Domingo, 26 Febrero, 2012 - 10:26

Argentina sigue siendo Cromañon
Corrupción que mata

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Otra vez la explosiva mezcla de empresarios inescrupulosos y funcionarios cómplices cuesta la vida de mucha gente. La tragedia del tren 3772, con su secuela de 51 muertos y más de 700 heridos, demostró que los objetivos expuestos por la empresa concesionaria del Sarmiento están a años luz de haberse cumplido.









En la página web de Cometrans, en referencia a TBA, una de sus empresas, se lee lo siguiente: “El propósito central es ser líder en la explotación comercial de estos corredores ferroviarios, realizando un servicio público seguro, eficiente, puntual y no contaminante, mejorando así la calidad de vida de la comunidad”.



Lo sucedido en la estación Once no fue un accidente sino la crónica de una tragedia anunciada. Para sustentar esta afirmación es fundamental remitirse al pormenorizado informe que la Auditoría General de la Nación emitió en 2008 (hay otro igualmente lapidario que se conocerá el miércoles). Allí se señalan, entre, otras cosas:



“La empresa TBA no ha efectuado en su totalidad la presentación de los planes de mantenimiento referidos al período auditado.”



“Los distintos componentes del sistema de vía presentan un estado deficitario, ante lo cual, y como paliativo, se imponen restricciones a las velocidades máximas de circulación.”



“Por su parte, los pasos a nivel evidencian déficits en su estado de conservación, observándose que el Concesionario no efectúa la normalización de la totalidad de falencias constatadas por la CNRT en ellos.”



“El estado general de mantenimiento de las estaciones que componen las líneas Mitre y Sarmiento, así como el estado de los cerramientos perimetrales, es deficitario.”



“En cuanto al material rodante, TBA no realiza un mantenimiento adecuado. Tampoco brinda respuesta técnica, en tiempo y forma, a las irregularidades detectadas por la CNRT mediante sus inspecciones de seguridad a dicho material, constatándose además que las unidades que se utilizan para la prestación del servicio presentan anomalías.”



Estas son responsabilidades atinentes a la concesionaria. Lo que también el informe contiene es una evaluación crítica de la actuación tanto de la Secretaría de Transporte como de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que son los organismos de control del Estado que deben velar por el cumplimiento del servicio. En dicho informe se señala que:



“El Concesionario no da respuesta a los pedidos de información adicional y/o aclaratoria, que la CNRT efectúa en forma tardía, respecto de los planes de Mantenimiento de 2005 de vía y obras presentados oportunamente.”



“TBA no presenta en tiempo y forma la información bimestral establecida contractualmente respecto a los avances de lo ejecutado del plan de mantenimiento de vía y obras correspondiente al año 2005. Ante esta situación, no consta reclamo de la CNRT por el incumplimiento.”



“La CNRT no adoptó las medidas suficientes para revertir la falta de información por parte del Concesionario en relación a la presentación de los planes de mantenimiento y avances de lo ejecutado.”



“La CNRT no garantiza la adecuada seguridad operativa al no verificar, en todos los casos, las medidas adoptadas por TBA para subsanar las deficiencias observadas, ni tampoco efectúa un seguimiento sobre su evolución.”



“La CNRT se aparta del sistema establecido en el Contrato de Concesión y en el respectivo pliego de Condiciones, para efectuar la comunicación de las deficiencias constatadas.”



“La Secretaría de Transporte no ha dado cumplimiento a la elaboración de un nuevo Reglamento General de Penalidades.”



“La CNRT no ha sancionado al Concesionario, con base al artículo 16.1 del Contrato de Concesión, por las irregularidades detectadas.”



Ante la gravedad de esta denuncia que la complicaba, recién en 2010 la CNRT produjo un informe lapidario sobre TBA. El documento, que debió haberse publicado en el Boletín Oficial, tiene fecha del 26 de marzo de ese año y en él se señala que “durante los años anteriores se realizaron inspecciones que demostraron decaimiento de los bienes dados en concesión, producto de un mantenimiento insuficiente y apartado de las normas técnicas aplicables en la materia, a la vez que no se nota una condición que arroja resultados prácticos que conduzcan a revertir la situación, se propone aplicar una multa de 300.000 pesos por falta de cumplimiento de las formalidades establecidas… tanto en la prestación del plan como en los avances mensuales; y una multa por el máximo valor contractualmente previsto del 5% del monto total de la garantía base de cumplimiento del contrato (1.500.000 pesos). A la luz de la gran y generalizada falta de mantenimiento observada durante 2009, toda vez que el mantenimiento realizado no se corresponde con las obligaciones contractuales ni a las buenas prácticas para el normal funcionamiento del sistema ferroviario que presta TBA”.



Está claro que para el desastroso estado no sólo de la línea Sarmiento sino de todo el sistema ferroviario, hay una concurrencia de dos factores: la actitud indolente –y a la postre criminal– de los concesionarios y la complacencia –a esta altura, complicidad– de los funcionarios a cargo del área. Ese es un punto clave. Hasta aquí el Gobierno viene piloteando la situación centrado en una sola preocupación: cómo evitar pagar los costos políticos de la tragedia. La Presidenta, sin cuya supervisión nada se hace, ordenó que hablara primero el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Es evidente que Cristina Fernández de Kirchner debe haber quedado satisfecha con las lamentables declaraciones de Schiavi porque al otro día apareció otra vez acompañando al ministro de Planificación, Julio De Vido. El desprecio de ambos funcionarios hacia quienes han sido víctimas de este Cromañón ferroviario ha sido mayúsculo.



Las fotos que muestran a la Presidenta inaugurando los vagones de doble piso que, por suerte, se han hecho a cuentagotas –la tragedia habría sido aún mayor si alguno de ellos hubiera formado parte del tren 3772–, al lado de Claudio Cirigliano, acusado de pagar dádivas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, son la evidencia de una indiscutible convalidación de un mecanismo de corrupción que involucra a funcionarios y a empresarios amigos del poder, al amparo del cual han nacido fortunas incalculables. Constituyen un verdadero club al que bien podría llamarse “los Yabrán del kirchnerismo”. ¿Puede alguien creer que eso se agota en Schiavi? ¿Puede alguien pensar que De Vido desconoce todo esto? ¿Y el jefe de Gabinete? ¿Y la Presidenta?



La tragedia de Once ha demostrado, una vez más, que la Argentina es República Cromañón: un lugar en el que se enseñorean tanto el incumplimiento de las normas y las leyes como la falta de control, producto de una corrupción de una dimensión tal que mata.



Producción periodística: Guido Baistrocchi
Fuente: 
Perfil.