Martes, 27 Diciembre, 2011 - 19:13

Uruguay debate la despenalización del aborto

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Pese a las críticas, el Frente Amplio se encamina a aprobar en el Senado la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación. Luego sancionará un polémico impuesto a la tierra.

Los senadores debatían el proyecto de ley con el que el partido gobernante intenta superar el revés que sufrió una iniciativa similar cuando el ex presidente Tabaré Vázquez decidió vetarla. El único legislador de esa fuerza que se opone dio sus argumentos y dejó la sala para dar lugar a la votación. Mientras, afuera del Parlamento se manifestaban los opositores al proyecto.



"Esta ley antepone el derecho de la mujer sobre el del niño, que es el más débil y no se puede defender. Se convierte el aborto en un derecho y en un gasto médico que va a pagar todo el pueblo", dijo a la agencia AFP Lorna Marchetti, integrante de los movimientos Pro-Vida.



Más temprano, la asociación Coordinadora por el Aborto Legal colocó, en torno al Palacio Legislativo, carteles que representaban manos anaranjadas con sus consignas. Luciendo camisetas de ese color, los defensores de la legalización ocuparon los balcones del recinto en apoyo a los impulsores del proyecto.



La ley fue presentada por el oficialismo, que cuenta con una ajustada mayoría en la Cámara. El partido llamó a todos sus legisladores a apoyar la iniciativa, que además podría contar con el voto de un legislador de la oposición. De ser aprobada, pasará a la Cámara de Representantes, donde sería tratada el año próximo y donde nuevamente se prevén llamados a la disciplina partidaria para su aprobación.



"La ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no", estimó la senadora Mónica Xavier, miembro informante de la iniciativa.



Integrantes de la oposición, en cambio, defienden la vida desde la concepción. "¿No estaremos con esto incentivando el número de abortos?", se preguntó Carlos Moreira, del Partido Nacional.



Según el proyecto, "toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional". El plazo no se aplicará si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran "malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina". Todos los servicios de salud, públicos y privados, tendrán la obligación de realizar el procedimiento en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten.



La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el procedimiento, y con dos a ocho años a quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.



IMPUESTO A LA TIERRA



En cuando al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que grava a los propietarios de más de 2.000 hectáreas, se convertirá en ley en caso de ser sancionado. Los cuestionamientos que recibió el proyecto por parte de entidades rurales y también desde el extranjero no lograron que el presidente José Mujica dé marcha atrás.



El mandatario ha defendido la medida con el argumento de que no dañará la actividad agrícola del país. Según el Gobierno, en los últimos años se dio un proceso de concentración de la propiedad de los campos y actualmente cerca de un tercio están en manos de 1.100 empresarios que explotan, cada uno, más de 2.000 hectáreas.
Fuente: 
Infobae