Viernes, 2 Diciembre, 2011 - 09:02

Traba internacional: El BM posterga un desembolso de US$ 80 millones para Argentina

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El Banco Mundial (BM) postergó un pago crediticio por 80 millones de dólares en favor de la Argentina, cuota final de la “Nueva Alianza Estratégica” acordada con el país hace más de dos años. Es la primera vez que se registra una traba desde que comenzó la presión del gobierno de Obama contra el financiamiento al país de parte de organismos multilaterales de crédito.

La medida refiere a los 80 millones de dólares que, antes de fines de año, se esperaban como cuota final de la llamada "Nueva Alianza Estratégica", que el organismo presidido por Robert Zoellick acordó con el país hace más de dos años, con un programa por un total de 3300 millones de dólares.



La noticia trascendió el mismo día en que el Fondo Monetario Internacional confirmó ayer, de modo público, que había "resistido" dar información a un juez argentino en materia de costo de vida, amparándose para ello en una cláusula de confidencialidad.



"Es una cláusula de confidencialidad que todos los países miembros suscriben en cuanto socios del FMI", dijo, en línea con lo anticipado por La Nacion, el vocero del organismo, Gerry Rice, al ser consultado ayer de modo público. No lo dijo especialmente, pero de sus expresiones se desprende que la Argentina, en cuanto socio del organismo, avala la confidencialidad en la que se amparó para negarse a participar en la causa judicial que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inició contra consultoras económicas que realizan mediciones privadas de inflación.



Tal la posición del organismo frente al pedido del juez penal económico Alejandro Catania, a cargo de la causa que Moreno abrió contra la consultora del economista Carlos Melconian por la elaboración de un índice de inflación alternativo al que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



La causa judicial se armó pese a que el propio Gobierno terminó por reconocer implícitamente la falta de credibilidad de sus indicadores de precios y aceptó una "asesoría" del FMI para mejorarlos, en una gestión cuyos frutos finales se vienen demorando. En cuanto a la postergación del desembolso crediticio, fuentes consultadas en Buenos Aires insistieron en restarle importancia a la cuestión. "No es nada que nos afecte", dijeron.



Afirmaron al respecto que se trata "sólo de una reprogramación" que esperan que se concrete "en las primeras semanas" del año próximo, pero reconocieron que hubiesen preferido que los fondos estuvieran disponibles antes de fines de año.



Voto negativo

La dilación del giro se produce en momentos en que el gobierno de Obama mantiene a rajatabla la presión para evitar el financiamiento de nuestro país en organismos multilaterales de crédito.



"Votaremos en contra de los créditos que la Argentina negocie en el Banco Mundial (BM) y en el Banco Interamericano de Crédito (BID)", dijo, en septiembre pasado, la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, Marisa Lago.



Desde entonces, Washington utilizó en cinco oportunidades su voto negativo contra créditos que la Argentina negoció en el BID, que, de todos modos, fueron aprobados.



En el caso del BM, y si bien no hubo votación alguna, es la primera vez, desde entonces, que se registra una traba o una demora con un desembolso hacia el país.



Precisamente, en el momento de firmarse, en junio de 2009, el programa crediticio completo con el BM se lo acordó por tres años, hasta 2012. Los 3300 millones de dólares era el límite de fondos que la Argentina podía utilizar de ese organismo hasta entonces.



Antecedentes

El primer proyecto que se financió con ese dinero fue el que el gobierno de Cristina Kirchner presentó como destinado a ayudar a personas sin empleo.



En el momento de la firma, la entidad reconoció avances en la recuperación económica del país luego de la crisis de 2001, pero alertó sobre la "limitada capacidad de atraer capital privado".



Indicó también que la creciente intervención estatal en la economía podía "disminuir la credibilidad del Gobierno en relación con los derechos contractuales y desencadenar una nueva oleada de casos de arbitraje".
Fuente: 
La Nación