Lunes, 19 Marzo, 2012 - 10:16

Fallo, aborto y derechos humanos de las mujeres

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El fallo judicial permite a una mujer violada realizarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa. Se clausura de esta forma un prolongado y contradictorio debate jurisprudencial y doctrinario de casi cien años.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado el 13 de marzo de este año resolvió por unanimidad que las mujeres víctimas de una violación, sin distinción alguna, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Se clausura de esta forma un prolongado y contradictorio debate jurisprudencial y doctrinario de casi cien años ,
en el cual un sector minoritario de la doctrina y de los jueces solo admitía la interrupción del embarazo en caso de violación en caso que
la mujer embarazada padecera de algún trastorno mental.



Esta decisión judicial, confirmatoria de una sentencia también ejemplar del Superior Tribunal de la provincia del Chubut , constituye una guía imprescindible respecto a casos análogos que pudieran ocurrir en el futuro inmediato y una advertencia seria para el Estado Nacional y los Estados provinciales, responsables del cumplimiento de normas protectoras de derechos humanos de las mujeres.



Pareciera un contrasentido que la Corte Suprema volviera a resaltar el principio que expresa que “las leyes están para ser cumplidas”, pero esto es así porque tanto la hipocresía social como la estatal( mas peligrosa y nociva que la primera) se empeñaron en hacer letra muerta de las clara disposición del artículo 86,inciso 2 del Código Penal, que desde el año 1921 permite el aborto practicado por medico diplomado, con el consentimiento de la mujer, en casos de peligro para la vida, la salud o en caso de violación. Y cuando decimos hipocresía e irresponsabilidad estatal nos referimos concretamente al papel de jueces y grupos de bioéticas hospitalarios quienes, arrogándose atribuciones que no le competen, hicieron imposible hasta hoy el ejercicio por parte de las mujeres de sus legítimos derechos.



El fallo de la Corte recomienda asimismo al Estado Nacional y a los Estados Provinciales acelerar el dictado de Protocolos de Intervención Hospitalaria para Abortos No Punibles, de forma tal de derribar las burocracias administrativas que impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres, sin perjuicio de garantizar la objeción de conciencia de los agentes del sistema de salud. De esta forma, y refiriéndonos en particular a nuestra provincia, ya no hay excusas válidas (y habrá responsabilidades internacionales para el Estado provincial en caso de omisión) para seguir dilatando el tratamiento de los distintos proyectos de leyes que sobre la cuestión “duermen” en las comisiones legislativas desde hace años, entre ellos, uno de mi autoría del año 2010. El gobernador de la provincia, el ministro de Salud y el subsecretario de salud Sabatinelli (autor de la desafortunada frase “ no habrá protocolo en la provincia del Chaco porque la presidenta se opone al aborto”) no pueden seguir ya dilatando a consecuencia de sus propios conceptos morales o religiosos(respetables, por cierto) la
aplicación inmediata de políticas públicas de salud que garanticen la vida y la integridad psico-física de las mujeres , así como la necesidad de cumplir estrictamente con los tratados internacionales, las leyes nacionales, las normas provinciales y este formidable exhorto que proviene de nuestro mas Alto Tribunal de Justicia Nacional.



Por último, destaco este fallo unánime de los jueces Zaffaroni, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Argibay, Petracci
y Maqueda como un aporte trascendente que dinamiza los debates , al tiempo debiera impulsar definitivamente el pronto tratamiento y la aprobación del
proyecto de ley presentado por mas de cincuenta diputados y diputadas nacionales de distintas bancadas del Congreso Nacional que avanza hacia la despenalización del aborto practicado hasta la duodécima semana de gestación. No hacerlo significaría seguir convalidando la práctica clandestina del aborto, negocio perverso que se mantiene a costa de la salud y la vida de miles de nuestras ciudadanas.



(*) Carlos Martinez - Diputado Provincial