Sábado, 28 Enero, 2012 - 20:37

Análisis periodístico
De domingo a domingo
Se habla de reelección, pero el propósito central de la reforma es abolir la Constitución liberal de 1853

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Ya lo dijo la presidenta de la Nación: "No se hagan los rulos" con la reelección. Fue hace casi un año, cuando inauguró las sesiones legislativas de 2011, a propósito del "Cristina eterna" que había hecho correr "alguna compañera que siempre me quiso mucho". Hoy, cuando hasta el mismísimo Amado Boudou habla sin tapujos de una eventual reforma constitucional, hay que observar que una afirmación no se contradice con la otra.

Una cosa es el verdadero fundamento ideológico de los cambios que se proyectan para terminar con la Constitución liberal de 1853 y otra saber si Cristina Fernández desea seguir al frente del proceso.



De lo que se habló durante la semana última, en una reunión de la militancia a la que asistió el Vicepresidente, fue más de reforma que de reelección y resultó ser una verdadera cortina de humo que dispersaron los muchachos de La Cámpora para ver cómo caía la cosa, una ofensiva de vuelo corto que ahora se relativiza. Igualmente, nadie cree que lo que pasó en Mar del Plata haya sucedido sin la bendición presidencial. Dicho de otra manera, el cristinismo está utilizando la aún extraordinaria imagen pública de la Presidenta para instalar el tema, incluso ocultando el verdadero sentido de la movida que pretende archivar los derechos y garantías individuales, hoy pasados de moda para cierto pensamiento. La figura de CFK es la referencia vital para que la cuestión siga para adelante, avanzando y retrocediendo, pero hacia adelante al fin. Luego, si es con ella o no al frente del proceso, a muchos teóricos de los cambios no les resulta relevante, si se ha conseguido el objetivo.



En el aspecto estricto de la continuidad presidencial, tan cuidadosa de los tiempos como es Cristina, es seguro que ella dejará flotar la duda hasta el último instante. Política al fin, acaba de confesar a la hora de mostrar la herida de su operación de tiroides que "la estética me puede, pero bueno, dije: la política antes que la estética, querida". Por eso, por su condición de dirigente de raza, la bola puede saltar para cualquier lado. Seguramente, la Presidenta querrá calibrar hasta dónde el tema de la reelección puede dañar su imagen. Por un lado, "¿a quién no le gusta seguir batiendo récords?" se preguntaba un kirchnerista de la primera hora, quien la conoce bien desde Santa Cruz y que apuesta a que su deseo sea de continuidad. Por otro, sería para ella un gran logro irse por la puerta grande y dejarle el camino abierto al "trasvasamiento generacional" del que tanto hablaba Juan Perón.



Desde lo histórico-ideológico vale recordar que los derechos y garantías que consagra la Constitución de 1853 son casi los mismos que había establecido la de 1819. Nunca fueron tocados, ni siquiera en la última versión de 1994, en cuya redacción participó en forma muy activa el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. A lo sumo, esas normas fueron enriquecidas y complementadas por la reforma peronista de 1949, una pieza influenciada por la creciente intervención del Estado, que fue desactivada, salvo en los llamados derechos sociales, por la llamada Revolución Libertadora.



En la Constitución que ahora se cuestiona filosóficamente se reafirma de modo irrestricto la igualdad ante la Ley y se proclaman los derechos a la vida, a la propiedad y a la seguridad y se protegen de manera primordial las libertades individuales, políticas y económicas, las que se colocan por encima del Estado, salvo cuando los ciudadanos se apartan de las leyes y sus acciones colisionan contra los derechos de los demás. Según sus defensores, fue esa Constitución la que desató la fuerza de los espíritus creativos y posibilitó el importante despegue económico de la Argentina de fin del siglo XIX que llegó, enriquecido por una inmigración constante y trabajadora, hasta 1930.



Desde lo formal, esa Ley Fundamental, la misma que impulsó decisivamente Juan Bautista Alberdi y la que aún rige a la Argentina en todas esas cuestiones, siguió los lineamientos de la Constitución estadounidense, tanto en el modelo (presidencialismo) cuanto en las formas (federalismo), aunque tomó como referencia esencial a los habitantes de Europa.



Quienes hoy postulan la necesidad de salir de este esquema, sostienen que el mundo, especialmente América latina, vive tiempos de cambios y que eso está sucediendo tras la década del ´80, "perdida" por culpa de las exigencias de los países centrales que impidieron una mejor distribución de la riqueza y del período de los años ´90, signado por las privatizaciones de los servicios públicos que se pusieron, dicen, al servicio de los capitales internacionales para acentuar la dependencia y permitir la salida de la riqueza hacia el exterior.



Para la concepción que quiere avanzar en una nueva Constitución, los cambios democráticos que se dieron en la primera década del nuevo siglo apuntaron a terminar con las llamadas políticas neoliberales y eso permitió que las grandes mayorías se expresen en cada uno de los países de la región, con la diversificación conocida entre el bloque más populista (Venezuela, Ecuador, Bolivia) y el más racional (Brasil, Uruguay, Perú y desde el otro lado del espectro, Chile y Colombia). Consideran estos ideólogos que hoy no es posible soslayar la creciente intervención del Estado y dejar que los individuos tengan prevalencia sobre lo social.



De allí, que los más radicalizados del equipo gobernante apunten a cambiar lo que para ellos no va más en el mundo, con formas de democracia social más participativas, aunque por ahora estén disfrazando esa pretensión central con el maquillaje de la reelección o con un cambio hacia un parlamentarismo que permita mantener con las mayorías del Congreso a un mismo líder durante mucho tiempo. "Pero si no he podido lograr que me aprueben el Presupuesto, si soy la primera Presidenta sin Presupuesto. ¿A ver, alguien me puede explicar cómo voy a lograr una reforma constitucional?", se preguntaba Cristina en aquella intervención ante la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que, pese a la extraordinaria elección de octubre, aún hoy le falta número al oficialismo para alcanzar las mayorías especiales en ambas Cámaras, tal como lo pide la Constitución actual para declarar la Necesidad de una Reforma. "¿A quién se le ocurre lo de la reforma constitucional?", decía por entonces y, claro está, le echaba la culpa a la prensa: "Lo que están tratando de hacer es lo que siempre hicieron, campañas difamatorias, campañas distractivas... Realmente, hay algunos titulares que hace algunos años me daban rabia, hoy dan risas".



El expediente de trasladarle la responsabilidad a los medios ya ha comenzado a usarse con lo conversado en Mar del Plata. La Agencia DyN puede dar fe que los detalles de la reunión le fueron comentados por uno de los participantes. Sin embargo, ya se ha dicho casi oficialmente que no fue para tanto y en cualquier momento puede llegar una desmentida. Este es un clásico en el universo K: matar al mensajero o responsabilizar a las oscuras fuerzas del mal, sin hacerse cargo de los errores.



Sin ir más lejos, el día que reasumió, la Presidenta mostró la cicatriz de su garganta y pretendió hacer creer que los medios habían expresado dudas sobre si la habían operado o no. En verdad, ese punto nunca estuvo en juego. Las críticas periodísticas fueron a lo desacertado del diagnóstico o al procedimiento médico o, en todo caso, a la chapucería comunicacional desplegada, pero nunca la información pasó por aquel extremo.



En todo caso, el silencio de radio de su convalecencia en Olivos, que llegó a contramano de otra afirmación de su discurso ("La verdad que uno debe informar paso a paso lo que le pasa a la salud del Presidente porque es una cuestión de Estado y porque la gente lo debe saber"), se prestó más para chismorreos sobre cirugías reconstitutivas que para otra cosa.



En la semana, el caso del SUBE también fue también para darle palos a la prensa, sobre algo más que evidente que no se podrá tapar por más que se disfrace como "redireccionamiento de subsidios": la entrega de tarjetas de viaje y el empadronamiento terminará en un aumento del transporte. Al secretario del área, Juan Pablo Schiavi, le da urticaria cuando le tuercen el argumento y se enrosca cada vez más en explicaciones que suman más incertidumbre, como la de la "tarifa plena". Después se enoja cuando la gente se arremolina y entonces pide "calma y mesura" y que se termine con la "psicosis", sin considerar que si él hubiera explicado a cuánto ascenderá la tarifa, los usuarios podrían haber actuado con la racionalidad del mercado y haber calculado los costos y beneficios de hacer colas de varias horas bajo el rayo del sol.



Claro que hablar de mercado no entra en el léxico del Gobierno por noventista y si no que lo digan todos los sectores que se han quedado entrampados durante los últimos días en la pretensión gubernamental de cuidar los dólares que se van al exterior, quienes hacen las "avivadas", en el léxico de la Presidenta. Desde los particulares, hasta los importadores que deberán pedir permisos múltiples o los banqueros, quienes ahora tendrán que juntar más capital, hasta las empresas que tienen que girar utilidades o quienes traen piezas del exterior para ensamblar, obligados a pasar primero por un proveedor local. Sin contar a las petroleras, que con la cuestión del gasoil han sido conminadas a cobrar lo mismo las ventas a granel que en el surtidor.



Por detrás de todas estas movidas de controles burocráticos, está la figura omnipresente del "príncipe" Guillermo Moreno, quien no necesita de una nueva Constitución para manejarse. El artículo 40 de la versión de 1949 decía que el capital "debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social" y a él se remite de modo permanente el secretario de Comercio.



Más allá de las batallas por el espacio de conducción que se están librando contra Hugo Moyano y Daniel Scioli, en toda esta montaña rusa de gran vértigo que ha motorizado el kirchnerismo se avanza inexorablemente hacia una presencia cada vez mayor del Estado en la vida de los ciudadanos. La avanzada y la retirada táctica tras la reunión marplatense no parece tan ruinosa al fin y al cabo, ya que, en el mientras tanto, se siguen vulnerando de hecho muchos aspectos de la Carta Magna aún vigente, que habrá que ver si los jueces se animan a amparar.
Fuente: 
(*) Agencia DyN