Domingo, 19 Febrero, 2012 - 10:05

La minería y el litigio democrático

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La democracia, desde su lejana invención griega, ha sido el ámbito de lo diverso, la evidencia de lo no resuelto y de lo imposible de resolver en términos de lo absoluto y definitivo. No hay mayor quimera que imaginar que es posible construir una sociedad en la que todos sus integrantes coinciden.







Y en la que el conflicto se convierte, según esta opinión que suele vestirse con los ropajes del republicanismo liberal, en una pieza de museo que remite a tiempos en los que no se había alcanzado el sacrosanto consenso que sería lo propio de las sociedades democráticas avanzadas (esa vana ilusión esconde un fuerte rechazo a la política que, en su misma emergencia histórica, puso en evidencia que una ruptura atraviesa la vida social y que la diferencia constituye el meollo de la compleja y difícil convivencialidad democrática).



El litigio es lo propio de una sociedad en la que unos pocos acaparan la mayor parte de la riqueza socialmente producida y los muchos tienen que contentarse con los restos de una abundancia de la que no suelen participar. Lo político vino a expresar esa querella que ha sido constitutiva no sólo de la antigua Hélade sino que se ha perpetuado a lo largo de la historia. Entre las muchas diferencias que existen entre una sociedad democrática –y esto más allá de sus carencias y de sus fallas– y una sociedad atrapada en las garras de una dictadura o de una ideología totalitaria, es la aceptación de la diferencia y el conflicto, no como males a extirpar, sino como fuerzas creativas y recreadoras de la propia sociedad, constituyendo, este antagonismo, el punto nodal, el quid de la invención democrática que se enfrenta a la uniformidad autoritaria de la dictadura. Por eso un gobierno genuinamente democrático debe saber reconocer la lógica del litigio y la pluralidad de intereses que se ponen en juego. A veces puede encontrar los caminos del consenso (nunca en términos de la homogeneidad absoluta), otras, las más, tiene que lidiar con la defensa cerrada y corporativa de intereses que responden a lógicas autorreferenciales y que, por lo general, entran en conflicto con el interés de las mayorías.



Pensar la democracia, siguiendo esta perspectiva, es intentar desnaturalizarla, es decir, abordarla no como algo dado de una vez y para siempre sino como una continua invención capaz de redefinir sus condiciones históricas y el horizonte de sus posibilidades. Pero también es penetrar en sus contradicciones, conflictos y tensiones no resueltas, esas mismas que hoy se despliegan en el interior de ese otro magma de la vida contemporánea que es el mercado, la economía global y su forma actual que es el capitalismo financiero (y que incluye, como no podía ser de otro modo, a las grandes empresas multinacionales que se despliegan por los países periféricos en busca de extraer sus riquezas naturales). Abordar la democracia es, precisamente, aprender a lidiar con las heterogeneidades y las diferencias que no sólo emergen de lo material sino que también se inscriben en las estructuras culturales y en la diversidad de tradiciones, lenguajes e identidades que conviven en nuestra geografía. Pensar nuestro país pura y exclusivamente desde una unidad abstracta es perder de vista la riqueza y la problematicidad que se guardan en esas asimetrías que recorren la interioridad de una nación que nunca ha dejado de buscar, tal vez infructuosamente, algo así como su identidad que suele no ser otra cosa que la multiplicidad de fragmentos imposibles de soldar los unos con los otros.



La cuestión de la minería, hasta hace poco tiempo un tema desconocido y hasta menor para la mayoría de los argentinos, se ha convertido, por esa extraña amalgama de lo real y de lo ficcional, en eje de intervenciones, disputas, conflictos, pasiones, contradicciones, expectativas, rechazos y polémicas que la han colocado en el centro de la atención política y mediática involucrando a los más diversos actores, aquellos que van desde muchos de los pobladores de las ciudades y pueblos cordilleranos de provincias emblemáticas como La Rioja y Catamarca (pero que también involucran a San Juan, Tucumán y otras provincias que guardan en sus subsuelos riquezas minerales) que se oponen a la instalación de la megaminería, pasando por las grandes corporaciones multinacionales que suelen ir a la vanguardia de las acciones extractivas tecnológicamente más complejas y arriesgadas, incluyendo a toda una variedad de organizaciones ambientalistas que ven en la lucha contra la minería a cielo abierto la causa principal de sus desvelos, hasta la participación, como no podía ser de otro modo, de actores políticos y mediáticos que han buscado nacionalizar la cuestión minera convirtiéndola en el imaginario eje de todos los males o bienes del futuro argentino. Intentar abordarla sin prejuicios y despejando la maraña de opiniones, puntos de vista, verdades reveladas e intereses encontrados es una tarea ardua pero indispensable a la hora de comprender que alrededor de la cuestión de la minería se entrelazan nudos clave de la compleja vida argentina ya que, tratando de deshacerlos, nos internamos por los senderos de la economía, de la sustentabilidad, del cuidado medioambiental, de las identidades conmovidas por los procesos de modernización, de los desafíos generados por las nuevas tecnologías, de la sed de riquezas y de rentabilidad que suelen ponerse por encima del cuidado de los recursos y de los derechos de los pobladores, de las pujas políticas, de la tensión, siempre difícil de desentrañar, entre los promotores fervorosos del progreso y los defensores de las formas tradicionales de vida. Todo se entrama al enfrentarnos a la cuestión de la minería. Y eso el gobierno nacional no puede desconocerlo al precio de equivocarse y de llegar tarde a una cita que la actualidad le está planteando no para pasado mañana sino para hoy. De la misma manera que no hay que desentenderse del conflicto diciendo que transcurre en zonas alejadas de los centros neurálgicos por los que suele pasar la vida nacional. La distancia geográfica ha sido superada por las redes sociales, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y por la inmediata transformación de un problema local en una cuestión global. Nos guste o no, la cuestión minera llegó para quedarse y convertirse en un actor importante de este tiempo argentino.



Hay momentos en los que ni la intencionalidad política de los gobiernos o de las oposiciones ni la construcción virtual de los medios definen las condiciones de emergencia y de continuidad de un acontecimiento. Suelen ser coyunturas que se enraízan en antiguos reclamos y que movilizan a amplios sectores populares que salen en defensa de derechos, historias, tradiciones, identidades, conquistas, sueños y hasta futuro enfrentándose, incluso, a las promesas de progreso y bienestar de quienes son los portadores de las fuerzas del cambio. En un extraordinario, bello y erudito libro sobre Emiliano Zapata y la revolución mexicana, el historiador John Womack le explica al lector que “este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución. Nunca imaginaron un destino tan singular. Lloviera o tronase, llegaran agitadores de fuera o noticias de tierras prometidas fuera de su lugar, lo único que querían era permanecer en sus pueblos y aldeas, puesto que en ellos habían crecido y en ellos, sus antepasados, por centenares de años, vivieron y murieron...”.



Difícil encontrar un comienzo tan potente y enigmático como el que eligió John Womack para tratar de explicar por qué los campesinos del Estado de Morelos se levantaron contra los proyectos de transformación productiva y tecnológica que, desde finales de siglo XIX, comenzaron a desarrollar, sin escatimar ningún tipo de “instrumentos” jurídicos, políticos, económicos, técnicos y de los “otros”, los nuevos empresarios del azúcar. Sospecharon de la palabra “progreso” cuando se dieron cuenta de que ellos tendrían que pagar todo el precio de una promesa de futuro que, en el presente, significaba expulsión y violencia de quienes, por generaciones, habían vivido y trabajado la tierra de modo comunitario y que ahora eran brutalmente desalojados por los nuevos ingenios azucareros que representaban, para la gran prensa de aquellos días, para el poder político y para el paradigma cultural-civilizatorio dominante, la quintaesencia del progreso y de la innovación tecnológica. Aquel tremendo acontecimiento de la historia latinoamericana que produjo uno de los líderes populares más significativos y míticos de nuestro continente, como lo fue Emiliano Zapata, puso en evidencia, una vez más, el conflicto entre los adalides del progreso y el desarrollo, por lo general provenientes de las ciudades y dueños del capital llamado a cambiar las formas económicas ancestrales y apoyados por los gobiernos de turno, y los campesinos que se levantaban contra las fuerzas de una novedad que la veían, quizás sin equivocarse, como las sepultureras de sus tradiciones y modos de vida. Lo que tal vez no pudieron ver ni Zapata ni el otro gran líder campesino, Pancho Villa, era que los vientos de la época soplaban a favor de la magia irradiada por la palabra “progreso” y que su lucha, allí donde no lograba comprender las complejidades de los nuevos tiempos, estaba destinada a la derrota si no lograba, como efectivamente terminó por suceder, encontrar los lenguajes, las fuerzas y las ideas que impidiesen la consumación de la hegeliana “astucia de la razón en la historia”, brutal eufemismo para ocultar la estela de violencia y barbarie que conllevó y sigue conllevando la lógica del “progreso”.



No se trata, estimado lector, de homologar las rebeliones zapatistas de principios de siglo XX con las protestas de las distintas poblaciones de La Rioja y Catamarca que, en las últimas semanas, vienen sacudiendo el escenario político y mediático argentino planteando, de una manera poderosa y provocativa, la compleja cuestión de la minería. Se trata, antes bien, de señalar las raíces profundas que se manifiestan en los reclamos de muchos de los habitantes de Famatina y de Tinogasta, de Belén y de Andalgalá (los nombres más significativos que incluyen a otros pueblos y pequeñas ciudades cordilleranas), que se enfrentan, como en otros tramos de la historia caliente de nuestro país y del continente, a la sed de transformación e innovación que trae aparejadas el desarrollo económico y sus formas, que parecen irrefrenables, de expansión tecnológica y, en muchas ocasiones, ciegas ante los deseos y los derechos de los pobladores.



Pero a diferencia de aquellos campesinos que se rebelaron en el México de Porfirio Díaz y que en su rebelión contribuyeron a desatar una revolución que cambió la historia de ese país, y lo hicieron porque no tenían quien los pudiera escuchar; en la Argentina de 2012 hay una democracia que supo reencontrarse con la memoria de los derechos y que, desde que Néstor Kirchner llegó al gobierno, rechazó la represión como medio de dirimir las protestas sociales. Una democracia, bajo el giro histórico que le imprimió el kirchnerismo, que recuperó la memoria de la igualdad y de la participación y que volvió a hacer visibles a los invisibles. Y es desde esta reinvención democrática de una Argentina que va logrando dejar atrás el modelo neoliberal, que se vuelve indispensable no sólo impedir que policías provinciales acostumbradas a actuar como capangas y como fuerza de choque de los poderosos repriman la genuina protesta de quienes tienen derecho a oponerse a la minería a cielo abierto –y esto más allá del indispensable debate en torno a su sustentabilidad o no–, sino que también es tarea del gobierno (el nacional si los provinciales no se muestran interesados o simplemente juegan sólo del lado de los intereses corporativos) convocar al diálogo y abrir, como lo señaló hace pocos días Cristina, un profundo e indispensable debate sobre la minería capaz de incorporar cuestiones tan relevantes como la sustentabilidad medioambiental, la protección de las economías tradicionales y los caminos que hagan posible un desarrollo sin el cual resulta imposible construir una sociedad más equitativa que logre distribuir riqueza genuina y no pobreza. Dicho de otra manera: cómo encontrar el equilibrio entre políticas de transformación económico-productivas que requieren de nuevas tecnologías y de emprendimientos extractivos, y sin las cuales es muy difícil imaginar la creación de riquezas socialmente distribuibles, y la protección de la naturaleza y de las identidades de los habitantes históricos de esas localidades que se han convertido en el centro de una nueva “fiebre del oro”. Bajo otras condiciones algo de lo mismo viene sucediendo con la expansión de la frontera sojera y la expulsión de cientos de pequeños campesinos. La pregunta inquietante, la que no se puede eludir, es de qué modo garantizar los recursos para hacer mejor la vida, la educación y la salud de una sociedad que no puede desentenderse de la riqueza de su suelo y de su subsuelo. Ninguna corriente ecologista o ambientalista puede resolver la ecuación, extremadamente compleja, entre creación de riquezas, disminución de la pobreza y distribución igualitaria si es que no se hace cargo de darles alternativas a sociedades que necesitan salir del atraso y de la dependencia; alternativas que no respondan a visiones regresivas y neoconservadoras sino que puedan dar un profundo debate, de matriz humanista, sobre los vínculos entre producción, tecnologías, medio ambiente, inversión necesaria y sustentabilidad. Lo demás es falso virtuosismo incapaz de pensar la cuestión social o simple cinismo.



Así como resulta absurdo, económica y políticamente, desconocer la historia y la proyección futura de la minería en un país que es atravesado de norte a sur por miles de kilómetros de cordillera, también resulta indispensable reconocer el derecho de los habitantes de esas geografías a ser partes activas a la hora de planificar y resolver estrategias de desarrollo que involucran directamente sus vidas y la de sus hijos. No hay soberanía territorial que no venga acompañada por la soberanía del pueblo pero no entendida como unanimidad abstracta sino como conjunción de diversidades. Ese es el abc de la democracia, el núcleo fundador de cualquier proyecto de nación que tenga como brújula orientadora la idea emancipatoria que reúne en un mismo movimiento la indispensable generación de riquezas –industriales y primarias–, la distribución equitativa, la preservación y expansión de los derechos y la protección de la naturaleza. Nadie dice que sea sencillo encontrar la ecuación adecuada. Esa es la tarea de la genuina invención democrática, la que aspira a construir una sociedad más justa.
Fuente: 
InfoNews.