Domingo, 18 Diciembre, 2011 - 11:17

"Un estado macrocefálico, burocrático e ineficiente"
Aseguran que hay superpoblación de agentes públicos en Chaco, y que el fenómeno tiende a agudizarse

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Con duras críticas a la “desorganización” de la estructura estatal en materia de información, un informe de la fundación Nelson Mandela indica que de 380 mil personas en condiciones de trabajar en la provincia, “124 mil cobran mensualmente de las cajas de la provincia”, de organismos descentralizados y municipales. Se trata, sostienen, de un escenario complejo que no admite soluciones rápidas y se caracteriza por la inequidad. "Es la fuente segura de los repetidos actos de corrupción" de los últimos años, concluyen.







A continuación, el informe.



Pagamos un alto precio por burocracia e ineficiencia en la administración pública.

El extraordinario impacto del gasto salarial

Presupuesto del año 2012



Es extraordinario el costo salarial total derivado de la cantidad de personas que trabajan en el sector público. Consultadas las fuentes naturales para establecer el número real de trabajadores públicos, permanentes y temporarios, es dispar la información suministrada y, en la mayoría de los casos, incierta y contradictoria. Nos referimos al Ministerio de Economía y a la Contaduría General de la provincia del Chaco.



Es asombrosa y creciente la cantidad de agentes que prestan servicios y que cobran salarios directos o que cuentan con ingresos encubiertos asimilables a los sueldos. Este es el primer dato revelador de la inmensa asimetría que se ha instalado en
el mercado laboral chaqueño, cuya población económicamente activa se estima en 380 mil personas. Un total estimado de 124 mil personas cobran mensualmente de las cajas de la provincia, de los municipios y del INSSEP. Este número escalofriante genera un gasto extraordinario que conspira contra el crecimiento justo y equitativo de la población chaqueña y responsabiliza directamente a quienes gobernaron la provincia.



Existe una fenomenal incertidumbre respecto al total de agentes que trabajan y cobran del Estado. Es evidente que el gobierno no cumple con la primera carga que deriva del sistema de representación política como gobierno, que consiste en la obligación de generar certeza en la información. No se ha producido una mínima información precisa sobre la cantidad exacta de personas que trabajan en el Estado, sean permanentes o temporarios, o por lo menos no se han publicado cifras exactas. Este es un dato revelador de la gran desorganización que impera en el funcionamiento de la estructura estatal, que seguramente beneficia a algunos sectores e intereses y conspira contra la modernización del sector y la eficiencia del servicio de administración pública.



En el Cuadro 1 reflejamos el impacto del gasto salarial total en el Presupuesto 2012, que pone en evidencia el fenomenal desequilibrio del manejo de los recursos y del gasto del Estado, considerado integralmente.



LA PROFUNDA INEQUIDAD SALARIAL

El segundo dato, extremadamente preocupante, consiste en la notable inequidad salarial que se ha consolidado en el sector público. Este fenómeno no ha sido corregido en el curso de la actual gestión de gobierno; de este modo, un reducido grupo de funcionarios y agentes privilegiados concentran un enorme porcentaje de la masa salarial, mientras que la inmensa mayoría de trabajadores cobran salarios menores. La brecha entre ambos sectores es significativa y aparentemente irreversible porque no se aplican políticas salariales correctivas. Es más, las anteriores y la actual administración no diseñaron ni aplicaron programas salariales basados en la equidad, para de ese modo revertir la desigualdad existente entre los sueldos. Ante la presión y los reclamos de las organizaciones gremiales de los trabajadores, tomaron medidas coyunturales que solamente permitieron emparchar el cuadro de situación, sin que se llegara a soluciones estructurales y de fondo. La ley de paritarias fue un esbozo interesante que quedó reducida a señales porque no logró avanzar y no generó soluciones para los trabajadores. El tema parece que llegó a la etapa de no poner en marcha las paritarias, en cuyo ámbito se debería haber discutido los grandes temas vinculados con una verdadera
política salarial. Esto constituye una deuda concreta del actual gobierno. Y como no se encaró lo que se debía hacer, se desembocó en un mal manejo del gasto público a través de una inapropiada administración de los recursos, lo que a su vez derivó en un desmedido gasto salarial, que apunta a ser creciente y aún más desordenado. Ya es inocultable la extraordinaria importancia que ha adquirido el creciente gasto público en el curso de los últimos años, a propósito del incremento de los recursos presupuestarios, fundamentalmente los de origen nacional, y el aumento incesante del gasto improductivo. Se perdió el horizonte de cómo se debe gastar y se llegó a una de las peores circunstancias, que es el desmanejo de los recursos y del gasto en una provincia en donde los indicadores sociales, económicos, sanitarios y educativos son negativos y de los peores comparados con las restantes provincias.



SUPERPOBLACIÓN DE AGENTES PÚBLICOS

No existe precisión sobre la cantidad exacta de personas que trabajan en el Estado, sean permanentes o temporarios, en la administración centralizada, descentralizada, organismos autárquicos o autónomos y empresas públicas. Entre los agentes temporarios, están los contratados de servicios, el personal de gabinete, los contratados de obras, los jornalizados, los conveniados y los que revistan con contratos a plazo fijo.



La información difiere según que la fuente sea el Ministerio de Economía o la Contaduría General. El informe que, según estructura de cargos, elevara Economía al poder ejecutivo para confeccionar el Presupuesto 2012 establece el costo salarial mensual promedio para el personal de planta permanente y los temporarios, por un total de 5.671 millones de pesos, reconociendo la existencia de 47.011 trabajadores, a diferencia de la Contaduría General que informó
52.475 agentes. La variación obedece a que parte del personal temporario no ha sido contemplado por Economía.



Con un poco más de precisión, Contaduría General informó datos más confiables en base a la estructura de cargos ocupados. La información contempla todo el sector público, desagregado por organismos centralizados y descentralizados, Lotería chaqueña, Inssep y empresas públicas. Como resumen general, llegó a la conclusión de que trabajan 53.373 personas en planta permanente y 12.646 como temporarios, lo que hace un total de 66.009 agentes públicos. Si a esto sumamos el pago de salarios por retiros voluntarios, el total de activos es de 66.725.



Si agregamos el extraordinario contingente de agentes en negro, que se desempeñan en múltiples funciones y lugares de la administración centralizada, descentralizada, organismos y empresas del Estado, el número final de la cantidad de personas que trabajan para el sector público es fenomenal. UPCP y los restantes gremios que nuclean a los trabajadores estatales inscribieron a 26.000 aspirantes para que en el curso del 2012 pasen a la categoría de personal de planta permanente. Si de
dicha cantidad descontamos los que revistan como contratados de obras y jornalizados, queda en limpio que 17.000 inscriptos que cobran becas van a aspirar a ser nombrados porque trabajan, en forma real y efectiva, según la fuente sindical. Si esto efectivamente es así, serían 83.825 los agentes permanentes y temporarios que trabajan actualmente -en forma directa- en el sector público.



Si agregamos a los 25.861 jubilados públicos que cobran en el INSSEP, llegamos a la friolera de 109.586 personas que cobran de forma directa de la caja pública provincial. Si contempláramos el total de trabajadores municipales, permanentes y temporarios, llegamos a la cantidad de 124.000 personas que cobran en forma directa de las distintas cajas públicas.



El escenario es complejo y pareciera que no admite soluciones, en el corto y mediano plazo; por el contrario, el fenómeno tiende a agravarse como también el extraordinario impacto presupuestario del costo salarial del sector público. Es evidente que el Estado terminó por ser la salida laboral ficticia de muchos, lo que se ha profundizado durante la actual gestión de gobierno dado que incorporó un extraordinario número de personas al sector público. Resta evaluar las consecuencias actuales y futuras en lo social y económico, frente a un Estado macrocefálico, burocrático e ineficiente, que es la fuente segura de los repetidos actos de corrupción que se han producido en los últimos años, fenómeno que terminó por consolidarse como continuo y sistémico, lo que constituye un costo adicional extraordinario en el funcionamiento del Estado.



Resistencia, 17 de diciembre de 2011.