Viernes, 17 Febrero, 2012 - 20:54

Aporte para debatir
Sobre el Instituto del Defensor del Pueblo

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Desde mi lugar de diputado, deseo manifestarme sobre un tema que considero que se ha convertido en un capitulo de la vida política e institucional de la provincia que quedará como ejemplo de lo que ocurre cuando se ponen los intereses personales por sobre los de la ciudadanía…

…hablo del instituto constitucional del Defensor del Pueblo.



Desde que se designare a los Dres. Gustavo Corregido y Daniel Illia como defensor del pueblo y adjunto respectivamente, se han sucedido una serie de hechos que lejos de brindar respuesta a la gente, han convertido en una máquina de impedir a la Legislatura Chaqueña, por mezquindades de algunos sectores que priorizan su visión particular por sobre la de tipo normativa, más precisamente, por sobre la de tipo constitucional.



Esta serie de sucesos, desde mi punto de vista, han llegado al pináculo de la injustificación, cuando desde hace un tiempo algunos legisladores comenzaron a exigir disculpas, a hablar de la necesidad de “ratificación” en los cargos de las dos personas designadas, a expresarse en el sentido de que “no se ha logrado el consenso necesario” sobre el tema, y creo que se ha tocado fondo cuando desde la Cámara de Diputados se le dice a la sociedad que “nadie sabe que va a pasar con el defensor del pueblo”.



El Nuevo Espacio de Participación (N.E.Par.) y quien suscribe en su carácter de titular del mismo, ya nos hemos pronunciado en diversas ocasiones sobre este tema, teniendo como principal eje de nuestra posición la necesidad y urgencia de poner en funcionamiento la Defensoría del Pueblo; criterio el cual se tiene en común con el Sr. Gobernador, y otros partidos, que como el de quien suscribe, integran el Frente Chaco Merece Más.



En dicho contexto me pregunto: ¿Qué puede pensar el ciudadano chaqueño cuando desde la legislatura se le dice que nadie sabe que va a pasar con el defensor del pueblo? ¿Qué puede pensar la ciudadanía cuando se supedita su puesta en marcha a que quien fue designado emita expresa, contundente y públicamente sus disculpas, porque (dicen algunos) con una “rectificación” no alcanza? Me parece vergonzoso. ¿Puede estar el interés de un legislador en que se disculpen con él por encima del interés supremo de nuestro pueblo? Francamente no, y es vergonzoso que todos los habitantes sean cautivos de una lucha de egos, de una pelea a la que el término “mediático” a estas alturas parece quedarle chico, y de un total desinterés en brindarle a la sociedad una herramienta que no tiene por finalidad otra que velar por sus derechos, intereses y necesidades.



Se habló de “falta de consenso suficiente”, y parece inclusive una ironía de parte de algunos siquiera mencionar el término, en la medida de que con qué autoridad puede reclamarse consenso cuando no se hace nada para lograrlo, cuando cada dicho, comunicado o aparición en los medios es al solo fin de profundizar las diferencias y sembrar dudas sobre la continuidad de los designados defensor del pueblo y adjunto, quienes, como ya hemos manifestado anteriormente, son removibles sólo por Juicio Político.



Para poner en duda sus designaciones, se ha mencionado que sería necesaria su “ratificación” en los cargos, lo que además de ser un argumento rebuscado y falaz, genera suma confusión en la opinión pública, en la gente a quien representamos. Que quede claro, no hay que ratificar a nadie, ni a Corregido, ni a Illia; porque aunque tenga que repetirlo muchas veces, la ley es clara al decir que duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por una sola vez, debiendo reunir los mismos requisitos que para ser Diputado, con las mismas inhabilidades, inmunidades y privilegios… y que, el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Adjunto no podrán ser removidos sino por las causales y el procedimiento establecido para el Juicio Político (Art 4° -Ley 4190- y en igual sentido el Art. 120 de la Const. Prov.). Sería bueno que los legisladores opinemos más con las leyes en la mano, pero por sobre todo, luego de haberlas leído como nuestra investidura lo exige.



Otra cuestión interesante en este capítulo es el hecho de que el Gobernador se ha pronunciado una infinidad de veces sobre su decisión de poner en funcionamiento la defensoría del Pueblo, y se lo ha pedido a los legisladores que integran su frente, y lo ha hecho público, y aún así parece que muchos no se hacen eco de la voluntad de nuestro Gobernador, como si quien se los pidiera fuere cualquier persona y no el titular del Ejecutivo que accedió a su segundo mandato con el 66,56 por ciento de los votos.



Por ello, y sin ánimo de extenderme más de lo que la cuestión lo amerita, solicito a todas las partes involucradas en el tema, para lo que tienen mi expreso compromiso y apoyo, a dotar de la estructura necesaria al instituto del Defensor del Pueblo, y ponerlo de una vez por todas en marcha para el bien de nuestra provincia y sus habitantes, a quienes como sus representantes, les debemos seriedad y trabajo constante.



(*) Diputado provincial