Viernes, 20 Enero, 2012 - 11:34

Temas para el 2012
Debates en Diputados: Defensor del Pueblo, expropiación del terreno legislativo y Educación Sexual algunos de los temas

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En las primeras semanas del año, han ingresado a la Legislatura chaqueña distintos proyectos que prometen un extenso debate en el recinto al retomarse las sesiones. Entre algunos de los proyectos se destacan la propuesta del Frente Grande para reducir el número de firmas para presentar proyectos de ley; por su parte Carlos Martínez propone modificar la ley que crea el instituto del Defensor del Pueblo e incluir la educación sexual en escuelas públicas y privadas. También ingresó el proyecto de expropiación del terreno legislativo para construir un parque.

El Frente Grande propone reducir el numero de firmas para presentar proyectos de ley. La iniciativa que lleva la firma de los diputados Fabricio Bolatti y Daniel Trabalón ingreso a la Legislatura tiene por objetivo modificar la norma vigente 4313 que regula la iniciativa popular, con ese objetivo se reduciría a 5 mil firmas del padrón electoral las necesarias para que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley, cuando en la actualidad se requiere el 1,5% del padrón. Además impulsa reformas sobre la revocatoria de los mandatos de cargos electivos.



La propuesta de ser aprobada por la Cámara de Diputados establecerá que la iniciativa popular tendrá lugar cuando no menos del cinco por mil de los ciudadanos del padrón electoral provincial presenten a la legislatura un proyecto de ley. El mismo deberá contener: firma certificada de los peticionantes, con declaración de la misma, domicilio, D.N.I,
la autenticidad de las firmas deberá acreditarse mediante certificación de escribano público, juez de paz o de autoridad policial. También deberá contener la proposición en forma clara y articulada con expresión de sus fundamentos.



Los legisladores además proponen que “recibido el proyecto este será ingresado en la primera sesión inmediata y pasara sin más trámites a la comisión respectiva, la que deberá dar despacho dentro del plazo de 30 días. Una vez producido el despacho de comisión, el cuerpo legislativo se expedirá sobre el mismo sancionando u ordenando el archivo de todas las actuaciones, aplicándose en este último caso lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 117 de la Constitución Provincial 1957-1994”.



“Si transcurrido el plazo de doce meses sin que la Cámara trate el Proyecto o no se obtuviera la mayoría para su sanción en ese plazo y previo a que se resuelva su archivo, la Cámara deberá considerar la convocatoria a Consulta Popular Vinculante de la iniciativa”, , resaltan.



En cuanto a la revocatoria de mandato los diputados pretenden establecer que la misma “tendrá lugar cuando no menos del tres por ciento de los ciudadanos del padrón electoral soliciten por las causales de juicio político la destitución de un funcionario electivo. Este derecho solo podrá ejercitarse seis meses después de la asunción del cargo y hasta seis meses antes de la cesación del mandato”.



En los fundamentos los referentes del Frente Grande en la Legislatura Provincial aluden que “estas herramientas, con el debido compromiso ciudadano, son verdaderos instrumentos que permiten desmonopolizar el manejo de la agenda pública ante determinadas situaciones y con la participación directa de la ciudadanía. Es posible que la misma Constitución haya sido restrictiva en la posibilidad de su aplicación, pero también es cierto que la legislación que los reglamenta ha avanzado sobre ésta y ha restringido aún más su utilización”.



REFORMAS
A LA LEY DE MEDIACION DEL CHACO

También el Frente Grande son coautores del proyecto de ley 4731/11, que tiene por objetivo introducir algunas modificaciones
a esta normativa vigente que regula la mediación en la Provincia del Chaco. Esta propuesta –sostienen-
surge a partir de la necesidad de adecuar su contenido a los esquemas actuales vigentes dentro del sistema penal ya que la sanción de la norma data del año 2001,
siendo
anterior a la modificación del sistema penal.



Los diputados Fabricio Bolatti y Daniel Trabalón proponen que se modifique el artículo 4 de la ley antes mencionada de manera tal que “la mediación pueda proceder especialmente en aquellos hechos delictivos que prevean una escala penal máxima de seis años de prisión, delitos culposos en general, como así de inhabilitación o multa”.



Otro artículo que se reformaría si prospera el proyecto es el artículo 14 de manera tal que “el acuerdo al que se arribe tendrá carácter de titulo ejecutivo suficiente para la interposición de la acción civil ante el fuero respectivo, en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales. En caso de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, deberán remitirse las actuaciones al fiscal de investigaciones intervinientes para el trámite del proceso penal correspondiente”.



En cuanto a la mediación en el proceso los diputados plantean, entre otras cosas que “una vez radicadas las actuaciones ante el Fiscal de Investigación y estimando la existencia de materia penal para investigar, en cualquier etapa del proceso, a propuesta de la victima u ofendido por el delito, o del imputado o su defensor, podrán someterse las actuaciones a mediación o proceso de reparación”.



Plazo de la mediación

Respecto de esta cuestión, de aprobarse este proyecto el nuevo artículo determinará que “la resolución del conflicto deberá lograrse en un plazo de sesenta días hábiles. En caso de no hacerlo en este término las actuaciones deberán remitirse al Fiscal de Investigación interviniente, dando por fracasado el proceso de mediación, salvo que a solicitud del mediador con el consenso de las partes, el Fiscal considere útil conceder una nueva oportunidad para la celebración del acuerdo por igual cantidad de días”.



“El acuerdo alcanzado deberá ser aceptado por resolución fundada del Fiscal de investigación, quien determinara si el daño ha sido reparado en la mejor forma posible, referido a la no violación de preceptos constitucionales en cuyo caso podrá enviarlo a una nueva mediación para subsanar los mínimos legales”, se plantea como modificación a otros de los artículos.



Además se propone que “aceptado el acuerdo se procederá al archivo provisorio de las actuaciones hasta tanto se dé efectivo cumplimiento al acuerdo arribado, quedando a cargo del mediador y de las partes el control del cumplimiento del mismo”.



“La modificación de la Ley de Mediación Penal vigente en la provincia surge a partir de la necesidad de adecuar su contenido a los esquemas actuales vigentes dentro del sistema penal. La sanción de la norma en el año 2001 es anterior a la modificación del sistema penal, que introduce un cambio trascendente en la organización y funcionamiento del proceso investigativo”, explicaron los legisladores.



Finalmente aclararon que “la necesidad de esta reforma ha surgido de una convocatoria planteada por este bloque a distintos sectores involucrados en la actividad procesal penal de la provincia, donde los profesionales pusieron de relieve la situación de desuetudo en que han quedado algunas de las referencias actuales de la norma”.





MODIFICAR EL INSTITUTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO



Ingreso a la Legislatura el proyecto de ley Nº 24/12, autoría del diputado Carlos Martinez a través del cual se pretende introducir modificación al artículo 5º y 6º de la Ley Nº 4190, de creación del Instituto Defensor del Pueblo.



Entre otras cuestiones, promueve que el Instituto funcionará como organismo con autonomía funcional y autarquía presupuestaria y estará integrado por el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Adjunto y el personal profesional y auxiliar. Además se designara a los funcionarios y empleados por concurso de antecedentes y oposición.



El legislador además promueve que la estructura orgánico-funcional y administrativa de la Defensoría sea establecida por su titular y aprobada por ley. En tanto, que en el articulo 6 su propuesta establece que
“el Defensor del Pueblo designará, previo concurso público de antecedentes y oposición, a los demás funcionarios y empleados con desempeño en su defensoría, a quienes promoverá, sancionará y hará cesar, en condiciones legales, mediante las reformas y dentro de los límites presupuestarios habilitados al efecto. Podrá solicitar pases y reubicaciones definitivas de personas para su defensoría, desde cualquier dependencia del poder público provincial”.



Además “el Defensor del Pueblo aplicará por sí las medidas disciplinarias que contemple el Estatuto para el Personal de la Administración Pública. A todo efecto se declaran aplicables las leyes 2017 y 2018, en lo que no se opongan a la misma”.

 

Según las apreciaciones
del diputado del Bloque Libres del Sur “el proyecto tiene por objeto someter a consideración del cuerpo legislativo la modificación de la ley que regula el Instituto del Defensor del Pueblo estableciendo referencias concretas en torno a su carácter funcional, su independencia y transparencia”.



“Los hechos de público conocimiento referentes a la sanción de la Ley 6907, que crea la estructura de cargos en este instituto, fueron advertidos por este bloque al momento de la sanción legislativa N° 6817 en la Sesión Ordinaria N° 14 celebrada el 8 de junio de 2011; allí se propuso un despacho in voce que modificaba la ley 4190, en varios artículos”.



Aclaró que “nuestra propuesta para intentar avanzar en una solución consensuada se sintetiza en primer lugar, en la inmediata vuelta atrás en la decisión de establecer por ley especial (la 6907, ahora vetada) no solo la estructura de cargos de la Defensoría sino también, por planilla anexa, las designaciones de las personas que iban a ocupar esos cargos”.





EXPROPIACION DEL TERRENO LEGISLATIVO PARA CONSTRUIR EL PARQUE DE LA JUVENTUD Y LA MEMORIA



El Presidente de la Legislatura chaqueña Eduardo Aguilar es autor de la iniciativa 06/12, que tiene como objetivo modificar el artículo 2º de la ley nº 6198 que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble
para la construcción del edificio legislativo. Advierte que por las características topográficas y ambientales del inmueble no se podrá concretar la obra por lo que se propone que allí se construya el “Parque para la Juventud y la Memoria”.



El proyecto de ley presentado por el titular del parlamento considera que “los inmuebles expropiados tendrán como destino la construcción del Parque de la Juventud y la Memoria, en el que, además de las construcciones necesarias para las actividades deportivas y de esparcimiento, deberán reflejarse artísticamente, a través de ideas surgidas de un concurso a realizar por la Legislatura, sobre los siguientes
hechos históricos: la masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924, la masacre de Margarita Belén, acaecida el 13 de diciembre de 1976, los nietos apropiados durante la dictadura cívico-militar 1976-1983."



Además
la iniciativa plantea que “se autorice a la presidencia de la Cámara de Diputados a suscribir acuerdos con organizaciones de la sociedad civil entre cuyos fines se encuentre la defensa de los derechos humanos, a efectos de reunir fondos para financiar la obra. Los fondos que se recauden por esta vía serán ingresados al fideicomiso creado por la Ley Nº 6449 y administrados separadamente de aquellos cuya finalidad sea el pago de la construcción del Edificio. Los acuerdos que oportunamente celebre el presidente de la Cámara de Diputados deberán ser elevados al cuerpo para su ratificación."



En los fundamentos Aguilar explico que
“el destino establecido en la ley de expropiación es de cumplimiento prácticamente imposible, por las características topográficas y ambientales del inmueble, por lo cual, en proyecto concomitante a éste, se propone la expropiación de otro que sí reúna las condiciones optimas para la concreción del proyecto”.



“Dadas las circunstancias planteadas, proponemos modificar la parte pertinente de la Ley Nº 6198
en su artículo 2º
y cambiar el fin de la expropiación, sugiriendo que en el terreno expropiado por la Ley Nº 6198 se construya el Parque de la Juventud y la Memoria, predio destinado a actividades deportivas y recreativas, en el cual planteamos que además se evoquen artísticamente hechos históricos que constituyen la expresión más palmaria de lo que fue el terrorismo de Estado en la Provincia del Chaco y en la Argentina: la masacre de Napalpí, del 19 de julio de 1924, la masacre de Margarita Belén, del 13 de diciembre de 1976 y la apropiación ilegal de niños por parte de la dictadura cívico-militar
1976-1983”, informo.



Justificó
respecto del nombre del parque “Juventud y Memoria” con “Juventud para expresar una mirada esperanzada hacia un futuro que proyectamos promisorio para nuestra provincia y nuestro país y memoria como forma básica de la identidad y salvaguarda contra la repetición de acciones y omisiones del pasado que tanto atraso y desdichas le depararon a los argentinos”.



INCLUCION DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS



El diputado del Bloque Libres del Sur Carlos Martínez es autor de una iniciativa parlamentaria –Nº 29/12-, por la cual pretende modificar la Ley Nº 5811 con el objetivo de informar y sensibilizar para la prevención del maltrato, acoso, hostigamientos, exclusión, violencia, humillaciones, abuso sexual y delitos contra la integridad y diversidad sexual.



Otro de los propósitos del proyecto según explica el diputado es “contrarrestar los mitos, creencias falsas, concepciones erróneas y prejuicios originados en la discriminación transmitidas por el proceso de socialización de los que son parte los pares de los destinatarios de la Educación Sexual Integral, los medios y el currículo oculto."



Además, se pretende
“abordar la Educación Sexual como desarrollo personal, educación emocional, o sentimental que oriente a las personas hacia la madurez emocional y el desarrollo de valores individuales y compartidos que les permitan realizar y vivir su sexualidad de una manera positiva, abierta, consciente y responsable propiciando las relaciones interpersonales."



De esta manera señala que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación a su realidad socio cultural, los reconocimientos de derechos vinculados a la temática que van incorporándose a los lineamientos curriculares, emanados del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología."



En los fundamentos el diputado Martínez explico que “el
proyecto de ley tiene por objeto modificar
la Ley Nº 5.811 que incluye como contenido de enseñanza en los establecimientos educativos públicos y privados dependientes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, la Educación Sexual Integral, en el marco de las leyes nacionales 23.849
de Ratificación de la "Convención de los Derechos del Niño", 23.179
de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer , 26.061 Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes-, 26.150; Programa Nacional de Educación Sexual Integral-, y de las leyes provinciales 6691 ? General de Educación
y 4.276;
Programa de Educación para la Salud y Procreación Humana Responsable y del concepto de sexualidad”.





PROPONEN AMPLIAR LA LEY DE MINISTERIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DEL ESTADO



Ingreso una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados Nº 30/12, autoría de los diputados del Bloque Frente Grande Fabricio Bolatti y Daniel Trabalón quienes proponen ampliar el marco de facultades previstas por la nueva Ley de Ministerios al Ministerio de Planificación y Ambiente promoviendo la protección integral del Ambiente y en aplicación de la Ley Nacional 25675 Ley General del Ambiente o de presupuestos mínimos en materia ambiental.



De esta manera lo que se busca es “intervenir activamente para promover la preservación, conservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, renovables y no renovables. También desarrollar el control y fiscalización de la utilización racional y aprovechamiento de los recursos naturales, renovables y no renovables, en el marco del proceso de crecimiento compatible con la preservación del ambiente y en aplicación del Artículo 4 de la ley Nacional 25.675, ley General del Ambiente”.



Por otra parte “elaborar un informe anual de la situación ambiental provincial en forma coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales, debiendo presentarlo ante la Cámara de Diputados. Además el objetivo es propiciar programas y acciones de conciencia ambiental a través de políticas educación ambiental, tanto en el sistema educativo formal como en el informal, investigación científico-tecnológica, capacitación, formación y participación ciudadana”.



Finalmente el proyecto propone que el Ministerio de Planificación y Ambiente pueda

“ establecer procedimientos, protocolos y mecanismos para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental."



“Consideramos necesario hacer una mención expresa acerca de todo lo relativo a la protección, defensa y mejoramiento de los recursos naturales renovables y no renovables, así como la fiscalización estadual en lo que respecta a la utilización de estos mismos recursos. Se impone, a nuestro entender, como ejercicio pleno del derecho-deber del estado de proteger el ambiente, realizar las referencias propuestas en el texto, razón por la cual solicitamos el acompañamiento del Cuerpo para la aprobación de la presente iniciativa”, manifestaron los legisladores.



A su vez
entienden que “un diagnóstico actualizado sobre la situación del ambiente se impone, de igual manera que se informa periódicamente sobre los diferentes niveles de producción, debiendo ese diagnóstico formar parte de un informe anual para que la Cámara de Diputados”.