Sábado, 11 Febrero, 2012 - 20:04

Análisis periodístico
Malvinas, la minería, el petróleo y el SUBE desnudan la actual flaqueza de la comunicación del Gobierno

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Algo le debe estar pasando al kirchnerismo, porque en el último tiempo no da pie con bola en materia comunicacional, ya que sus errores de principiantes están haciendo descender el "relato" oficial a la categoría de cuentito. Por estas horas, quienes diseñan el discurso gubernamental están cometiendo el peor de los pecados, diría Borges: subestimar a los destinatarios de los mensajes.

Así, las explicaciones que se han intentado sobre el petróleo, la minería, los subsidios y hasta el minué de la tarjeta SUBE se han convertido en un cúmulo de eufemismos, medias verdades o ambigüedades dichas de boca para afuera por el Gobierno con aires de seriedad, pero a partir de conceptos que invariablemente suenan como excusas para no hacerse cargo de los sucesos.



Tanta chapucería ni siquiera ha dejado a salvo del incendio a la propia Presidenta.
Además, la pasión por enderezar algunos entuertos de esa manera tan elemental le baja credibilidad a otros temas muy delicados, como el impulso que se le está dando a la cuestión Malvinas, aunque en este tema también se ha apelado a tácticas comunicacionales cercanas a la manipulación, sabido como es el sentimiento de los argentinos al respecto.



El procedimiento de la comunicación directa lo impuso Néstor Kirchner para construir una fuerte ligazón con la gente sin la intermediación de los medios. Al temor a dar una mala imagen o a quedar mal que generó hasta la televisación única de los actos oficiales para que los planos de cámara muestren únicamente aquello o a quienes se desea mostrar, ahora se le ha sumado videoconferencias que sirven para pasar mensajes y donde sólo se habla de aciertos y alabanzas.



En ese marco, todo lo que se muestra y se dice queda bajo la sospecha de haber sido preparado. Juan Perón diría que ya la gente "le está viendo la pata a la sota".
El método, que pasó a la categoría de antigualla a las ruedas de prensa locales, se ha descascarado tanto por el modo enrevesado de comunicar de los últimos tiempos que hasta Cristina Fernández derrapó el jueves pasado, cuando le dijo "vos no sos un político" y presentó como un "trabajador que defiende su fuente de trabajo" al vicepresidente del PJ de Olavarría.



Por más que estos datos se conocieron después, ya cuando habló "Antonio" (en realidad era Armando) y lo hizo a favor de la minería, el olor a armado propagandístico había sido evidente.
La cuestión minera tiene a maltraer al Gobierno, que no puede entender cómo en provincias donde su caudal de votos ha sido tan amplio, no logra imponer un tema que genera muchas divisas e impuestos, justo ahora que más se necesitan.



Según un estudio de la consultora abeceb.com, la minería llegó en 2010 a una inversión de U$S 2.600 millones, generó divisas netas por aproximadamente la misma cantidad y aportó en impuestos la suma total de $ 5.600 millones, de los cuáles $ 1.260 millones (26%) fueron para las provincias.




"El aporte total de la minería a las arcas nacionales y provinciales, representó 24% de su valor bruto de producción y 52% de su valor agregado en el año 2010", reportó la consultora que orienta el economista Dante Sica.
Pese a estos números, no parece haber aún "consenso social" para los llamados megaemprendimientos y el ruido es constante en defensa del agua y del aire. Ante el desborde de los acontecimientos y a pesar de lo que es habitual para la lógica de avance K, que incluye no mostrar retrocesos, la Presidenta tuvo que aceptar que "vamos a tener que darnos una discusión en serio: tenemos que exigir calidad ambiental a las empresas, pero también responsabilidad a las distintas organizaciones", por aquellos ecologistas que le dan dolores de cabeza al Gobierno, tras el oportuno pie que le dio "Antonio", quien calificó a los activistas, ante el beneplácito de Cristina, de "seudoambientalistas".



Pese a la enjundia del discurso presidencial, un día después las fuerzas policiales de Tucumán y Catamarca no tuvieron reparos en desactivar los piquetes por la fuerza. Una vez más, la confrontación entre el discurso y los hechos dejaron pedaleando en al aire a la más alta magistratura.



Otra historia pasó por el petróleo, rubro donde nadie quiere hacerse cargo de los graves errores de la política energética de estos años, mientras se pretende encapsular los dislates en voluntarismo puro para castigar especialmente a YPF, que se ha convertido en el chivo expiatorio del asunto.



El club de las provincias petroleras produjo un duro documento consensuado entre ellos, pero inspirado por el gobierno nacional, donde exigen, fijan y amenazan con acciones que le devuelvan al sector el "autoabastecimiento".
Ese autoabastecimento se perdió, el horizonte de reservas se cayó como un piano (sólo YPF perdió 48% entre 2002 y 2009) y resulta que ahora la Argentina es importador neto de energía.



Lo que difiere a la hora del análisis es la visión sobre las responsabilidades de semejante dislate, que parece que la sumisión de los gobernadores descubre recién ahora: o fue por falta de inversión o por falta de incentivos.
La tesis gubernamental es que los privados, sobre todo YPF, que domina el mercado, no han invertido lo suficiente y que giró más dividendos de los necesarios y que por eso no explora, no perfora ni produce lo que se necesita.



Lo que no surge del documento, ni tampoco los firmantes quieren explicar con detalle, son los precios del petróleo y del gas que se reconocen en el mercado interno, pisados desde hace una década por el gobierno nacional, mientras en el exterior se paga lo que haya que pagar, valores que para mantener los subsidios al consumo terminaron desalentado a la producción.
Cómo se puede creer que ahora todo es tan complicado por culpa de YPF, si era la empresa mimada en tiempos de Néstor Kirchner.



Si hasta se le autorizó una inusual forma de incorporación de un socio nacional, quien pagó sus acciones con las utilidades de la misma compañía. Y por último, se aplaudieron oficialmente sus avances en materia de petróleo y gas no convencional, mientras los expertos decían que había que invertir mucho dinero para extraerlo.



Y otra vez, el desatino comunicacional, cuando se le hizo presentar de modo triunfal a la propia Presidenta ese descubrimiento que recién ahora verifican los gobernadores que parece haber apuntado "a una especulación bursátil" y no a "un plan concreto de desarrollo sustentable": "Este hallazgo significa un incremento de las reservas de YPF de 28 por ciento y de las reservas generales en la Argentina, en materia de crudo, de un 6 por ciento", afirmó Cristina en una videoconferencia en mayo del año pasado, mientras se sorprendía por el color amarillento de la extracción.




Ni que decir en todo este aquelarre de principiantes de la comunicación, que la cuestión del SUBE colmó la paciencia de miles de personas que salieron a buscar su tarjeta bajo el sol implacable del verano, quienes según el secretario de Transporte se "acordaron tarde", mientras él lo más campante esperaba recién hasta el día anterior para avisar que se prorrogaba la fecha de puesta en vigencia.



Pero, además, dio una explicación magistral para hacerle saber a quienes no saquen la tarjeta que en realidad van a tener que pagar de su bolsillo lo mismo que cuesta el pasaje ahora, porción que hoy está atendida por el subsidio. A ese número, que no proporcionó, se lo llama "tarifa plena" y para Schiavi eso no es un aumento. Tanto es el cúmulo de subterfugios para explicar tantas cosas casi inexplicables que se han escuchado durante los últimos días que hasta la conferencia de prensa que dio el canciller Héctor Timerman en Nueva York para denunciar la militarización nuclear del Atlántico Sur sonó el viernes como algo descolgado, para el proceder habitual de la Administración.



La importancia de la cuestión no sólo sirvió para retomar la práctica de las ruedas de prensa, que en la Argentina ha vuelto a convertirse en tabú, sobre todo porque las autoridades no quieren correr el riesgo de escuchar preguntas comprometidas de periodistas que no están alineados con el pensamiento oficial, sino porque además se produjo un acercamiento sui generis con la oposición.




Es verdad que las mayorías legislativas, fruto del acompañamiento popular de octubre último, le dan al oficialismo en el Congreso mucho margen para actuar, pero suponer que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con los métodos que pretende ensayar el Gobierno sólo porque Malvinas es una causa de todos, suena a que la vocación por construir una política de Estado para que la sigan todos los gobiernos de cualquier signo, tal como se la entiende en otros países, es por ahora un proceso de fuegos artificiales.
En cuanto a la convocatoria al acto, que abrió grietas en las internas partidarias sobre si concurrir o no concurrir, a quienes fueron se los sentó en primera fila, tal como corresponde en un tema de esa envergadura, pero nunca nadie, ni antes ni después, les dijo a los opositores, ni siquiera por delicadeza, de qué se trataba.



Ante la expectativa, y frente a todos, la Presidenta firmó el Decreto de la desclasificación del Informe Rattenbach y anunció la presentación del tema de la "militarización" del Atlántico Sur ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
Igualmente, cada uno de estos puntos tuvo sus bemoles, ya que no sólo el Informe del militar sobre las responsabilidades políticas y estratégicas de la guerra de 1982 ya era conocido, salvo en sus anexos que ahora una Comisión biministerial decidirá si pueden salir a luz, sino que la Presidenta -de raigambre peronista- elogió en un par de oportunidades a su autor, como si no supiera que Benjamín Rattenbach, secretario de Guerra del presidente José María Guido, había sido quien en 1963 ratificó la proscripción del peronismo en las elecciones de ese año y asignó por Decreto responsabilidades penales a quienes hicieran apología o difundieran las directivas del "tirano prófugo".



En cuanto al rimbombante anuncio de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, la Presidenta no lo dijo para el gran público, pero su mecánica impide prácticamente que la petición argentina llegue a feliz término, ya que el Reglamento Interno le niega la oportunidad. El Consejo tiene 15 miembros, 10 de ellos elegidos cada dos años que van rotando de cinco anualmente, más cinco permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Gran Bretaña).



Cada uno de sus miembros dispone de un sufragio, pero mientras las decisiones sobre cuestiones de procedimientos son tomadas por el voto afirmativo de nueve cualquiera de los 15, todas las demás decisiones requieren también el sí de nueve, pero incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. "Esta es la regla de el gran poder de la unanimidad, a menudo referida como el poder del veto", detalla la página de Internet de la ONU. Por este motivo, Cristina -conocedora de "la utilización de ese sillón que cada una de las potencias tiene"- señaló que también se hará la petición ante la Asamblea.




En ese discurso del martes frente a la oposición, que curiosamente no difundió la cadena nacional, la Presidenta no dijo ni una palabra de la cuestión del submarino nuclear que era un tema que había agitado un diario de Londres. El jueves, recién ella señaló que el canciller Timerman viajaba "a las nueve y media" a hacer la presentación ante la ONU y entonces sí habló como al pasar de "lo que es la introducción también de armamento nuclear en la zona".




Por la gravedad del tema Malvinas, sólo estos últimos deslices comunicacionales bien podrían tener su explicación en cuestiones de oportunidad estratégica pero, en conjunto, aparentan ser como el tinglado de Titanes en el Ring, que funcionó hasta que se terminó la inocencia de muchos y la complicidad del resto público lo quiso.
Fuente: 
(*) Periodista de DyN