Lunes, 19 Marzo, 2012 - 10:19

Hacia la Legalización del Aborto

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Celebramos el histórico fallo de la CSJN, el cual sienta un importante precedente para la correcta interpretación y proceder ante los casos de abortos no punibles en nuestro país.
La sentencia confirma la posibilidad de interrumpir los embarazos no deseados que sean consecuencia de una violación, en todos los casos.

Remarcamos que actualmente la interpretación restrictiva del Art. 86 avala esta práctica sólo cuando la mujer violada fuera idiota o demente. Esta interpretación ha causado daños irreparables para todas aquellas niñas, mujeres víctimas de violación primero y luego víctimas de la justicia, que impedía el acceso a la práctica de un aborto no punible.



Este fallo confirma la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut en el 2010, por el cual se autorizó a una adolescente de 15 años a interrumpir un embarazo no deseado que fuera producto de la violación de su padrastro, un oficial mayor de la Policía de Chubut.



Sin dudas el precedente que marca esta medida es un avance importantísimo, ya que busca evitar
la
judicialización de los casos
y con ello marca un claro apoyo a la víctima como así también al cuerpo médico que intervenga en la práctica de un aborto no punible, libres de recibir una sanción penal por ello.



La ilegalidad del aborto en nuestro país es una de las principales causas de mortalidad materna,
según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación la tasa de mortalidad materna fue de 5,5 decesos por cada 10 mil nacidos vivos en 2009, esta tasa continúa muy por arriba de los niveles del año 2000, cuando era de 3,5 muertes por cada 10 mil nacidos vivos. En mayo de 2010, el Ministerio afirmó que el índice de mortalidad materna sigue siendo alto y las tareas para bajarlo "no son aún satisfactorias".



La ilegalidad del aborto provoca que las mujeres de los sectores más vulnerables mueran o sean víctimas de graves lesiones a causa de la clandestinidad
a la que son sometidas. Año a año el negocio clandestino genera suculentas ganancias para quienes lucran con la salud y el cuerpo de las mujeres.




En septiembre del año pasado nuestro país ha recibido varias recomendaciones por parte de organismos internacionales que ven con mucha preocupación las falencias en la aplicación de políticas sanitarias con respecto a los derechos de salud sexual y reproductiva.



Al respecto Amnistía Internacional consideró que despenalizar el aborto es una tarea "urgente" para América Latina y el Caribe e instó a los gobiernos de la región a promover "planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) las mujeres mueran por causas evitables.”



El debate sobre la legalización del aborto se ha fortalecido en distintos espacios de la sociedad, tal es así que desde las distintas Universidades, Nacionales
de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, La Plata, la universidad Nacional de la Patagonia, de Cuyo y la Universidad Nacional del Comahue
se han
pronunciaron a favor de un cambio en la legislación nacional en el sentido de la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazos, y a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los términos que establezca la ley.




Las Universidades También expresaron su respaldo a las políticas de educación sexual y prevención de embarazos no deseados y declararon de interés institucional los programas y campañas tendientes a garantizar el acceso universal a servicios de salud reproductiva de calidad que promueven la igualdad de género y social.



Recordemos que en julio del año 2010 el Ministro de salud Manzur manifestó su oposición a la Implementación de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada por el propio Ministerio. Esta guía representa un instrumento para los/las profesionales de la salud ante las situaciones de abortos no punibles.



La guía informa que :"En el año 2007 se registraron 59.960 hospitalizaciones por aborto en todo el país",y en base a esos datos, explica que "el derecho de las mujeres de acceder al Aborto No Punible sufre limitaciones ilegitimas a través de la interpretación restrictiva de las causales de no punibilidad, la exigencia de la intervención de comités de ética o autoridades sanitarias, y la judicialización indebida de la autorización" del Aborto No Punible.



La correcta interpretación sobre la que basa su sentencia la CSJN coincide con la detallada en la Guía de Atención de Abortos No Punibles, vigente en la actualidad, elaborada bajo la gestión de Gines González García en el Ministerio de Salud; la misma perdió estado de resolución ministerial durante el mandato del actual Ministro Manzur, contribuyendo a la judicialización innecesaria.



Con el fallo de la Corte y a partir de ahora, los hospitales públicos deberán garantizar y no judicializar los abortos no punibles, y el Estado deberá velar para que así sea, cosa que hasta la actualidad no sucede.



Celebramos la sentencia, pero no podemos dejar de nombrar los dichos del Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, quien ratificó la posición del Gobierno Nacional de no debatir en el Congreso la Despenalización y Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Frente a esos dichos manifestamos con muchísima preocupación esta realidad:




Los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en nuestro país.


Una mujer muere cada 2 días por complicaciones derivadas del aborto clandestino.


Alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo se realizan cada año en nuestro país según datos oficiales de las Naciones Unidas y del Ministerio de Salud de la Nación.


Aproximadamente 70.000 mujeres ingresan a hospitales públicos por complicaciones derivadas de la clandestinidad de esta práctica.


1.200 millones de pesos por año genera el negocio del aborto clandestino.


3000 mujeres han muerto en nuestro país, por esta causa, en los últimos treinta años.


En los países en donde la Interrupción Voluntaria del Embarazo es legal no ha aumentado el número de ellas y los índices de mortalidad materna se han reducido notablemente.



Por eso seguimos exigiendo al Ejecutivo y al Legislativo el tratamiento y la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentada por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como única manera de garantizarnos a las mujeres el derecho a decidir una maternidad deseada sin poner en riesgo nuestra salud, nuestra libertad y nuestra vida.



(*) Nancy Sotelo - Responsable del Movimiento “ MuMaLá”
Mujeres de la Matria Latinoamericana