Lunes, 5 Marzo, 2012 - 17:02

Recusaron al juez Bonadío por aceptar al gobierno como querellante en la causa por la tragedia de Once

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La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a heridos en el accidente ferroviario que dejó como saldo 51 muertos. Luego de que el magistrado se expida, la Cámara Federal deberá revisar su decisión.

Dalbón, quien actúa como querellante en representación de heridos del hecho, apeló hoy la decisión del magistrado de tener como parte al Gobierno.



Además, el letrado recusó al juez para que deje la causa y lo denunció por el delito de prevaricato, dictar resoluciones contrarias a la ley, informaron fuentes judiciales.



Dalbón objetó la decisión de Bonadío porque funcionarios y personas del Gobierno "pueden resultar imputadas" en la causa y además le da "la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación".



El letrado consideró que Bonadío cometió una "flagrante violación" del Código Procesal Penal que reserva la figura de querellante "en forma exclusiva, a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública".



Bonadío aceptó el viernes al Gobierno como querellante al considerar que "es una persona jurídica del Derecho Público" y es quien debe garantizar el transporte público.



Por otra parte, el juez aclaró que su decisión "no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas".



Ahora Bonadío debe resolver si acepta la apelación de Dalbón para que el caso llegue a la Cámara, caso contrario el letrado podrá acudir directamente a la instancia superior.



Además de apelar, el abogado, recusó al juez al pedirle que deje la causa porque su decisión "conforma una clara evidencia de que tiene interés en que el proceso tenga un resultado favorable con relación a los mismos", en referencia a los funcionarios del Gobierno.



Con los mismos argumentos, lo denunció por prevaricato, delito que castiga con multa de tres a 75 mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua al "juez que dictare resoluciones contrarias a la ley".



La denuncia quedó radicada en el juzgado federal 1, a cargo de María Servini de Cubría.
Fuente: 
Agencia DyN