Martes, 21 Febrero, 2012 - 18:07

Análisis periodístico
Protesta social y ajuste
Al kirchnerismo lo corren por izquierda

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El kirchnerismo está a la defensiva. Raro para una formación de muchísimo despliegue en ofensiva, que es adicta a ver un enemigo en todo lo que se le pone enfrente y que, por eso, nunca retrocede ni siquiera para consolidar posiciones.

Sin embargo, esta vez se nota que los generales K están francamente indecisos, ya que son demasiados los temas que los acosan, muchos de ellos autogenerados por un notorio cambio de discurso, sobre todo en lo económico. Lo cierto es que les llueven balas por derecha y por izquierda (sobre todo por izquierda) y que este aluvión los ha paralizado.



Esto no significa que el Gobierno haya dejado de hacer, sino que ha virado hacia el pragmatismo, ni tampoco que el cristinismo político no siga en la suya ampliando internamente territorio a costa de los que van al frente. Lo que ha ocurrido es que hubo en la semana una catarata de hechos que, acumulados, contribuyeron al desconcierto de la tropa.



Quienes manejan las estrategias creen por estas horas en la teoría de que no hay que contestar ninguna andanada aunque la oleada de hechos infelices se sucedan, ya que al final, aseguran, una información tapa a la otra. El caso que parece implicar al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, al menos como un "traficante de influencias" para que alguien de su amistad se quede con una empresa que iba a ser proveedora del Estado, es el ejemplo práctico de esta estudiada inacción para dejar pasar el tiempo.



En otros países, el funcionario ya hubiera seguido el camino de los Tribunales o el de su casa o al menos hubiera dado explicaciones convincentes sobre su ajenidad, pero aquí se subestima tanto a la opinión pública que se cree que si se calla, las cosas no existen. Ni siquiera se animó Boudou a hablar con los medios más amigos, con aquellos que jamás le harían una repregunta comprometida, fuera del libreto convenido. Pero más allá de este episodio que el ex ministro quiso resolver sólo para su interna con un mensaje en su remera ("Clarín miente"), lo más grave para el kirchnerismo es que con el cambio de relato se empezó a notar hacia afuera y sobre todo hacia adentro del oficialismo, que algunos temas de principios han comenzado a resquebrajarse.



Como defección número uno hay que señalar que la no criminalización de la protesta, bastión del kirchnerismo, quedó al menos en un delicado paréntesis. Se llame como se llame, encauzamiento de desbordes o represión, nunca hubo en estos últimos años tantos palazos juntos como en Catamarca, contra los que no quieren la minería y en la 9 de Julio, contra los ex soldados que reclamaban con un corte de calles, como tantos miles durante los últimos años, su reconocimiento como veteranos de la guerra de Malvinas.

Nunca tampoco antes se supo que fuerzas de seguridad hicieran inteligencia, con infiltrados inclusive, para convertirse luego en testigos contra militantes de gremios u organizaciones sociales, tal como lo denunció el Partido de los Trabajadores Socialistas a la Justicia, en relación a los cortes que hicieron el año pasado en la Panamericana trabajadores de Kraft. Ante el requerimiento del magistrado actuante, la Gendarmería admitió en un escrito que posee una base de datos llamada "Project X" (sic) que le sirve para catalogar a los activistas. Es probable que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, tan rápida en la semana para condenar en una conferencia de prensa la aberrante publicación de las fotos de una modelo muerta y lo que calificó como una nota "armada" por el canal América para mostrar la inseguridad, no haya sabido a ciencia cierta de qué se trataba. Probablemente por eso, hasta averiguar, se quedó paralizada, descartó la modalidad de la conferencia de prensa que suele utilizar y sólo hizo promesas de investigación vía Twitter. Igualmente, su confusión no la exime de la responsabilidad, aunque por ser una fuerza de seguridad, la Ley no le impide a la Gendarmería la prevención y la denuncia judicial. Sin embargo, el golpe más grande para el kirchnerismo es que ese accionar desembozado de los gendarmes dejó en evidencia que la protesta social ahora puede ser considerada delito. En la misma línea, y aunque no ha sido demasiado comentado, después de que la policía de la gobernadora kirchnerista de Catamarca, Lucía Corpacci, rompió algunas cabezas en Tinogasta hace unos 10 días, tuvo que lidiar en la semana con una marcha antiminera en Andalgalá. Y ejecutó esa tarea amparando una verdadera caza de brujas, con "inteligencia" policial admitida por el propio Jefe de Policía.



Si bien había fuerzas federales que habían llegado a controlar que no hubiera nuevos excesos (de los que el kirchnerismo nacional se despegó diciendo que no se habían cumplido con los protocolos del ministerio de Seguridad de la Nación), durante un par de días, la policía provincial y grupos pro-mineros mantuvieron cerrados dos de los ingresos a la ciudad y controlaron a quién entraba al pueblo, sobre todo a periodistas, consintieron cortes de luz en las FM locales y pusieron bajo la lupa a todo aquel que quisiera manifestarse en contra. Hay quienes ven en la Ley Antiterrorista, sancionada a matacaballos en diciembre último a pedido del GAFI, un peligroso antecedente para ser aplicado por los jueces a cualquiera que "aterrorice a la población" y aunque se dejaron de lado explícitamente a "los derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", esto es sólo en relación a los agravantes de las penas.



Otras cuestiones no menores de cambios profundos en el relato oficial pasaron por lo económico, donde se ha hecho presente la etapa del ajuste fiscal, disfrazado de redireccionamiento de subsidios. En el colmo de lo que nunca se hubiera esperado escuchar, ya no se trata de impulsar la demanda agregada; ahora, resulta que las subas de salarios son inflacionarias. Este nuevo paradigma, tantas veces defendido por los odiados neoliberales y criticado en consonancia por el kirchnerismo como un atentado contra la distribución del ingreso y la inclusión social, es lo que ha llevado al gobierno nacional a instalar, sin decirlo abiertamente, que la pauta salarial deberá estar este año en 18 por ciento. Este es el número que se le ofreció a los docentes para fijar el piso salarial para todo el país, aunque después del primer rechazo, las autoridades ya tuvieron que subirlo un poco, a una cifra que impactará de lleno en las economías provinciales, no sólo por las mejoras a los maestros, sino por el enganche que exigirá el resto de los empleados públicos.



Si lo fiscal es bien delicado, la otra balanza, la de las divisas que entran y salen del país, es una sangría que ha sido puesta bajo la tutela del multifacético superministro, Guillermo Moreno, quien tira palos de ciego como un torbellino para defender las reservas. Mientras otros funcionarios miran azorados cómo avanza como una topadora con métodos propios y bajo sus propias reglas de hiperactividad, el funcionario sigue en la suya cuidando a rajatabla los dólares, que ya no pueden comprar ni particulares ni importadores, salvo que se sometan a controles y presiones.



A diario trascienden las simpáticas aventuras del formalmente secretario de Comercio Interior quien, con su estilo más que campechano, suele poner en caja a los empresarios que acuden a hacerle reverencias. De esas reuniones, en general salen todos disconformes, pero algunos por obsecuencia, ya que son tan ineficientes que sólo saben vivir del Estado, y otros por conveniencia, le sonríen y aguantan las humillaciones. Hoy, el estrangulamiento del sector externo que propició Moreno es tal que muchos procesos productivos que dependen de insumos extranjeros penden de un hilo o, mejor dicho, del poder de su lapicera. El ha dicho que no es "ningún bolu...", pero lo cierto es que hoy faltan autopiezas, bienes intermedios para las diferentes armadurías que se han establecido en Tierra del Fuego y hasta medicamentos. Aunque él no lo consienta, el procedimiento Moreno puede hacer bajar la producción, alentar el desabastecimiento y hacer subir los precios.



Sin embargo, pese a los inconvenientes y las críticas, el secretario no se achica y les exige a los que importan que exporten por la misma cantidad, una mera ficción de compensaciones, ya que para quien importa autos vender arroz o mosto al exterior, tal como tuvo que hacer BMW, no es nada más que un pasamanos de suma cero. Algún día, Moreno se dará cuenta que lo que la balanza comercial registra como dólares entrados por la automotriz es la misma cantidad de dólares que no ingresaron el arrocero correntino o el bodeguero de Mendoza a los que la empresa alemana les compró la mercadería.



Con Moreno en el candelero, los que han enmudecido son otros ministros y funcionarios que tienen que tolerar que se les meta en todo y que están esperando un traspié de su parte para embocarlo. Hernán Lorenzino (Economía), Débora Giorgi (Industria) y Julio De Vido (Planificación Federal) lo tienen en la mira, como así también Ricardo Echegaray (AFIP) y Mercedes Marcó del Pont (BCRA), ya que además de meterse en esas áreas, Moreno suele criticarlos a viva voz.



Con De Vido, su jefe directo en los papeles, el secretario ha sido muy duro en cuanto a la política energética que llevó el año pasado a que la Argentina gastara 9,3 mil millones de dólares, nada menos, en importaciones de combustibles líquidos, gas y electricidad. El déficit fue de casi U$S 3 mil millones, especialmente por la baja de la producción local y en este punto entra a jugar otros de los culebrones de la semana: el caso YFP, a quien ahora se acusa de modo furibundo de no invertir, de girar sus dividendos al exterior y de no abastecer al mercado de combustibles.



Aquí también hubo viraje, ya que, tras haber terminado el romance con la familia Eskenazy, los socios locales que el mismo Néstor Kirchner bendijo, la presunción ahora es que se avanzará en una negociación con términos difusos, que comenzarán a aclararse en la semana cuando se reúnan los gobernadores de las provincias petroleras: o compromiso cierto de inversiones o quite de concesiones u oferta por el paquete de control Hasta la cuestión de las dietas de los legisladores, que implicó a todos los políticos por igual, se la tuvo que fumar el Gobierno como algo propio, ya que la firma del irracional aumento correspondió a dos de los suyos, Boudou y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien, paralizado, apenas alcanzó a balbucear un desatino: "¿Que quieren en la política, ricos y ladrones?".



Para cerrar todo este juego de hechos bien controvertidos que se aceleran a diario y que el oficialismo dice que está siendo magnificado por la prensa opositora, hay un corolario político y otro económico y ambos están plagados de hipocresías. La conclusión política es que si la represión es de verdad la contracara del ajuste, nada hoy sería diferente a lo que siempre el progresismo le criticó con razón a otros gobiernos.



En cuanto a lo económico, cuando la Presidenta reclama inversiones, los empresarios aplauden y se hacen en general los distraídos. Luego, calladitos van a negociar con los ministros contrapartidas que los cubran del riesgo argentino y a cambio se prestan para la foto y para anunciar números grandilocuentes. Ni Moreno, ni la cuestión fiscal, ni el divorcio con el mundo, ni la falta de acceso a los mercados les caen simpáticos, pero "algo hay que hacer" para subsistir, se justifican en privado para calmar su conciencia.



(*) Director periodístico de Agencia DYN.
Fuente: 
Agencia DyN.