Lunes, 16 Enero, 2012 - 09:43

Defensor del Pueblo
Dar de nuevo, hacerse cargo y pensar hacia adelante

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Una nueva frustración parece preanunciarse en los comienzos del año 2012: la falta de funcionamiento efectivo del Instituto del Defensor del Pueblo. ¿Hay una forma de evitar que esto ocurra?, o dicho de otro modo, ¿Se puede poner en marcha de una vez por todas dicha institución que lleva ya diecisiete largos años de incalificable demora, con un solo perjudicado, el pueblo del Chaco?.

Desde el Bloque Libres del Sur
decimos
que si, que es posible hacerlo, y que pondremos toda nuestra buena voluntad y esfuerzo (como siempre lo hemos hecho en este tema y en otros importantes), para que
nuestra sociedad pueda contar cuanto antes con ese organismo independiente, autónomo, colocado frente a los poderes del Estado creado por nuestra Constitución para la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos.



¿Cómo lograrlo?. Nuestra propuesta para intentar avanzar en una solución consensuada se sintetiza en una simple fórmula :“ dar de nuevo, hacerse cargo y pensar hacia adelante”.



En primer lugar, en el “dar de nuevo” incluyo la inmediata vuelta atrás en la decisión de establecer por ley especial (la 6907, ahora vetada) no solo la estructura de cargos de la Defensoría sino también, por planilla anexa, las designaciones de las personas que iban a ocupar esos cargos (incluidos en la nómina
algunos amigos y parientes de los sres. Legisladores de las bancadas mayoritarias).



La sanción de dicha ley por parte de los bloques de PJ y de la Alianza ,tomada en tiempo record (ese proyecto de ley ingresó a las 17,40 del 23/11/2011 y a las 19, 20 del mismo día ya estaba aprobado con la sola oposición de los bloques unipersonales) tuvo el triste privilegio de cosechar la condena ética y moral por parte de toda la sociedad , constituyendo un caso típico de norma que aún con
las formalidades del caso solo será recordada por su carácter de ilegítima e inconstitucional. La manera –aunque no sea la ideal- para salir de ese “bochorno” parlamentario es aceptar el veto total del ejecutivo a la norma cuestionada. Lamentablemente, esto, que tendría que haberse producido ya en la sesión extraordinaria del 21 de diciembre de 2011,
no pudo prosperar debido a la falta de acompañamiento
por parte de los bloques mayoritarios.



En segundo lugar, y cuando decimos “hacerse cargo” estamos refiriéndonos a la necesaria conducta por parte de los bloques mayoritarios en lo que respecta a asumir plenamente la responsabilidad de sus acciones y no pretender descargar sobre las espaldas del pueblo del Chaco las consecuencias (políticas, jurídicas y judiciales, actuales y futuras) de sus yerros legislativos.



Las bancadas mayoritarias sancionaron el 8 de junio del año pasado la ley 6817 por la que se crearon los cargos de Defensor Titular y Adjunto;
en fecha 11 de Julio convocaron a una
“consulta” pública para legitimar a dos de sus postulantes (uno por cada partido político) y pocos días después, finalmente, resolvieron designar a los Dres, Gustavo Corregido (propuesto por el gobernador Capitanich)
y Daniel Illia (propuesto por el radicalismo) en dichos puestos. En esta última jornada “convalidatoria” del “acuerdo bipartidario” legisladores de las bancadas mayoritarias prodigaron elocuentes y sonoros elogios (recogidos para la “posteridad” por la versión taquigráfica) hacia los designados, no faltando las fotos que registraron ese pretendido “final feliz”.



Durante todo ese tiempo, el bloque Libres del Sur
sostuvo que antes de avanzar en acuerdos político-partidarios que casi siempre acaban impactando negativamente sobre la esencia de un organismo de características independientes y autónomas y donde solo se hacían referencias a “nombres” había que privilegiar las discusión sobre los procedimientos de designación del Defensor del Pueblo (apertura del registro de postulantes, concurso de antecedentes y oposición, audiencias públicas de adhesiones e impugnaciones, amplia participación de la sociedad civil) . No fuimos escuchados, pese a haber presentado un despacho alternativo que en junio seguramente hubiera
el actual estado de cosas.



Ahora, los bloques mayoritarios presentan proyectos de leyes donde prevén “comisiones evaluadoras”(a cargo de ellos) y “compiten” por quien habla más de concursos de antecedentes y oposición , en un irreal e imaginario “empezar todo de cero” . No pretendo dudar de las buenas intenciones , pero ¿Porqué no lo hicieron en junio, hace ocho meses atrás? ¿Porqué se considera que evaluar y concursar “ahora” (y desde “cero”, como dicen) es conveniente y no lo era hace ocho meses?. O para decirlo en término brutales de desconfianza popular ya instalada :¿porqué no habría que darle alguna razón a quienes piensan que este inesperado giro hacia la “transparencia en las formas” se produce luego de frustrarse las intenciones de designación de personas en las estructura de cargos de la Defensoría?.



Durante seis meses , entre junio y noviembre de 2011, representantes justicialistas y aliancistas prodigaron loas a la ley 6817, al procedimiento de designación del Defensor del Pueblo Titular y su Adjunto, y a las personas designadas, ¿Con que autoridad moral y credibilidad se pretende tomar otro camino y convencer a la sociedad que el rumbo de “ahora” es el correcto ?. Si es cierto, tal como gusta expresar con frecuencia el titular de la bancada del PJ, Ricardo Sánchez,
respecto a que “nadie puede alegar su propia torpeza”(algunos diran, “su propia viveza”), pues entonces que comiencen asumiendo
el grosero error cometido y no arrojen mas nafta sobre el fuego. Digo esto por que cualquier propuesta de vuelta total a “fojas cero” (en su acepción bipartidaria) incluye o culmina necesariamente con la remoción por el mecanismo de juicio político de los dos representantes de la Defensoría designados por el bloque justicialista y de la Alianza. Este es un terreno opinable desde lo jurídico, pero no deja de ser preocupante por las implicancias que pudiera tener en el terreno judicial y en las probables consecuencias pecuniarias para el erario público ( que no la pagarán los legisladores que votaron la ley 6817 sino la sociedad toda). Demás está decir que desde el Bloque no acompañaremos estas disparatadas intenciones en caso de haberlas.



En tercer término, y en lo que se refiere a “pensar hacia adelante”(y en positivo, agregaría), estimo conveniente no la derogación inmediata de la ley 6817 (tarea para dentro de los próximos 3 años) sino la modificación de algunos de sus artículos
, restituyendo la vigencia de la vieja ley 4190, en particular en lo que respecta a las atribuciones del Defensor del Pueblo de establecer su reglamento interno de funcionamiento, su propia planta orgánica funcional(sin necesidad de ley “especial” de la legislatura, salvo la de aprobación del presupuesto para su funcionamiento) , organigramas institucionales y designación de todo el personal de la defensoría mediante concursos públicos de antecedentes y oposición. Es decir, devolverles a la institución todos los componentes normativos que hacen que tenga la posibilidad de ser un organismo verdaderamente independiente, autónomo y autárquico.



Con esto quedarían salvadas las objeciones y los impedimentos constitucionales y reglamentarios en relación a que la aceptación del veto del ejecutivo implicaría directamente durante el año no poder dotar de personal a la entidad, ya que se tratarían de dos leyes distintas , la 6907 (que es la repudiada ley especial de creación de estructura de cargos y designaciones mediante planilla anexa) y la 6817 (una ley general que regula , a mi juicio, defectuosamente la institución del Defensor del Pueblo y su Adjunto, fruto del acuerdo justicialista-aliancista).



Los bloques mayoritarios han tenido una gran responsabilidad en la demora de la puesta en funcionamiento del Defensor del Pueblo desde el año 1994; malograron la oportunidad de hacerlo bien en junio de 2011, despertando repudios y desconfianzas en amplios sectores de nuestra sociedad
y contribuyendo, voluntaria o involuntariamente, al desprestigio de la legislatura y de la política. Esperemos que en el 2012 no continúen por el mismo y equivocado camino donde el único perjudicado,
desde hace diecisiete años, sigue siendo
el pueblo de la provincia del Chaco.







(*) Diputado provincial - Bloque libres del sur - Integrante del Frente Amplio Progresista (FAP)