Martes, 20 Marzo, 2012 - 11:02

"Otra vez los aplaudidores de los noventa"

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Mucho combustible corrió bajo el puente desde que Hipólito Yrigoyen creara en 1922 la petrolera YPF regulada por el Plan Tierra y Petróleo mediante el cual el Estado se reservaba un papel de intervención decisivo.

Tras el golpe militar que derrocara a Yrigoyen en 1930, se dio inicio a la década infame representada por el presidente de facto Félix Uriburu en el que las petroleras privadas duplicaron su producción en perjuicio de nuestra YPF.



Desde las presidencias de Juan Perón, pasando por la de Arturo Frondizi que por primera vez en la historia logró el autoabastecimiento, las altas y bajas producto de las consabidas interrupciones golpistas y
hasta el gobierno de Raúl Alfonsín, las políticas de exploración y explotación de hidrocarburos transitaron caminos similares en los que los costos y beneficios se repartían en mayor o menor medida entre la estatal YPF y las privadas.



La crisis actual se gestó en la década de los noventa, apoyada y aplaudida por quienes
hoy tienen en sus manos el destino de nuestros recursos naturales.



Desde una banca provincial, el 17 de septiembre de 1992 esos mismos advertían ante los legisladores de Santa Cruz
sobre la necesidad de sanción del proyecto de Ley de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.



Informes de la prensa nacional denunciaban que
existía apoyo a ese acuerdo por el que el Estado Nacional tenía una deuda con esa provincia por 480 millones de dólares, supeditando su pago a la aprobación de la privatización. Según las mismas fuentes, la provincia de Santa Cruz recibió luego, en 1993, 654 millones de dólares.



Así se pasó del monopolio estatal a un oligopolio extranjero que desreguló el mercado petrolero argentino, disminuyendo el poder de control del Estado respecto de las empresas privadas. Mediante la Ley 24.145 se privatizó YPF y transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias.



Los anteriores contratos de servicio fueron transformados en concesiones con libre disponibilidad del petróleo extraído como así también las ganancias por exportaciones, con lo cual las mismas superaban el 50 % de lo producido
provocando fuertes caídas en las reservas del país que se fueron agravando producto de la libre disponibilidad de las ganancias que permiten los decretos de desregulación del mercado y que habilitaron a estas empresas a comprar pozos en Bolivia, Trinidad y Tobago o Libia en lugar de reinvertir en el país explorando nuevas cuencas.




Nada sirvió para detener ese proceso, ni la
creación de ENARSA,
a la que en el año 2004 nuestro bloque se oponía a través del argumento dado en el recinto por el senador Gerardo Morales “…Estamos de acuerdo con el hecho de que el Estado avance decididamente en participar del mercado hidrocarburífero, pero creemos que lo hace mal. No es este el mejor camino, ya que siguen en riesgo nuestras áreas hidrocarburíferas y no están garantizados los mecanismos de control ni la propiedad comunitaria de las áreas petroleras…”.



No nos equivocamos. Por primera vez en la historia, de 2003 a la fecha,
hemos dejado de ser un país productor y exportador para pasar a ser un país importador de hidrocarburos. De acuerdo a informes presentados por expertos del sector, las reservas de gas retrocedieron un 53 % y las de petróleo 12 %.



Las importaciones totales de petróleo, gas natural, naftas, gasoil y electricidad crecerían este año un 39 % demandando U$S 13.100 millones.
Tal vez por ese motivo reaparezcan hoy los viejos aplaudidores por una vuelta a la estatización; quizás para equilibrar una caja que ya no soportará el sostenimiento del flujo importador. O quizás para abrir nuevos espacios a sectores amigos.



(*) Vicepresidente Comité Nacional UCR.