Viernes, 16 Diciembre, 2011 - 07:03

Última sesión del 2011
Diputados aprobaron las leyes para peones rurales, papel prensa, penal tributaria y la ley antiterrorista

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En una sesión contrarreloj, la Cámara Baja dio media sanción a los proyectos para reglamentar el trabajo del peón rural; las reformas a la Ley Penal Tributaria para castigar a evasores fiscales; la iniciativa que declara de "interés público" la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios y el proyecto del GAFI, que penaliza "las actividades delictivas con finalidad terrorista”.

PROYECTO PARA
PEONES RURALES RESISTIDO POR VENEGAS


El kirchnerismo logró esta madrugada dar media sanción al proyecto de ley para reglamentar el trabajo del peón rural y un régimen previsional especial, sin el respaldo de dos legisladores de la CGT, Facundo Moyano y Omar Plaini, ausentes en el debate.

La normativa fue aprobada, en general, por 174 votos afirmativos, 4 negativos y 1 sola abstención.



El debate tuvo como prólogo una discusión entre oficialismo y oposición, luego de que el jefe del bloque K, Agustín Rossi, planteara en el recinto continuar con el temario, pese a que había un acuerdo previo entre bloques para continuar por la tarde de hoy hasta completar el temario de extraordinarias remitido por el Gobierno.



Sin embargo, y pese a la airada queja de opositores como los peronistas anti-K Eduardo Amadeo y Claudia Rucci, con cruces y reclamos al kirchnerismo, el oficialismo logró imponer el número y continuar con la sesión (que debía terminar luego de aprobarse la reforma de la ley Penal Tributaria, lo que ocurrió minutos después de las 1 de la madrugada).



Como resultado de la discusión, las bancadas del Frente Peronista, el macrismo, la Coalición Cívica ARI y un sector del radicalismo se retiraron del recinto, aunque la sesión continuó con la presencia del oficialismo y aliados, además de los diputados del FAP, Unión Peronista, y el alfonsinismo. El kirchnerista chubutense Juan Pais fue el encargado de defender el proyecto y planteó que "propicia el trabajo decente", establece una serie de mejoras en las condiciones laborales, como adecuación de horarios de trabajo, jornada de 8 horas y 44 horas semanales y limitación de jornada nocturna.



También indicó que establece el descanso semanal con sábado inglés, licencia por paternidad de quince días y baja la edad jubilatoria de los 65 años a 57 años, entre otros aspectos. El radical y productor agrario Pablo Orsolini fijó la postura de su bloque al señalar que respaldaban en general la ley con excepción del artículo 105 en adelante, que se refiere a la disolución del Renatre y apuntó que "se quiere estatizar" el organismo por razones de que "suenan a revanchismo" contra el gremio que conduce Gerónimo "Momo" Venegas.

A su turno, el diputado del FAP de origen sindical Víctor De Gennaro respaldó en sentido general el proyecto pero anunció que no lo haría "con el artículo que remplaza el Renatre por el Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios)".

Asimismo, dijo tener "satisfacción" en derogar "una ley de la dictadura", el referencia a la última reforma hecha al Estatuto en el año 1980.



La legislación considera como distintas modalidades el contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua y el contrato de trabajo temporario.

También contempla el trabajo permanente discontinuo cuando es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión de manera consecutiva para realizar tareas cíclicas o estacionales.



Por otra parte, la iniciativa del PEN indica que la remuneración "nunca podrá ser menos al salario mínimo, vital y móvil".



El último miércoles a la mañana había obtenido dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería, sin el respaldo de los legisladores de la CGT.



El proyecto, que deja sin efecto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), fue cuestionado por la UATRE y el gremio que conduce Hugo Moyano, en medio de un abierto enfrentamiento entre el camionero y el Gobierno.

Según el texto, se reconoce a los peones remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.



El proyecto oficial estipula, también, el reconocimiento de horas extras, el descanso semanal, las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.



Por último, prevé la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal y la bonificación por antigüedad, entre otras cuestiones.



REFORMA DE LA LEY PENAL TRIBUTARIA

También se aprobó esta madrugada el proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria, con que el Gobierno busca castigar la evasión fiscal y por el cual se actualizan los montos a partir de cuales se considera ese tipo de delito.

El proyecto, que deberá ser tratado ahora por el Senado, fue aprobado por unanimidad, en general, con 217 votos afirmativos y ninguno negativo. El presidente de la comisión de Legislación Penal, el kirchnerista Oscar Albrieu, defendió el proyecto al indicar que con la iniciativa se toma en cuenta el transcurso del tiempo "desde la sanción de la ley que lleva catorce años".



También expresó que se basa en "razones de política criminal y tributaria", por lo cual "se multiplican por cuatro los montos a partir de los cuales se considera como delito de evasión fiscal".



Según Albrieu, la norma además incluye la eliminación de "la probation", la posibilidad de toda suspensión del juicio a prueba por los delitos tributarios, e incorpora penas de 1 a 4 años para quienes adulteren "los sistemas informáticos o electrónicos" en manos de la AFIP con la intención de evadir las obligaciones fiscales.



El lunes, el oficialismo consiguió emitir dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto de la Cámara Baja, donde además obtuvo el respaldo, con disidencias parciales, de diputados del radicalismo y del peronismo disidente.

En líneas generales, el proyecto actualiza los montos a considerar evasión (en la práctica los lleva a valor dólar), aumenta las penas para ese tipo de delito e incorpora la penalización de "las personas jurídicas".

Además, agrava las penas para los casos de utilización de facturas falsas, no permite la suspensión del juicio a prueba y crea la figura de adulteración informática (es decir, cambios mediante maniobras informáticas de la información acopiado por la AFIP), y pena también la evasión a nivel provincial y municipal.



Las principales quejas fueron por la eliminación de la "probation" -que para algunos opositores provoca desigualdad jurídica dado que otros delitos como defraudación al Estado por montos superiores, de cuatro millones de pesos tienen la posibilidad de contar con ese beneficio- y contra la penalización de la evasión provincial -dado que consideran que es una intervención en la jurisdicción de las provincias e implica una violación del federalismo-.





APROBACIÓN Y GIRO AL SENADO EL PROYECTO QUE DECLARA DE INTERES PÚBLICO EL PAPEL PARA DIARIOS


En la misma sesión, se aprobó
el proyecto de ley que declara de "interés público" la producción, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios, el cual -según el oficialismo- apunta a "garantizar la libertad de imprenta", aunque para la oposición se trata de una medida para estatizar Papel Prensa.

Horas después de la resolución, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara de Senadores firmó el proyecto de ley aprobado por los diputados, por lo que la iniciativa quedó lista para ser tratada por el Senado en la próxima sesión.



En la votación concretada en Diputados, el oficialismo y sus aliados consiguieron aprobar el texto en general por 135 votos positivos y 92 negativos, mientras 12 diputados se abstuvieron.ð En un primer momento se difundió que el catamarqueño Isauro Molina se había abstenido, pero luego voceros del kirchnerismo explicaron que se trató de un problema técnico y lo sumaron a la listas de quienes aprobaron el proyecto.



De esa manera, las abstenciones fueron de los cinco diputados de Unidad Popular, integrante del FAP, (Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, Liliana Parada, Antonio Riestra, Graciela Iturraspe); los tres de proyecto Sur (Fernando "Pino" Solanas, Alcira Argumedo, Jorge Cardelli), tres de Unión Peronista (Felipe Solá, Raúl Rivara, Roberto Moulleirón) y un representante del juecismo cordobés (Jorge Valinotto).



En la sesión en Diputados, la presidenta de la comisión de Comercio de l Cuerpo, la oficialista Juliana Di Tullio, sostuvo que el proyecto del PEN tiene por fin "garantizar la libertad de imprenta de todos aquellos que necesitan tener ese bien, ese continente, para expresarse en un medio escrito".



Di Tullio, quien abrió el debate al informar el dictamen de mayoría firmado ayer por el kirchnerismo y aliados en cinco comisiones asesoras, aseguró que "en la distribución del papel para los diarios ha existido y existe una inequidad absoluta", y dijo que la propuesta propende al "acceso igualitario" del insumo y a establecer un "precio único" para que no haya desigualdad entre grandes y pequeños diarios de todo el país.



Negó, además, que durante la discusión previa del proyecto, no se haya querido recibir a representantes de los diarios accionistas de Papel Prensa y recordó que, en las audiencias públicas organizadas el año pasado, "todos estuvieron invitados" para exponer su posición.

El texto del kirchnerismo es una fusión de dos mensajes enviados por el Gobierno el año pasado y define como de "interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios" y, además, establece un marco regulatorio para garantizar la actividad y el acceso al insumo de todos los diarios del país en igualdad de precios.

Sin embargo, desde sectores de la oposición y de empresas periodísticas accionistas junto al Estado en Papel Prensa, se denunció que la iniciativa afectará la libertad de expresión al fijar criterios de precios y comercialización, tasa de ganancia e inversiones, controlar la importación, tipificar sanciones y sobre todo controlar la empresa que actualmente es la a mayor fábrica de papel para diarios.

El diputado radical Juan Pedro Tunessi sostuvo que el objetivo real del oficialismo es "estatizar Papel Prensa" para "quedarse con el control del monopolio del Estado" y "desde allí cercenar" a los medios opositores al Gobierno.

Mientras, el ex candidato presidencial por el mismo partido Ricardo Alfonsín subrayó que la iniciativa "genera condiciones para que el Poder Ejecutivo pueda intervenir de manera negativa en la libertad de expresión", y su compañero de bancada Oscar Aguad no dudó en indicar que la ley "tiene como finalidad una revancha contra los medios que son críticos" al Gobierno.

El peronista disidente Eduardo Amadeo advirtió: "No estamos discutiendo política antimonopólica, lo que estamos discutiendo es el silencio a las ideas diferentes", y consideró que el kirchnerismo en realidad busca "declarar de interés público el libre pensamiento, que el pensamiento crítica sea objeto de control de parte del Estado".

Por el Frente Amplio Progresista (FAP) Margarita Stolbizer resaltó que "la declaración de interés público nunca puede ser usada con carácter restrictivo. El interés público es para que todos puedan y no para que algunos puedan"; mientras su aliado juecista Ernesto Martínez destacó que en su bloque se privilegia "el valor democrático y constitucionalmente superior votando en contra el proyecto del oficialismo".



La macrista Gabriela Michetti alertó que "con esta votación vamos a tener un problema grave de expresión en la Argentina" y habló de la "segura confiscación de una empresa", mientras su jefe de bloque, Federico Pinedo, al rechazar la norma, indicó:"Con este proyecto el gobierno busca quedarse con la empresa sin pagar por ella y anuncia que se cerrarán las importaciones de papel, con lo cual sólo se podría imprimir diarios si el monopolio estatal te da papel".



En tanto Patricia Bullrich, quien compartió el tiempo asignado al macrismo, sostuvo que es "mentira" que falte papel para diarios para abastecer el mercado interno porque se sabe "que el mercado nacional está bien abastecido de papel prensa en la medida que puede ser importado a precios competitivos", explicó.

De la Coalición Cívica-ARI, Carlos Comi, coincidió con Bullrich en que "hoy no hay problemas objetivos para conseguir papel" y dijo que el papel importado es más barato que el nacional.



Los que adelantaron que se abstendrían en la votación fueron los diputados de Proyecto Sur, quienes a través de Alcira Argumedo dijo "acordar con la idea de declarar como de interés publico y precio igualitario", así como destacó de la iniciativa el "aporte sobre la protección del medio ambiente", pero cuestionó el artículo 10 porque a su entender otorga "excesivo poder al ministerio de Economía" con lo cual podrá dictar normas y disposiciones que sumadas a las cláusulas transitoria del artículo 40 termina siendo "a la medida de los guantes de box del secretario de comercio (Guillermo Moreno)".



En similar sentido, se expresó el peronista ex opositor Felipe Solá, quien indicó que "este marco regulatorio es muy estricto, pero como se dijo le da demasiado poder a quien el ministro de Economía delegue" y añadió: "El marco regulatorio muy duro contra una empresa monopólica que tiene al Estado como socio, me parece muy bien. Pero no hay un marco regulatorio para la publicidad oficial", completó.

El socialista Juan Carlos Zabalza rechazó la propuesta oficial al sostener que solo apunta a "darle al Ministerio de Economía facultades exorbitantes sobre el mercado interno y externo del papel, en el marco de la disputa entre el gobierno nacional y un grupo empresario", aunque compartió "la necesidad de una regulación de la comercialización del papel para diarios", pero dijo que ello se puede conseguir si el Estado asegura "el abastecimiento y la importación a todos los medios gráficos del país".



DIPUTADOS APROBO LAS LEYES PEDIDAS POR EL GAFI


También aprobó y giró al Senado los proyectos de ley reclamados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) referidos a incorporar al Código Penal como delitos aquellas acciones que afecten el orden económico y financiero, y el que penaliza "las actividades delictivas con finalidad terrorista". El primero de los proyectos cosechó, en la votación en general, 165 votos positivos, 57 negativos y 4 abstenciones, y el segundo obtuvo 134 votos afirmativos, 90 negativos y 2 abstenciones.



El texto referido a la temática bursátil crea cinco nuevos delitos: el uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa; la captación fraudulenta de ahorros públicos; el cohecho financiero; la manipulación de valores negociables, la captación de ahorros.



Respecto al texto sobre antiterrorismo, duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal a quienes "directa o indirectamente" financien el terrorismo y actividades afines.



Pero además, y aquí se encuentra uno de las bases de los cuestionamientos al proyecto, sostiene que serán considerados como tales algunos de los delitos que sean "cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población" u obligue a gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".



Aunque en el párrafo siguiente sostiene: "Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando él o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derechos constitucional". El presidente de la comisión de Legislación Penal, el oficialista Oscar Albrieu, defendió ambos proyectos y el tratamiento de las dos iniciativas se debe al cumplimiento de "estándares internacionales".

En relación a la penalización del delito bursátil, indicó que se trata de "una modificación al Código Penal para penar, reprimir y prevenir las actividades que ponen en riesgo transparencia bursátil y el sistema financiero nacional".

Respecto al financiamiento del terrorismo, dijo que es un tema que "no solo preocupa a nuestro país" y afirmó que la norma "no crea nuevos delitos sino un agravante general para todos los delitos existentes" y, además, agrega "un agravante genérico que se da cuanto el propósito del autor es atemorizar a la población".



Desde el radicalismo, el porteño Manuel Garrido disparó contra ambos proyectos y criticó "la urgencia con la que se están tratando estas modificaciones al Código Penal", además de añadir que esa situación "no debe ser óbice para la calidad de su redacción y aún menos debe redundar en incorporaciones contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales a los que se comprometió la Argentina sobre la materia y la protección de los derechos humanos".



Al marcar diferencias con las normas, sostuvo que "el tipo penal de terrorismo que se propone abre la puerta a abusos y viola la necesaria certeza que debe existir para que no haya riesgo de represión indebida y de violación de derechos humanos". Por Libres del Sur, Victoria Donda, en representación del FAP, expresó "el enérgico voto negativo a las normas puestas en tratamiento", cuestionó su tratamiento "apresurado" y aseveró que, de aprobarse la norma de terrorismo, se agravará "aún mas la situación de aquellos cinco mil luchadores sociales que todavía están detenidos por defender sus derechos".

El jefe de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, a su turno, consignó que "la ley antiterrorista que propone el oficialismo es una ley para asegurar el saqueo de recursos naturales de América Latina y de Argentina" y afirmó que "esta legislación antiterrorista es el reflejo del cambio de modelo que se esconde detrás del ropaje progresista de este gobierno".

Fue el jefe del bloque K, Agustín Rossi, quien -al cierre del debate- salió a neutralizar las acusaciones sobre la intención de criminalizar la protesta social, al indicar que el kirchnerismo es "el gobierno que claramente, cuando asumió tenía cortes rutas y piquetes por todos lados, no reprimió la protesta social" Hasta tuvo un cruce con su par radical, Ricardo Gil Lavedra, luego de que éste dijera que su bloque no iba "a convalidar un atropello a los derechos humanos", a lo que el santafesino replicó: "Ricardo, estuviste en un gobierno que prohibió la extradición de los genocidas", lo que hizo bramar a los radicales, aunque no pasó a mayores.



El denarvaeizta Gustavo Ferrari cuestionó la definición de terrorismo propuesta y dijo que "al dejar un modelo tan abierto, podemos habilitar que la protesta social sea penada y considerada terrorismo"; anunció que su bancada tenía dictamen propio -apoyado en el recinto por el macrista Federico Pinedo- y pidió mayor precisión al definir terrorismo, así como los bienes jurídicos a proteger. La castellsista Ramona Pucheta adelantó su "voto negativo" al afirmar que con esta normativa "se está criminalizando la protesta social" y aseveró que "los verdaderos terroristas son los imperialistas, los mismos que tratan de que este proyecto se haga ley".
Fuente: 
Agencia DyN