Martes, 13 Diciembre, 2011 - 16:45

Sostienen que las multas a consultoras que difunden índices de inflación violan la libertad de expresión

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La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un recurso judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en una causa en la que se discute la multa impuesta por la Dirección de Comercio Interior a una consultora por difundir índices de inflación considerados inexactos, en supuesta infracción a la Ley de Lealtad Comercial. Dicen que si no hay “real malicia”, no puede haber sanciones.

A través del recurso (un “amicus curiae”) la entidad consideró que "en el caso está en juego el derecho a la libertad de expresión en materia de difusión de informaciones de interés público".



El amicus curiae es un escrito que aporta argumentos al tribunal que decide en una causa. En este caso se refiere a la que involucra a la consultora "Economía y Regiones". En ese documento ADC sostuvo que "la información sobre la marcha económica del país, como la que expresan las estimaciones inflacionarias, es de interés general. Más aún cuando se trata de cuestiones controvertidas que ocupan un lugar destacado en la agenda de debate público, como sucede con la inflación".



"La difusión de informaciones sobre cuestiones de interés público", argumenta la ADC, constituye el núcleo de la protección de la libertad de expresión, sólo puede ser restringida en situaciones específicas y se rige por estándares constitucionales y de derechos humanos que en el caso no han sido respetados".



ADC recalcó que "las expresiones sobre cuestiones de interés público no pueden ser sancionadas por alegar que son `erróneas´ o porque `induzcan a error o engaño´.



En ese sentido sostuvo que "el sistema interamericano de derechos humanos y nuestra Constitución otorgan un margen de protección frente al error ya que esto es esencial para promover un debate amplio sobre las cuestiones que atañen a la sociedad".



Añadió que "solo cuando se verifican las condiciones que disponen las doctrinas de la real malicia o `Campillay´ pueden aplicarse sanciones por la difusión de informaciones inexactas".



La entidad juzgó que "de acuerdo al sistema interamericano, las restricciones a la libertad de expresión deben ser `necesarias´ para evitar un daño o un amenaza de daño cierto y comprobable. Esto es, que tal objetivo no pueda alcanzarse por un medio menos restrictivo de los derechos que la imposición de multas". En su información de prensa ADC puntualizó que "en este caso, el Estado no ha acreditado fehacientemente el daño ni la relación de causalidad que existiría entre la difusión de las cifras y el aumento del proceso inflacionario o la generación de un estado de incertidumbre en la población".



Además, propuso que "en ese caso, el Estado podría recurrir a canales alternativos para contrarrestar la información que considera errónea, difundir las cifras que cree correctas o cuestionar la credibilidad de las consultoras, sin necesidad de aplicar sanciones".
Fuente: 
Agencia DyN.