculados con los derechos de las mujeres que significan un importante avance en lo que refiere a la organización y la lucha del colectivo de mujeres y de amplios sectores sociales que pugnan por la plena vigencia de los Derechos Humanos.



De esto es ejemplo el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de marzo, que estableció que el aborto no está prohibido y no es punible cuando el embarazo sea la consecuencia de una violación. En los fundamentos del fallo se explica con claridad que ante una violación a cualquier mujer,
con su sola petición y declaración jurada,
el Estado debe cumplir con la ley permitiendo la realización
del aborto. Sin trabas y protegiendo a las mujeres. Es así que tanto personal médico como funcionarios de las distintas jurisdicciones deben cumplir su obligación bajo pena de ser castigados por violencia institucional.



La presentación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cuenta con la firma de 53 legisladores de distintos bloques políticos, es otro avance significativo en lo que respecta al respeto y reconocimiento del ejercicio por parte de las mujer de su derecho a decidir.



En este sentido, como parte de los avances institucionales en lo que respecta al reconocimiento de las luchas históricas de las mujeres, con un tratamiento ágil en el Congreso, se derogó la figura del avenimiento en el Código Penal, proyecto que fue votado el pasado miércoles por unanimidad en la Cámara baja. Con esta ley se plasmó la caída de una figura jurídica típicamente machista, dado que el avenimiento permite
que un violador sea “perdonado penalmente” en el caso de casarse con su víctima, siempre y cuando fuera mayor de 16 años. La lamentable muerte de una mujer a manos de su esposo y previo violador sirvió como gatillo a tan importante Ley.



Sin embargo a pesar de estos avances que hacen a los derechos sociales y personales, están quienes se oponen a que así sea.



UN GOBERNADOR NEFASTO

La postura pública sobre el tema del aborto del gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien pareciera representar a los sectores más retrógrados del pensamiento social y no al conjunto de los ciudadanos, nos llama a la reflexión. Con seguridad no es el único gobernador con ese posicionamiento, como no es el primero ni será el último, que se resiste a la consagración plena de un derecho humano, que por otra parte en el caso del fallo de la Corte lleva más de 90 años consagrado en el texto legal pero negado a fuerza de utilizar la burocracia médica, judicial y administrativa.



A tal punto de necedad
y machismo ha llegado, que un representante popular se permite negar la plena vigencia de las instituciones, en este caso el Poder Judicial.



Primero expresó públicamente la inaplicabilidad del fallo, luego corrigió falsamente dicha declaración con una nueva traba legal. En rigor, es la misma vieja traba con un formato diferente: “acompañamiento tutelar del Ministerio Público” se llama en este caso.



Como dijera la Secretaria de Género y Derechos Humanos del Frente Grande, la Dra. Tania Nieves Kiriaco, quién es a su vez coordinadora del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, “la intervención del asesor oficial ya es una intromisión del Poder Judicial y de este modo se judicializa (nuevamente) la decisión de las mujeres vulnerando su derecho a la intimidad”



Es nuestro compromiso defender lo logrado. Nunca menos.



Como la consigna que consagró Néstor Kirchner, no permitiremos que se burlen de nuevo los derechos de las mujeres y, desde el Frente Grande, trabajaremos para la aplicación plena del fallo de la CSJN y por la sanción de una ley que consagre el aborto legal, seguro y gratuito.



(*) Secretario General del Frente Grande