Miércoles, 29 Febrero, 2012 - 09:32

Misiones
A una semana de la huelga policial y con la Jefatura tomada, Closs apuesta al diálogo para destrabar conflicto

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Trascendió que el gobierno de Maurice Closs “no contempla la posibilidad de un desalojo” a la sede policial, pero un fiscal de Instrucción solicitó la captura de los acuartelados que ya fueron separados de la fuerza. El STJ misionero “observa con preocupación” y vecinos y funcionarios preparan acto en la plaza.









A pocos metros en la Plaza 9 de Julio (principal de Posadas) ya hay gran cantidad de carteles y pasacalles con leyendas como “Defendamos la democracia”, y desde anoche, cuando un puñado de vecinos y militantes iniciaron una vigilia, se mantiene una celosa presencia en el lugar. Frente a la Casa de Gobierno hay pancartas del Movimiento Evita, Frente Grande, Movimiento Renovador y el MUR. Ahora, además, llegaron diputados, concejales y funcionarios del gobierno provincial, e instalaron una radio abierta.



Ya había un grupo de policías acuartelados en la sede del Comando Radioeléctrico, desde cuya radio además emitían mensajes acicateando la rebeldía policial; a ese grupo se sumó el que anoche tomó por la fuerza, aunque sin armas a la vista, la sede de la Jefatura provincial. Unos 3 mil agentes aceptaron ayer la propuesta de aumento salarial del gobierno, de un 40%, que llevaría el sueldo de un policía a $ 4000, pero algunos reclamaban que el aumento se estirara hasta $ 5000 y agudizaron la huelga. Esos agentes, ya identificados, fueron separados de la fuerza, aunque el gobierno querría evitar a toda costa un desalojo violento apelando a otras fuerzas de seguridad.



Por la vía del ministerio público, sin embargo, las cosas son distintas. El Fiscal de Instrucción Nº 2 Christian Antúnez Nerenberg solicitó la captura de los efectivos que tomaron en la tarde de la víspera la Jefatura de Policía. El juez de Instrucción Nº 2 tendrá que resolver si hacer lugar al pedido.



Entre otras hipótesis, desde diversos espacios vincularon el fundamentalismo de las últimas medidas adoptadas por los huelguistas con el inicio del juicio a ex policías misioneros por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, el próximo 21 de marzo. Aseguran que el financiamiento y la logística de los policías rebeldes tuvo detrás a personas con recursos y experiencia, y las relacionan con algunos de los imputados. Según esta versión, el del reclamo salarial sería un pretexto para mantener en vilo a la población y generar presión sobre los magistrados.



En un comunicado, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones se pronunció “como custodio de la Constitución Provincial en el Estado de Derecho”, observando “con preocupación” los acontecimientos. “Las actitudes de pretendidos ejercicios de derechos no pueden, en ningún caso, subvertir la vigencia de la ley y sus instituciones en el marco de la convivencia democrática, acciones u omisiones que vayan mas allá de un reclamo laboral y que afecten seriamente los requisitos mínimos que la Constitución Provincial exige para asegurar la vigencia de la democracia y sus instituciones, implicaran su necesario restablecimiento en el marco de los mecanismos legales vigentes, por ello, exhortamos al cumplimento de la ley y al mantenimiento de la paz social que toda la comunidad anhela”.



Mientras esto sucede, el cajero automático ubicado en la esquina de la sede policial tomada este martes por una treintena de agentes, es utilizado con normalidad por los posadeños “como si no pasara nada adentro del edificio”.
Fuente: 
El Territorio de Misiones/ Misiones On Line.