Martes, 20 Marzo, 2012 - 16:17

El radicalismo no cree en el argumento de los peritajes para prorrogar la intervención a TBA

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Mario Barletta, Ricargo Gil Lavedra y Luis Naidenoff emitieron un documento cuestionando los motivos expuestos por el gobierno para el aplazamiento de la intervención a TBA. “Detrás de la supuesta necesidad de aguardar por los peritajes se evita una discusión sustantiva”, apuntaron.





El documento completo se transcribe a continuación:



LA UCR FRENTE A LA PRÓRROGA DE LA INTERVENCIÓN A TBA





La prórroga de la intervención a TBA dispuesta por Resolución 568/2012 del Ministerio de Planificación (publicada en el Boletín Oficial del 20/3/2012), exige formular las siguientes objeciones:




1. En primer lugar, el gobierno insiste en la poco feliz afirmación de que la colisión mortal se trató de un "trágico accidente". Pero ello contradice los propios términos de la intervención que se prorroga, precisamente, a la espera de la realización de peritajes en el ámbito de la justicia penal.




2. Es particularmente injurioso que tal caracterización del suceso como accidente la haga el propio ministro de Vido quien se encuentra denunciado penalmente por estos hechos, tanto por dirigentes de la UCR como por particulares afectados.




3. El único argumento esgrimido en la resolución para prorrogar la intervención es la conclusión de los peritajes ordenados en sede penal. Sin embargo, los peritajes no son el único elemento de prueba que la justicia penal debe evaluar para llegar a una conclusión de mérito. Ni su realización, por sí sola, puede asegurar una conclusión única. Al contrario, dada la pluralidad de partes en este caso, no es imposible que los expertos arriben a conclusiones enfrentadas, o que sean necesarios nuevos exámenes y discusión.




4. Tampoco la conclusión de los peritajes en curso se presenta como la última etapa de producción de informes periciales. Para nuestra ley procesal penal, incluso es posible ordenar peritajes adicionales luego de elevada una causa a juicio, lo que puede ocurrir, conforme a los tiempos normales de tramitación de un proceso, recién dentro de varios meses o años.




5. Los quince días de intervención adicionales, en consecuencia, no se ajustan a la realidad del proceso, ni tienen vinculación necesaria con la suerte de las pruebas en curso.




6. La existencia de peritajes en curso en el marco del proceso penal, no libera a la administración de llevar adelante aquellas medidas que sean requeridas para delimitar responsabilidades administrativas. La transparencia en el manejo de los subsidios, por ejemplo, no depende en absoluto de los peritajes.




7. La resolución que prorroga la intervención, al igual que la original, no prevé ninguna instancia de contralor o de rendición de cuentas del interventor.




8. Por cierto, la prórroga se ha dictado sin evaluación pública alguna de las tareas desempeñadas hasta ahora. No contamos con un estado de situación, no sabemos qué medidas en concreto adoptó el interventor, no sabemos de la plausibilidad del plan de labor que haya implementado. En definitiva, detrás de la supuesta necesidad de aguardar por los peritajes se evita una discusión sustantiva acerca de los efectivos cambios en la gestión del servicio, si los hubiera.




9. El argumento del gobierno, además, de esperar el avance de un proceso penal, contrasta con sus actitudes de abierto desconocimiento a decisiones de la propia Corte Suprema, por ejemplo, en el caso del procurador Sosa de Santa Cruz o de reparto equitativo de pauta oficial. Lo que se presenta como apego a la justicia, en verdad, es una utilización estratégica del gobierno para diluir su responsabilidad.




10. En las vísperas del primer mes aniversario de la tragedia de Once, exigimos verdad y justicia sobre lo ocurrido, las que sólo serán posibles con una actuación honesta de las autoridades públicas.




Mario Barletta Presidente Comité Nacional UCR
Ricardo Gil Lavedra Presidente Bloque Diputados UCR
Luis Naidenoff Presidente Bloque Senadores UCR