Sábado, 10 Marzo, 2012 - 19:49

Análisis periodístico
Arrinconado por Boudou y el accidente de Once, el Gobierno reza para que nunca le falte un Macri

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Probablemente, Cristina Fernández haya pedido un informe de daños y se paralizó, en medio de una interna feroz que pudo haberle frenado aún más la toma de decisiones. Los políticos no son generales y por eso demoran un poco más en reaccionar, pero cuando el bombardeo arrecia, hasta los menos avezados suelen tener siempre dos equipos preparados: uno para remediar el estropicio y otro para iniciar la contraofensiva.

La tragedia del Once y la ambición del vicepresidente Amado Boudou resultan, de momento, los dos principales perjuicios a reparar; Mauricio Macri, YPF y el Reino Unido, por ahora, son los blancos más visibles del contraataque. A tratar de detener la sangría que al Gobierno le han causado los dos primeros casos y a generar daño y confusión contra los objetivos elegidos han salido los funcionarios por orden de la Presidenta, mientras que por el flanco y de sorpresa, con la consigna del "vamos por todo" en su máximo esplendor, se produjo en simultáneo el asalto al Banco Central.



Hay varios elementos comunes en el discurso que el Gobierno utiliza para desplegar su estrategia, como torcer argumentos, cambiar a mitad de camino, mostrar una parte de la realidad, meter puñaladas por la espalda, echarle la culpa a los otros y luego martillar a través de la prensa oficialista, a favor de una sociedad que poco le interesa otra cosa que el cortísimo plazo. Julio De Vido y Mercedes Marcó del Pont han sido las caras visibles de esta forma amañada de entender la política y la comunicación.







Extraña lo de la presidenta del Banco Central, ya que su gran capacidad técnica le permitió sortear con muchísima solvencia las consultas que los diputados le hicieron el miércoles en el Congreso sobre los cambios que se harán en la Carta Orgánica de la institución. Ella defendió no sólo el nuevo paradigma de los bancos centrales, que dejan de ser un mero custodio del valor de la moneda, sino el uso de las reservas y la orientación del crédito que se consagran en la nueva norma. Si bien la reunión fue un simulacro para guardar las formas de la democracia, ya que las mayorías de ambas Cámaras le darán sanción inmediata al proyecto, los reparos se hacen a que Marcó del Pont no comentó nada sobre lo que un día después fue la inclusión de ultimísimo momento de otro cambio fundamental del cual pocos tenían noticia: la cantidad de pesos extras que se podrán emitir con "carácter excepcional" durante 18 meses para financiar al Tesoro.







Con el cambio en el artículo 20 al doble de uno de los tramos, la eventual ayuda se estirará en $ 45 mil millones más. El segundo punto crítico es que si se llegara a concretar todo el aporte, por el que la Tesorería entrega una letra a cambio, la mitad de los activos del BCRA serán papeles del Gobierno.



O Marcó del Pont no sabía nada y fue engañada, tal como le pasó a muchos diputados oficialistas quienes firmaron un dictamen que contenía algo diferente a los que habían leído y se les dijo que se trataba de un cambio no "muy intenso" (sic), o bien ella estaba de acuerdo y ocultó la información y engañó a sabiendas al plenario de comisiones. Para muchos fue una pena ver a la titular del Central derrapar de esa manera.







Distinto es el caso del ministro De Vido, bien curtido en materia de enroscar los argumentos, sobre todo en la justificación de la deficitaria política energética de los últimos años o en decir que YPF no invierte ahora, cuando desde hace años que ha ido declinando sus aportes porque el mismo Gobierno consintió el giro de utilidades que ahora se le reclama como inversión a Repsol. En la ofensiva, y tras el sosiego que ha producido la presión española, se apela a la intervención de las provincias que han dado ultimátum reclamando la reactivación de áreas. En tanto, los carteles que emparentan la estatización de YPF con Malvinas proponen en las calles un nacionalismo que mucha gente comparte de corazón. De Vido fue protagonista también a la hora de poner la cara, no sólo porque defendió con gran enjundia al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, sino porque detrás de esa defensa estaba la suya propia. Sin embargo, y redoblando la apuesta, presentó los cambios en el área como un hecho virtuoso, tal como lo hizo al ratificar la política de subsidios, aunque señaló que ahora se usará el SUBE para subsidiar a la demanda (pasajeros) como si hubiese sido culpa de otro ajeno al Gobierno que hasta ahora se subsidiara directamente y casi sin control a la oferta (concesionarios).







Pero además, el discurso del ministro dejó varias frases para el desconcierto. Hubo una que hizo mucho ruido, cuando acusó a Macri de racista ("le molesta el pelo negro") y además otra similar a la que fue el principio del fin de Schiavi, cuando aseguró que si el accidente de los 51 muertos y los 700 heridos hubiese sucedido en un día feriado no hubiese sido tan trágico. "Los muertos que no se producen nunca se contabilizan", señaló De Vido en relación a las rutas construidas, en un cruel aporte que hizo recordar a Bernardo Neustadt, cuando machacaba con que "los aviones que llegan no son noticia".







Sin embargo, la frutilla del postre del ministro, la que desnuda el gen de la construcción del relato oficialista, surgió de otra frase que sólo pudo haber estado dirigida hacia alguien que se durmió hace nueve años y que ahora vuelve a despertar: "No se pueden imputar al funcionario de turno muertes producidas por décadas de abandono", explicó De Vido olvidándose de contabilizar su gestión en las dos presidencias Kirchner.



En todo esto, lo más complicado de explicar para el Gobierno es que lo primero que hizo la intervención oficial a TBA cuando asumió fue retirar decenas de vagones de las vías, los mismos que los organismos oficiales habían autorizado a funcionar hasta la mañana trágica del 22 de febrero.



Para tapar tamaña contradicción e iniciar el contraataque, el mismo De Vido fustigó a Macri el jueves 8: "Nosotros le pagamos los subtes y el colectivo y ellos, cuando se corta un paisano de la provincia, no quieren pagar la curita", dijo. Más allá de la maniquea separación de aguas, la frase tiene su valor, porque fue pronunciada horas antes que el Ejecutivo mandara al Congreso el proyecto de ley por el cual se ratifica el convenio que la Nación y la Ciudad Autónoma firmaron para comenzar a estudiar el traspaso del subterráneo, con un agregado sorpresa anticipado allí.



Así lo había dicho la propia Presidenta el miércoles 7: "Vamos a remitir al Parlamento argentino un proyecto de ley a los efectos de ratificar el Acta...". Obviamente, hablaba del subterráneo como el objeto de disputa, aunque un día después apareció mágicamente en el artículo 2 del proyecto la entrega compulsiva al gobierno porteño de 33 líneas de colectivos.







También en ese discurso, la Presidenta la advirtió a Macri que "los jueces no gobiernan", aunque tuvo la delicadeza de reconocer, como al pasar, que la Nación también había ido a la Justicia a buscar un remedio a la disputa, antes de encarar sorpresivamente la vía legislativa. Por más que las mayorías kirchneristas en el Congreso consagren el Acta en la parte de los subtes como obligación firme de la Ciudad y también la obliguen a aceptar la competencia y la fiscalización de los colectivos, la Legislatura porteña deberá dar su parecer al respecto, el conflicto seguirá la vía judicial y terminará en la Corte.







En materia de balance de país, no han sido muy felices muchas expresiones de la propia Presidenta sobre el federalismo y lo que el resto de la Nación espera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya había usado otras veces argumentos similares para acusar a los porteños de mirarse el ombligo, aunque nunca como en esta última semana. Por un lado, ningún porteño tiene la culpa de que los habitantes de Tilcara no conozcan el subterráneo. Tampoco que el presupuesto de los subtes sirva por año para construir 15 gasoductos. La prioridad de los gastos la fijan los representantes del pueblo, pero los recursos para los subterráneos como así también para los demás servicios que la Ciudad tiene que recuperar están consagrados en la llamada Ley Cafiero. Son las políticas públicas las que han armado el país de esta manera y la Ciudad la da abrigo y trabajo a millones de argentinos que han venido a radicarse en su entorno.



Por otro lado, el modo de centralizar las decisiones y los fondos por parte del gobierno nacional, que tiene a los gobernadores de rehenes, es una modalidad tan unitaria que no da como para golpearse el pecho alabando la cuestión como una "característica de nuestro modelo".



Lo que es un minué abierto en el caso del transporte se convirtió en la noche del viernes en una burla. Después de doce horas de caos en la autopista que cruza la Villa 31 por una protesta contra un cambio que hizo el gobierno de la Ciudad en la modalidad de pago a los colectivos escolares, el gobierno central mandó a un funcionario que responde a Alicia Kirchner, quien había jurado esa misma tarde como secretario de Seguridad, a desactivar el sospechoso piquete. Sin que nadie lo conociera, en media hora, Sergio Berni logró levantar el corte, lo que el ministro de Educación porteño no había conseguido en toda la jornada.







Por último, está Boudou y éste es el grano más difícil de reventar para el Gobierno, porque además le abrió un debate interno importante. Al vicepresidente no lo tolera mucha gente en el Gobierno y la sensación es que sólo se sostiene por aquel "yo te puse" que la Presidenta le recordó antes de someterse a la operación de tiroides. Después de una ostensible soledad, desde Olivos llegó la orden de acompañarlo, pero no tanto.



En una conferencia de prensa de verdad, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, deslindó el viernes todas las responsabilidades del organismo y le hizo cargar sólo a Boudou con el mochuelo de haber sido quien autorizó los planes especiales de financiamiento de la moratoria. Explicó que el ex ministro de Economía no intervino ni en el pedido ni en el levantamiento de la quiebra de Ciccone y aseguró que "no pidió...(sino que) contestó" afirmativamente que era pertinente otorgarle un plan de facilidades.



Luego, el funcionario se animó a contestar preguntas y en esa bienvenida transparencia que no todos sus pares ejercen hizo revelaciones y dejó flotando ciertas dudas. Por ejemplo, añadió que esa intervención del entonces ministro fue "excepcional", aunque no pudo precisar si fue sólo una vez entre los 351 casos que se allanaron a moratorias, de los 496 contribuyentes a los que se le había pedido la quiebra como "estrategia para poder cobrar".



En su bien estudiado discurso, donde señaló que la AFIP siguió los procedimientos de consulta al ministro porque esta vez el plan propuesto por la empresa excedía sus facultades, Echegaray explicó que le recomendó también al juez que saque a Boldt del medio por sus antecedentes tributarios, que incluían "facturas apócrifas, falsificación de documentos públicos, simulación dolosa de pago y sellos falsos".



Al respecto, Echegaray omitió decir que si Boldt era una empresa llena de trapisondas a la que había que correr por su pasado, Ciccone no le iba en saga, ya que en su historial de causas penales integra algunas listas de investigados junto a su competidora.



Es mucho el daño que está sufriendo el Gobierno en materia de imagen, sobre todo en la Capital Federal, pero por ahora se buscará que el tiempo disipe la cosa. Mientras tanto, la filosofía comunicacional de corto alcance será tener siempre un Macri a mano para llenarlo de cachetazos y tapar lo que haga falta.
Fuente: 
(*) Periodista DyN