Miércoles, 1 Febrero, 2012 - 19:24

Cuatro empresarios irán a juicio
Sometían a trabajo esclavo a aborígenes de Formosa

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Están acusados de explotar a una veintena de trabajadores, entre los que había miembros de la comunidad Toba y bolivianos. Los hacían trabajar hasta 16 horas, siete días a la semana, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

La decisión, conocida hoy a través del Centro de Información Judicial, fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que confirmó el procesamiento de los dueños de establecimientos distribuidos en la provincia de Buenos Aires donde se desempeñaban esas personas.



Según la resolución publicada por el CIJ los imputados Sabina Choque Acarapi, Francisco Núñez Rodríguez, Marta Niura Mendoza y Bernardo Choque Acarapi deberán ir a juicio por "trata de personas llevado a cabo mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad".



De acuerdo con la resolución, "a pesar de la oferta de mano de obra existente en la provincia de Buenos Aires (los imputados) escogieron contratar trabajadores procedentes de la provincia de Formosa, sin una calificación especial que justifique tal elección" y dos personas oriundas de Bolivia.



"Así estas personas, impulsadas por condiciones socioeconómicas desfavorables, dejaron su comunidad, sus vínculos familiares, afectivos y sociales, para encontrarse en un lugar extraño y lejano, sin contención de ningún tipo. Al respecto, algunos de los trabajadores manifestaron desconocer en qué provincia se encontraban y relataron que en el único día que podían salir del lugar, no se aventuraban demasiado lejos porque no conocían la zona", dijo el fallo. La causa se inició cuando una mujer se presentó en dependencias de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas -UFASE- para denunciar que, tras un problema de dinero con sus patrones, no le habían dejado retirar sus pertenencias del lugar cuando estaba embarazada de ocho meses y su hermana la fue a buscar para llevársela de allí.



De ahí surgió que la mujer -que vivía con sus hijos en la cocina del predio donde trabajaba, en Ezpeleta- había llegado al país en 2008 y trabajaba envasando verduras los siete días de la semana, en jornadas que se extendían 16 horas.



La Justicia allanó el lugar, confirmó la situación de los supuestos trabajadores y procesó a los cuatro responsables del predio, pero la defensa dijo que "los damnificados habrían prestado su consentimiento para trabajar bajo las órdenes de sus empleadores".



No obstante, los jueces de la Cámara Penal de La Plata advirtieron que los acusados incurrieron en un "abuso de una situación de vulnerabilidad" y describieron las condiciones de las víctimas.



"Diecisiete personas pertenecían a la comunidad toba La Primavera, emplazada en la provincia de Formosa, y dos personas eran de nacionalidad boliviana; comenzaron su relación laboral contrayendo una deuda vinculada con el traslado; todos ellos se encontraban aislados de sus familias y comunidades; a la mayoría, sus patrones les debía dinero; no les fueron aclarados de antemano los términos de la relación laboral; el nivel de educación formal recibida por los damnificados no superaba la mitad de la escolaridad primaria" y todos trabajaban porque la situación de "pobreza" en que estaban, dijeron los jueces.
Fuente: 
Agencia DyN