Domingo, 4 Marzo, 2012 - 11:02

Trenes, la responsabilidad oficial

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La Auditoría General de la Nación, organismo dependiente del Congreso nacional, emitió en 2008 un informe lapidario sobre las irregularidades de TBA; su contenido fue ampliamente difundido desde que ocurrió la tragedia en Once.





En decenas de entrevistas trabajadores y dirigentes sindicales ferroviarios recordaron que ellos habían advertido sobre la desastrosa situación de la concesión.



La televisión repitió viejos informes que cobraron dramática actualidad y que dan testimonio de las señaladas advertencias.



Pero el Gobierno no necesita ni de la Auditoría General de la Nación, ni de los trabajadores, ni de los medios, para saber qué pasaba. Tal como se demuestra a continuación, el Gobierno estaba perfectamente al tanto de lo que sucedía. La autoridad de control del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), no sólo realizó innumerable cantidad de inspecciones, sino que también impuso abultadas multas. Algunos ejemplos:



- El 17 de agosto de 2010 la CNRT le aplicó a TBA una penalidad de 840.000 pesos “por la producción de 24 descarrilamientos en la vías principales de la concesión no atribuibles a terceros, 2 por 1 colisión, y 1 por rozamiento en vías principales”, según consta en los expedientes 182588/09 y 44053/10.



- El 4 de octubre de ese mismo año multó a TBA en 400.000 pesos “por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 11 del contrato de concesión y en el art. 5 de la ley 2873 (Ley General de Ferrocarriles), en relación al mantenimiento de las instalaciones de señalamiento ferroviario y de pasos a nivel, correspondiente al año 2008” (expediente 495492/09).



- El 4 de noviembre la sancionó con 1.290.000 pesos “por la producción de 39 descarrilamientos en vías principales de su jurisdicción por causas no atribuibles a terceros, 1 penalidad por colisión entre trenes, y 1 por una cuasi colisión entre trenes” (expediente 94751/10).



- El 11 de febrero de 2011 la multa fue de 250.000 pesos “por incumplimiento art. contrato de concesión en relación a las condiciones de seguridad del material rodante correspondientes al año 2009” (expediente 84883/10).



- El 12 de abril aplicó una penalidad por 1.800.000 pesos “por incumplimiento de la resolución CNRT 1770/08”, que obliga a los concesionarios a presentar por adelantado el plan anual de mantenimiento para el año siguiente (expediente 122160/10).



- El mismo día hubo otra sanción por 1.040.000 “por 25 descarrilamientos, 3 por un descarrilo, 3 por colisiones y 1 por incumplimiento de art. 75 de RGF” (artículo del Reglamento General de Ferrocarriles referido a la “comunicación de accidentes”) (expediente 122486).



Son apenas seis ejemplos de un total de 451 multas aplicadas desde 2002 hasta fines de 2011, que suman 66.713.391 pesos. Además de los descarrilamientos, colisiones, inadecuadas condiciones de seguridad, falta de mantenimiento en señales y pasos a nivel, e incumplimiento en la presentación de planes que motivaron esas sanciones, entre las causas de las restantes 445 se encuentran deficiencias varias en la calidad del servicio, falta de limpieza en estaciones, la no presentación de coches, irregularidades en la atención en boleterías, fallas en la información al público, incumplimiento de órdenes de servicio, etc., etc., etc.



Toda esta información revela tres cosas. La primera es que el organismo de control realizó muchas inspecciones y aplicó las multas correspondientes.



La segunda es que, por ende, el Gobierno sabía perfectamente del pésimo estado del servicio y, consecuentemente, estaba al tanto de los gravísimos peligros potenciales.



La tercera es que, más allá de las penalidades, siguió tolerando una situación inaceptable y que, a juzgar por el tipo de infracciones, venía empeorando. Es a partir de 2010 que se aplican sanciones por descarrilamientos y colisiones múltiples.



Además de tolerar que el grupo Cirigliano siguiera ofreciendo un servicio calamitoso, el Gobierno continuó concediéndole negocios; en el área transporte pero también en otras, como por ejemplo en la fabricación de los decodificadores para la televisión digital.



La información de esta columna estaría indicando que la CNRT, dirigida desde 2008 por el interventor Eduardo Sícaro (ex ministro de Infraestructura bonaerense), cumplió con su función de inspeccionar y sancionar. No sólo eso. La Comisión elaboró un informe con los fundamentos para rescindirle las concesiones a TBA. En efecto, un documento al que tuvo acceso esta columna refiere al artículo 16 del contrato de concesión que trata sobre el “Régimen de Penalidades” y señala: “Si el valor de las multas aplicadas en el período anterior de cinco años a la fecha de imposición de cada multa sobrepasa el 30 por ciento de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la Autoridad de Aplicación podrá declarar la rescisión del Contrato”. Ese mismo informe calcula que las penalidades aplicadas desde el 1/1/2007 al 31/12/2011 ascienden a 43.736.432 pesos, que representan el 145,8 por ciento del total de la garantía de concesión y casi quintuplican el umbral establecido por el artículo 16 como causal de rescisión.



Es decir que había razones de sobra para quitarles el negocio. Y las había desde hace varios años.

La gravísima irregularidad de la CNRT es que toda esta información no se hizo pública. Se la conoce recién ahora porque, dada la ausencia de cualquier dato al respecto en la página web del organismo, consulté al propio Sícaro, quien recién entonces me suministró los listados y el informe.



Cabe preguntar si la masacre de Once habría ocurrido si la CNRT no hubiese escondido la información. ¿Acaso políticos, periodistas, los propios usuarios no hubieran reaccionado ante semejante panorama?



Cabe preguntar por qué el Ejecutivo no ejecutó la rescisión de la concesión a TBA que la propia CNRT evaluó y consideró con fundamento.



Cabe preguntar por qué en este caso Cristina Kirchner y Julio De Vido mantuvieron al grupo Cirigliano en los trenes, siendo que por deficiencias mucho menos graves y peligrosas, Néstor Kirchner y De Vido le rescindieron en el año 2003 al grupo Macri la concesión en el Correo, y en el año 2006 hicieron lo mismo con el grupo francés Suez en Aguas Argentinas.
Fuente: 
InfoNews.