Sábado, 7 Enero, 2012 - 15:37

Moreno "le puso el ojo"
Investigan a YPF por presunto abuso de posición dominante en el mercado

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En dos semanas, Sebastián Eskenazi y otros ejecutivos de YPF, la principal petrolera de la Argentina, además de propietarios de estaciones de servicio y consultores del sector energético serán llamados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que depende del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para declarar por posible abuso de posición dominante en el mercado de venta de combustibles.







Formalmente, la denuncia presentada por la Federación de Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires afirma que YPF discrimina a las estaciones de servicios independientes a través de precios y ritmo de abastecimiento, por los que la empresa priviligiaría a las estaciones de su propia marca por sobre el resto.



Según publica Perfil, Moreno, el hombre designado por la presidenta Cristina Kirchner para controlar la economía real, recibió también el visto bueno de Olivos para acotar el accionar de la empresa, tarea que hasta hace poco era exclusiva del ministro de Planificación, Julio De Vido. La decisión presidencial se relaciona también con el voto contrario que Roberto Baratta, director por el Estado en YPF, mano derecha de De Vido y coordinador de Planificación, realizó en la primavera pasada contra la política de pago de dividendos de la empresa, que implica continuar enviando remesas al accionista español Repsol, como forma de pago para el ingreso de la familia Eskenazi como accionistas de YPF.



El año pasado, el Gobierno logró frenar el envío de remesas de grandes multinacionales como parte de su política para frenar la falta de dólares en la economía.



La empresa negó en el expediente la acusación de los estacioneros bonaerenses y no respondió las consultas de este medio sobre el tema.



La Secretaría de Comercio avanzará con la investigación, pero no se esperan resultados ni sanciones pronto. En 1999, la firma fue multadas con más de US$ 90 millones por abuso de posición dominante en el mercado del gas licuado.
Fuente: 
Perfil.