Miércoles, 4 Enero, 2012 - 08:50

La muerte de Soria, el progresismo K y las contradicciones

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La noticia se concentra en la historia de Soria reciclándose a lo largo del tiempo pero se diluyen las leyes que impulsó en Río Negro (ajuste estatal y uso de cianuro en minería) con el acompañamiento del Frente Grande. Si se está a favor de esta clase de “profundización del modelo” se corre el riesgo de perder el rumbo, los principios progresistas y la credibilidad social.

La muerte en circunstancias violentas del gobernador de la provincia de Río Negro, Carlos Soria, ha conmovido la escena política nacional de principio de año. Cierto también es que la noticia, por lo impactante, tiende a concentrarse sobre el perfil de Soria como producto reciclado del justicialismo (hasta su deceso, neo-kirchnerista y antes menemista y duhaldista), su polémica con Verbitsky (respecto a la amistad del extinto con el nazi Erich Priebke ), su responsabilidad (evidente en lo político-penal) en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, sus “aprietes” al Juez Garzón y a la justicia federal de la Capital Federal y otras facetas para nada positivas de su dura personalidad.



Quedan así algo diluidos en la visibilidad dos iniciativas del occiso aprobadas por los votos de los 30 legisladores del Frente para la Victoria (FPV) integrantes del bloque mayoritario de la legislatura rionegrina: la declaración de emergencia que prevé el despido de 4.500 empleados estatales y el pase a disponibilidad de otros 20 mil durante un año y la derogación de la ley del año 2005 que prohibía la actividad minera a cielo abierto (con la utilización del cianuro como principal y contaminador elemento). Estas medidas, más emparentadas con el viejo y conocido “ajuste” neoliberal fueron, sin embargo, acompañadas por el voto de los siete legisladores del Frente Grande que integran, junto con otros veintitrés justicialistas, la bancada del FPV.



En este aspecto, esos legisladores del Frente Grande rionegrino no se diferenciaron en mucho de sus pares de La Cámpora, quienes fueron, al principio, los más los entusiastas partidarios del proyecto de ley impulsado por el gobernador Peralta en Santa Cruz para declarar la emergencia económica y la reforma previsional (eufemismos del ajuste), teniendo en este tema posiciones más a la derecha que la de sus pares justicialistas. Por supuesto que ante la resistencia de los trabajadores estatales santacruceños tuvieron que retroceder, incluso anunciando su “abandono” del gobierno, sin impedir que los sindicatos los individualizaran (a los de La Cámpora) como los principales gestores del ajuste.



La observación del comportamiento práctico de los llamados “sectores progresistas” del kirchnerismo a mediados de diciembre de 2011 en el Congreso Nacional nos revela también el hecho que desde la excelente pedagoga Adriana Puiggrós (Frente Grande) hasta Sabattella (Partido Nuevo) pasando por Rivas (Socialista “k”), Heller, hasta llegar a los diputados de La Cámpora como Larroque y otros, apoyaron a mano alzada y sin debatir la denominada “Ley Antiterrorista”, pergeñada y motorizada por los organismo financieros internacionales para la represión del conflicto social, tal como lo reconocen funcionarios cercanos al gobierno, como Zaffaroni, o periodistas simpatizantes del proyecto “K”, como Horacio Verbitsky.



En estas escasas y poco más que tres semanas de inauguración del nuevo gobierno de Cristina Fernández y sus sucedáneos de igual signo en las provincias, los espacios que se referencian como progresistas al interior del kirchnerismo han tenido ocasión de fijar posición sobre el ajuste y los despidos en el sector público, la reforma previsional “regresiva”, la minería a cielo abierto y la denominada “ley antiterrorista”. En todas estas ocasiones, lejos de discutir o plantear alternativas en dirección a “profundizar el modelo” (en sentido progresista), tal y como lo habían prometido, acompañaron, fueron activos partícipes y hasta a veces entusiastas partidarios de las medidas más regresivas y antipopulares impulsadas por su aliado principal, el justicialismo, tanto en la nación como en los distritos. Y en alguna de ellas se produjeron verdaderas “simbiosis” políticas, como en el caso de Alberto Weretilneck, Vicepresidente 1º del Frente Grande a nivel nacional y gobernador de Río Negro tras la muerte de Soria, quien se refirió a este último como “mi gran amigo” (¿?). ¿Puede ignorar Weretilneck la amistad de Soria con el nazi Priebke (asesino de presos políticos italianos en las Fosas Ardeatinas durante la segunda guerra mundial) o su responsabilidad en los asesinatos de Kosteki y Santillán? O dicho de otro modo: ¿se puede ser progresista y tener “semejante” amigo?



Semanas atrás, y mientras fijaba postura respecto al veto de Capitanich a la ley de descanso dominical sancionada por nuestra legislatura, tuve un intercambio de opiniones vía red social (que luego trascendiera a la prensa escrita) con el ex diputado provincial y actual Secretario General del Partido Frente Grande en el orden nacional, Daniel San Cristóbal.



Sintéticamente mi planteamiento en ese debate fue que las fuerzas progresistas no deben ser furgón de cola de las grandes estructuras del bipartidismo y que el problema principal no radica en que los sectores consecuentes no deban (en algunas especiales coyunturas) hacer alianzas que incluyan algún nivel de contradicciones sino que se debe tener el sumo cuidado de que estos acuerdos y contradicciones no signifiquen la pérdida de principios de las fuerzas progresistas, que es su razón de ser en la política actual.



Cuando San Cristóbal en su nota plantea que hay que ver como uno “se hamaca” o se “acomoda” a una política que nada tiene que ver con los principios partidarios, se está peligrosamente adoptando un lenguaje justificador de un pragmatismo que no le hace nada bien a una fuerza política con la cual, con nuestras coincidencias y diferencias, hemos recorrido algunos caminos juntos en la provincia.



Para finalizar, si se está a favor del despido de miles de empleados estatales (profundizando la precarización laboral), si se consiente la minería a cielo abierto (atentando contra los recursos naturales y el ambiente), si se votan leyes como la denominada “antiterrorista” (que acabará criminalizando el conflicto social), es evidente que no sólo no se “profundiza el modelo” sino que se corre el riesgo cierto de perder el rumbo y los principios progresistas.



Y sobre todo, se pierde la credibilidad ante la sociedad, que en política es lo mas difícil de recuperar.



(*) Diputado provincial del Bloque Libres del Sur, en el FAP (Frente Amplio Progresista).