Lunes, 19 Diciembre, 2011 - 20:45

Posición del "NE-PAR" sobre las usurpaciones de tierras

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El Diputado Provincial, Juan José Bergia como Presidente del Nuevo Espacio de Participación (Ne-Par) Chaco y demás integrantes de la Mesa Ejecutiva Provincial, dieron a conocer a través de un documento su postura sobre las ocupaciones de inmuebles y las Leyes de Expropiación como remedio para la solución de esta problemática.

El documento señala que: "primeramente correspondería efectuar algunas consideraciones sobre el espíritu que motivó al constituyente a incorporar en el texto constitucional la figura de la declaración de interés público e interés social y el procedimiento expropiatorio.



En este sentido, nuestra Carta Magna establece en su artículo 40 que: “La propiedad privada es inviolable y el ejercicio de ese derecho está subordinado al interés social.



La expropiación, fundada en el interés social o por causa de utilidad pública, deberá ser calificada por ley y previamente indemnizada en efectivo”.

Ahora bien, resulta claro que el texto constitucional declara con suma vehemencia un principio de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual cedería ante dos casos puntuales, que son: a) en caso de subordinación al interés social; y b) por causa de utilidad pública.



Entonces, correspondería establecer con meridiana claridad qué debe entenderse por interés social y utilidad pública.

La Ley 2289 establece en su artículo 1º que el fundamento legal de la expropiación es la utilidad pública, la que comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual.



Remontándonos a los antecedentes de dicha norma, ya en la Ley Nº 5 del año 1953, que reguló el instituto de la expropiación, se estableció en su artículo 1º que se entendía por interés general o utilidad pública aquellos casos en los cuales se procure la satisfacción de una exigencia de perfeccionamiento social.

Seguidamente la Ley Nº 200 del año 1958 establecía en su artículo 1º que estaban sujetos a expropiación todos los bienes que puedan satisfacer un interés social.



Luego, la Ley Nº 1981 del año 1962 establecía un principio similar al anterior, hablando nuevamente de utilidad pública e interés social.

Por su parte, la Ley Nº 1778 del año 1975 contempló un articulado similar a los anteriores.



Pero como se dijera anteriormente, la ley que actualmente regula este instituto, la Nº 2289, habla del “bien común” como fundamento para habilitar un proceso de expropiación, previa declaración de utilidad pública e interés social. 



Cabría preguntarse entonces qué se entiende por bien común. El bien común implicaría algo que sirve al conjunto, que beneficia a la mayoría, que es susceptible de aprovechamiento por todos indistintamente, sin exclusividad para nadie; para ello fue concebido la declaración de utilidad pública y el procedimiento de la expropiación.



Nadie niega que el estado deba asegurar una vivienda y condiciones dignas de desarrollo personal a sus habitantes, pero debería hacerse mediante los canales específicos que tiene establecidos para brindar solución a esa problemática, sin que el constituyente ni el legislador hayan contemplado el juicio de expropiación para la obtención de dicha finalidad.



Por ello, el Nuevo Espacio de Participación, considera que interpretar a las leyes de declaración de utilidad pública e interés social y a las eventuales expropiaciones con un criterio tan amplio, conlleva un serio riesgo consistente en la posibilidad de apelar a dichas figuras para casos que no las ameriten, despojando de la seguridad jurídica necesaria a todas las personas que posean inmuebles para fines determinados, y que por razones que le son ajenas, puedan resultar perjudicados en su derecho de propiedad, que como se dijere, es de carácter inviolable por mandato constitucional.



La seguridad jurídica de la que hablamos no constituye una limitación a los derechos de los habitantes de nuestra Provincia que carezcan de vivienda. Más bien consiste en un marco regulatorio claro que permita generar condiciones que garanticen a todos certeza sobre el alcance de sus derechos, tanto del propietario, como de quien aspira a una vivienda, y también para todo aquel que desee radicarse en la provincia con fines de tipo económico, industrial, o de desarrollo.



Todos estos, emprendimientos que deben ir de la mano de un mínimo de garantías brindadas por el estado, que sin implicar en forma alguna ningún tipo de prebenda, al menos doten de la tranquilidad necesaria a quienes decidan invertir en nuestro territorio, más aún teniendo este tipo de iniciativas un carácter de largo plazo que así lo exige.



Por ello, esta cuestión merece un debate profundo y serio, en el que todos los actores puedan expresarse, a fin de evitar caer en una práctica corriente que implique recurrir a leyes de expropiación para la solución de problemas habitacionales, que si bien no se desconocen, deberían solucionarse a través de las herramientas que el mismo Estado ya posee".