Sábado, 3 Diciembre, 2011 - 19:01

A una semana del tercer mandato kirchnerista, las contradicciones enturbian la etapa de sintonía fina

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Con la gravedad y adustez de un Leopoldo Galtieri en plena guerra de Malvinas y como si fuera un parte militar que denuncia una conspiración de vida o muerte, Amado Boudou pegó el grito de advertencia ante las cámaras de televisión: "Estamos sufriendo un fuerte intento de desinformación y confusión", en este caso por parte de la prensa no alineada a reproducir a pie juntillas el relato oficial, léase los diarios Clarín y La Nación.

Hablaba el vicepresidente electo sobre el fin de los subsidios para los que más tienen y junto a él, Julio De Vido asentía, mientras un grupo de aplaudidores y reidores profesionales le agregaban el viernes al mediodía mayor vergüenza ajena la situación. 



Quizás la etapa de la sintonía fina debería ser encarada por fileteadores y no por pintores de brocha gorda que no pueden hacerse cargo de comunicar con todas las letras una cuestión de plena justicia. 



Tremendista, antes que irónico para explicar que en realidad los ciudadanos que ganan más de $ 5.200 tienen que estar agradecidos porque se acabó el Disneyworld que votaron en octubre, Boudou siguió pateando la pelota afuera: "Estos dos diarios buscan desvirtuar este sistema de personalización y redireccionamiento de ingresos (sic) y presentarlo como si fuera un problema fiscal", lo que parece ser que no existe para el actual ministro de Economía.



Sin embargo, seguramente él no ignora que entre 2003 y 2008 se registró un incremento en los subsidios del orden de 49%, pero que sólo en 2010 el aumento fue de 40% respecto de 2009 y que este año, la cuenta ya está arriba de los 70 mil millones de pesos, por lo que un ahorro de 20 mil millones al menos serviría, y muy bien, para recomponer la caja.

No es un misterio tampoco para nadie, que los números genuinos del Tesoro no están cerrando este año ni por asomo con la holgura de los tiempos de Néstor Kirchner, cuando los subsidios eran varias veces menores. 



Es más, se perdió la solvencia fiscal en el mandato de Cristina Fernández y este año el déficit real estará en unos 15 mil millones de pesos, algo realmente sencillo de solucionar. Pero en el mundo de eufemismos sobre el que se sustenta el relato gubernamental, para seguir con las tristes comparaciones, contar estas costillas y salirse del discurso único resulta casi subversivo. 



El primer problema que no quieren admitir los funcionarios es que la mayor parte de los usuarios subsidiados, aquellos que no van a quedar encuadrados en ninguna de las opciones que se admiten en el formulario, podrían recibir aumentos bien salados en sus bolsillos y achicar así sus otros consumos, lo que generaría cierto enfriamiento del que no se quiere hacer cargo nadie. 



Probablemente por este motivo, a Boudou, quien había sido cascoteado por la Presidenta cuando lo llamó "concheto de Puerto Madero" y cuando, tras su reacción, le recordó amablemente dos veces que ella lo había "puesto" como vicepresidente, le interesó marcar una vez más para su propia interna que lo que se busca con estas medidas es "mantener la equidad y la competitividad". 



En todo caso, habría que preguntarse por la acepción del verbo "mantener", ya que si significa "sostener" es porque uno de los pilares del modelo se ha debilitado, debido a una inequidad que se vino sosteniendo desde hace años y que ahora se pretende subsanar de un plumazo. Si las cosas se hubiesen rectificado gradualmente a través del tiempo, como un acto justiciero para evitar que los pobres de todo el país fuesen quienes subsidiaran a los ricos de la Capital Federal y el GBA, hoy nadie estaría hablando de tarifazo para recuperar algo de caja. 



En cuanto al autoritarismo de imponer el discurso y azorados además porque los medios independientes les enmiendan la plana a cada rato ya que, como ocurre en todo el mundo, atienden prioritariamente a la necesidad de sus lectores antes que al halago de los gobiernos de turno, los funcionarios salieron a revolear las portadas de los diarios. 



La moraleja es que para el kirchnerismo duro sólo resulta válido el relato oficial y que a quien ose discutirlo le está reservado un lugar en el Index de los libros perniciosos para la fe. 



Más allá del show y mal que le pese a los ministros, lo concreto es que es la oportunidad están presentes las dos situaciones que se han marcado y que el Gobierno se empeña en negar: existe un problema fiscal y, además, habrá un golpe para el bolsillo de la gente, directo o indirecto, a través de la suba de precios. Pero antes de admitirlo, ambos funcionarios sólo atinaron a echar espuma por la boca y a quedar entrampados en sus propias contradicciones, que son diarias en todos los niveles de gobierno y que alguien les tiene que marcar, sólo para que se corrijan. 



Lo que más debe doler puertas para adentro del Gobierno es que a veces son los propios papers oficiales los que se encargan de refutar los conceptos que se tratan instalar desde los atriles, los cenáculos de reflexión K o desde las bajadas de línea de los medios oficialistas, como por ejemplo que los grandes operadores eran los que sacaban a mansalva los dólares del país para debilitar al gobierno que había ganado con 54% de los votos, que había que combatir el lavado de dinero o que las empresas transnacionales se llevaban sus ganancias al exterior. 



Estas fueron las justificaciones más escuchadas para defender las restricciones a las compras de dólares. 



Sin embargo, en el habitual Informe sobre la Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios que publicó el jueves pasado el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se señalaron tres cosas con toda claridad: a) que la salida neta de dólares ya se viene verificando desde hace varios años y que durante la gestión CFK los giros al exterior o al colchón sumaron casi U$S 70 mil millones, una vez y media las reservas actuales. Solamente este año, en nueve meses se fugaron U$S 18,3 mil millones. 



b) que la demanda de dólares del tercer trimestre fue motorizada por "parte de la franja de ahorristas de montos menores" y que 45% de ellos compraron menos de U$S 10.000 por mes, en operaciones que no parecen ser originadas en el lavado de activos.

c) que los giros al exterior de las empresas fueron casi similares a los del año 2010, con lo que las especulaciones paranoicas se autodestruyen. 



El otro berenjenal en el que se metieron los ministros fue más político y tuvo que ver con la relación que el gobierno nacional quiere mantener con Mauricio Macri, uno de los pocos opositores, junto a Hermes Binner, que salió indemne de las últimas elecciones. Para el jefe de Gobierno porteño hay permanente ración de palo y zanahoria y esta semana le aplicaron correctivos desde diferentes ámbitos. 



En primer lugar, Boudou y De Vido hicieron comparaciones duras con el aumento de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) porteño, a la hora de anunciar que se le quitarán los subsidios de gas, luz y agua a los edificios municipales y también al alumbrado público de la Ciudad. "No es razonable que si un gobierno cobra un aumento a los usuarios, siga manteniendo el subsidio del gobierno nacional. Sería un enriquecimiento sin causa", criticó el ministro de Economía. 



Inmediatamente después, De Vido atacó por el lado de los subterráneos, que la administración Macri no recibe porque pide que se hagan una serie de inversiones comunes durante los próximos años: "La Casa Rosada apuesta al acuerdo, pero el traspaso entró en tiempo de descuento", señaló. 



Un rato más tarde, en un encuentro con periodistas, el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, pidió que entre ambas jurisdicciones "trabajemos juntos para resolverles los problemas a la gente" y que "se terminen las chicanas entre este matrimonio que va y que viene". En tanto, en el gobierno de la Ciudad se preguntan que pasará con la tarifa eléctrica para moverlos, cuando los subtes pasen a la Ciudad. 



El comentario de Grindetti no llamó la atención, ya que el gobierno porteño había quedado además muy golpeado por la situación que se había dado el día anterior en la Legislatura porteña, también con la oposición activa del kirchnerismo, cuando logró con apenas 30 votos sobre 60 imponer como Ley, recién a partir de 2013, el reemplazo de las Juntas de Clasificación y Disciplina Docente por una Comisión que dependerá del ministerio de Educación de la Ciudad. 



Más allá de las agresiones callejeras que sufrieron manifestantes y legisladores y el asalto final al Palacio Legislativo que rechazó la Policía Metropolitana desde adentro ante la ausencia manifiesta de la Federal, el proyecto que se trató en el recinto fue resistido por algunos gremios, ya que modifica 24 artículos del Estatuto del Docente. Además, en nombre de la educación pública, los dirigentes paralizaron las clases durante los últimos días para oponerse a la nueva norma, ya que hasta ahora ellos eran quienes por mayoría tenían la llave de las designaciones y cambios. 



Si bien no llama tanto la atención la defensa de los privilegios gremiales, lo que resulta difícil de entender es que entre quienes decidieron no aprobar el último proyecto (27 en contra, más tres abstenciones) hay legisladores (algunos docentes de izquierda) cuya bandera principal es la de reivindicar el rol del Estado. En esta oportunidad, cuando el Estado se decide por una vez a hacerse cargo de un tema indelegable se rechaza su acción, sólo porque el PRO les resulta indigerible a muchos de ellos, por ser una expresión que ubican en la centro-derecha. 



Esta repulsión al macrismo, que lo llevó a Boudou a comparar al jefe de Gobierno con Margaret Thatcher, es lo que impide en el fondo el acercamiento, que Macri simula creer quizás por consejo de sus asesores, pero que hasta ahora le ha dado más dolores de cabeza que beneficios. No vaya a ser cosa que al gobernante porteño le suceda lo mismo que a Daniel Scioli, quien hizo y hace buena letra y profesión de fe kirchnerista cada vez que puede, pero al que lo están limando por los cuatro costados. 



O que le pase lo mismo que a Julio Cobos, quien todavía está esperando que Néstor y Cristina Kirchner le hagan llegar la plataforma electoral que le prometieron armar en 2007, cuando lo embarcaron en la aventura de la concertación. Hoy, el vicepresidente saliente está en el peor de los mundos, tironeado por la institucionalidad que le demanda tomarle juramento a la presidenta de la Nación electa, el sábado próximo, o irse a su casa el 9 de diciembre. 



Si no fuese Cobos, la ceremonia deberá ser presidida por la nueva presidenta provisional del Senado, la tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich, quien ha dicho que leerle la fórmula del juramento a la Presidenta sería para ella "un sueño", ya que se ha declarado "incondicional" no del país, ni de su provincia, ni mucho menos del peronismo, ni del modelo económico y ni siquiera del proyecto nacional y popular que encaminó el ex presidente Kirchner, sino de Cristina Fernández. Toda una definición para entender los tiempos políticos que se avecinan.
Fuente: 
(*) Periodista DyN