Lunes, 19 Marzo, 2012 - 14:54

Correo de nuestros lectores
La política como intérprete y gestora de la demanda social

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Nada más perverso que el poder político y los que aspiran a ser parte de él, se autoproclame como intérprete de la sociedad pero olvide sus demandas en el tiempo de mostrar los resultados.

Nada más inútil que el que gobierna en democracia sustituya las prioridades del reclamo social por las propias o las de su partido.



Cada vez es más frecuente que al término de una elección y a la luz de sus resultados, pocas semanas o meses después, los referentes partidarios de las distintas fuerzas comienzan a deslizar públicamente opiniones, expectativas, críticas intra o extra partidarias, sin dejar de manifestar decenas de esperanzas y condiciones
relativas a los próximos comicios.



Todo esto acompañado generalmente por la opinión de mediáticos analistas políticos, economistas, juristas, sociólogos y hasta algunos eventos coyunturales de orden provincial, nacional o internacional, que son aprovechados –frecuentemente- para seguir transmitiendo un mensaje social que vaya preparando el terreno para la próxima contienda electoral según los intereses de cada partido.



En lo personal (y pido disculpas a los pocos amigos de los diversos signos con los que suelo charlar) creo que todo esto lo único que evidencia es la tremenda y creciente distancia que existe entre la política y el “pueblo raso”, del cual soy parte, como también lo son miles de jóvenes aspirantes a militar en un partido o en otro,
que aún conservan la esperanza de no ser convocados sólo para levantar un estandarte, y que se ilusionan con que su propio partido logre consensos internos, serenos y silenciosos, pero sin que ello provoque una suerte de sordera en lo relativo a lo que verdaderamente siente y quiere la sociedad.



No sé si hablo por boca de muchos pero –finalmente- es la sensación recurrente que me queda cada dos años, en ocasión de las elecciones legislativas o presidenciales: la política por un lado y la gente por otro, muchas veces obligada a elegir no “entre lo bueno y lo mejor”, sino –lastimosamente- entre “lo malo” y lo “menos malo”.



A veces basta un programa de TV, una declaración radial o unas líneas impresas, para que se acentúe la duda sobre el carácter real de la representatividad democrática. Cuando alguien, por ejemplo un político en ejercicio de una función pública, dice livianamente y haciendo las veces de supremo intérprete, que la gente espera tal o cual cosa, sin recordar que en la campaña había propuesto y prometido algo totalmente en contrario o diferente, y olvidando que justamente en virtud de eso consiguió el voto… ¿Qué pensar? ¿Qué somos todos unos infradotados que ni siquiera sabemos lo que queremos?



No es así. La gente sabe lo que quiere, a pesar del complejo código político. Hoy por hoy, uno se contenta hasta con lo básico. Yo no quiero que el chorro me robe o me mate. Quiero que un chico vaya a la escuela y aprenda. Quiero tener un trabajo que me permita vivir sin ostentación pero con lo necesario y suficiente. Quiero tener luz, agua y un servicio sanitario aceptable, donde mi tiempo sea tan importante como el de los médicos. Quiero que el juez imparta justicia real y el que legisla levante su mano para convalidar leyes que nos beneficien a todos.



El pueblo, el soberano, ciertamente sabe lo que quiere, aunque no sepa los pasos que –desde la política-
se deben dar para llegar a tales pretensiones básicas.



En este marco, a simple título de ejemplo, vale recordar lo que muchos sentimos en vísperas de una nueva elección.



Y es que, en general, los ciudadanos comunes distinguimos, al menos en el plano teórico, dos momentos del quehacer político en tiempos de elecciones: el de la oferta electoral y el de la eventual gestión de lo prometido.



La oferta electoral



Sabemos cómo es o, mejor aún, cómo debiera ser.



El que acepta o anhela postularse para algún cargo, establece con el electorado una suerte de diálogo implícito mediante el cual le hace saber a la sociedad que él, en cuanto candidato, ha observado y discernido las necesidades del pueblo a quien aspira a representar, y ha determinado una cierta cantidad de puntos o prioridades, comprometiéndose a concretizarlos desde la gestión en caso de ser electo.



El ciudadano, a su vez, escucha la oferta y -cada cual- la evalúa según sus propias ideas, intereses y prioridades; y si –además- la misma resultara viable en términos prácticos a juicio del elector, éste formaliza con el candidato un contrato no escrito pero real, en virtud del cual acepta el compromiso del candidato y se manifiesta dispuesto a pagar con su voto (para que alcance el cargo) y con sus impuestos (para que tenga los recursos) por ese beneficio prometido que espera recibir en el futuro.



Hasta aquí el trámite es simple. Se asume que el candidato no le ha creado falsas necesidades al elector sino que ha discernido lo que éste realmente quiere y necesita, en términos individuales y sociales.



La gestión de lo prometido



Por lo mismo, se asume también que el “mandato” otorgado por el pueblo ha quedado perfectamente definido. En caso de ganar, el candidato deberá limitarse a respetar los ‘términos contractuales’ que vincula su propio cargo a la sociedad que lo votó. En adelante –y al menos hasta la próxima elección- ya no tendrá nada por interpretar acerca de la demanda social. Eso ya quedó claro y delimitado. Obtenido el puesto, sólo deberá hacer lo posible e imposible para concretizar lo prometido a sus votantes, en el marco del alcance de las facultades recibidas y en el contexto general del sistema democrático, con todo lo que ello implica.



A la luz de estas líneas, simplemente tres ideas:



1. Los ciudadanos comunes necesitamos del quehacer efectivo del mundo político. Yo no quiero que reinterpreten una y otra vez lo que ya dije con mi voto. Solo quiero que hagan lo que prometieron.



2. La dirigencia política debe anteponer “el código o lenguaje social” al “código o lenguaje político”. Es demasiada pretensión forzar a una sociedad
a cambiar de idioma. Los propios jóvenes partidarios de las distintas fuerzas pueden dar cuenta de ello.




3. La necesidad de estudiar y formarse. Uno de los principales males de la política es hablar de lo que no se sabe; y un ridículo evidente para el pueblo es la improvisación. El estudio y el intercambio de experiencias sobre los temas inherentes al bien social, es una necesidad que acompañará la vida del que opta por el servicio a la cosa pública y es, al mismo tiempo, una de sus cartas de triunfo…



(*) [email protected]