Domingo, 27 Noviembre, 2011 - 08:37

¿Kirchnerismo con sintonía fina?

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Un viejo principio aristotélico sostiene que es injusto tratar igualmente a los desiguales. Esa inequidad es la que ha venido cometiendo el kirchnerismo desde hace varios años con el programa “subsidio para todos”, que benefició a pobres y a ricos sin distinción, y por cifras que fueron escalando hasta llegar a niveles monumentales.

Se calcula que para compensar las tarifas baratas para todos en electricidad, gas, transporte y agua, el Estado gastará este año unos 50.000 millones de pesos. Si la asistencia a los necesitados fue, es y debe seguir siendo una política imprescindible, los subsidios al resto fueron, son y seguirán siendo un enorme despilfarro de recursos.



Tan grande era esa dilapidación que se tornaba insostenible a simple vista, lo que inducía a dar crédito a las insinuaciones que hacían funcionarios acerca de un inminente abordaje al problema. Un mes atrás en esta columna se incluyó la revisión de los subsidios tarifarios como una prioridad en “La agenda de Cristina”, y lo mismo hicieron muchos otros periodistas y analistas. Se caía de maduro.



Ahora que, tardísimo pero de una buena vez por todas, el Gobierno ha comenzado a desarmar el gigantesco embrollo, aparece el problema de separar la paja del trigo. Quiénes necesitan el subsidio y quiénes no. El primer desafío de los que están diseñando el nuevo esquema es definir el criterio que divide a unos de otros.



Han comenzado por lo sencillo e indiscutible. Por un lado les quitaron los subsidios a barrios enteros de gente de muy alto poder adquisitivo y a sectores productivos de altísima rentabilidad y/o de escasa o nula incidencia en la formación de precios relevantes de la economía, como bancos, casinos, bingos, empresas de telefonía celular, mineras, petroleras, etc. Por el otro, adelantaron que seguirán recibiéndolo los beneficiarios de la asignación universal por hijo y los jubilados que cobran la mínima. Pero entre una punta y otra hay una gran zona media muy compleja de separar. ¿Se guiarán por el consumo? ¿Por el ingreso del hogar? ¿Por el patrimonio? ¿Por el valor del inmueble? ¿Por alguna combinación de esos parámetros?



La convocatoria a la renuncia voluntaria, que fue planteada aquí en septiembre del año pasado, da lugar a una interesantísima experiencia sobre el comportamiento social, pero es incapaz de resolver el problema.



El segundo desafío para los funcionarios deriva de otro de los principios básicos aristotélicos: es injusto tratar desigual a los iguales. Una vez definido el criterio, su aplicación debe ser correcta, de manera de afectar a todos los que haya que afectar y mantener cubiertos a todos los necesitados. Si los errores son excepcionales, siempre está la posibilidad de corregirlos. Si son numerosos y garrafales como cuando en el 2008 se intentó acotar los subsidios, lo más probable es que se fracase como entonces.



Si bien los cambios realizados hasta ahora fueron radicales (se eliminaron subsidios completos), la complejidad del asunto aconsejaría de ahora en más contemplar modificaciones graduales, que tornen más digerible el impacto inicial de los aumentos tarifarios, y que por sobre todo atenúen la reacción frente a los inevitables errores. La Presidenta dijo el martes pasado que “entramos en la etapa de sintonía fina”; no se refirió específicamente a la reformulación de los subsidios, pero no hay tarea en marcha que requiera más sintonía fina que esta.



Así como el Gobierno se niega a reconocer el error de haber mantenido largos años el subsidio para todos, parte de la oposición y no pocos analistas y columnistas políticos se empeñan en descalificar el cambio de rumbo como “tarifazo”, “ajuste” o “decisión impopular”. Curioso: el kirchnerismo ahora modifica lo que antes justificaba, y hay algunos que desde la vereda de enfrente ahora critican lo que antes reclamaban. No faltan ejemplos de coherencia, al menos en este tema: Javier González Fraga venía insistiendo con la irracionalidad de los subsidios desde antes de que fuera elegido candidato a vice de Ricardo Alfonsín, lo siguió haciendo durante la campaña, y la semana pasada fue el primero en aplaudir la iniciativa oficial.



Hasta el cierre de esta nota, lo anunciado por el Gobierno no se parece en nada a un tarifazo, si por ello se entiende un aumento generalizado. A lo sumo puede hablarse de “tarifazo para pocos”. Lo mismo vale para el término “ajuste”, y por ende el adjetivo “impopular” suena descabellado.

Pero como la quita de subsidios no se agota en Puerto Madero, Barrio Parque, Recoleta y los countries, cabe preguntarse ¿qué piso de la pirámide social tendría que perforar la extensión del aumento tarifario para que sea considerada “antipopular”?



Cualquier respuesta racional requiere tener en cuenta la composición de la pirámide social. De acuerdo con la última construcción elaborada por la consultora CCR para el año 2010, en la punta superior la clase top abarca a un 7 por ciento del total de hogares con ingresos mensuales superiores a los 17.500 pesos, cifra que actualizada se ubicaría alrededor de los 21.000 pesos. En una segunda franja se encuentra la clase media alta que comprende al 17 por ciento de los hogares que tienen ingresos mensuales de entre 7.500 y 21.000 pesos. Es decir que casi una cuarta parte de la población tiene una “alta” capacidad de consumo, según la caracterización de CCR.



¿Alguien consideraría regresivo o impopular una quita de subsidios limitada a ese sector? Por supuesto que cabe la discusión para hogares con ingresos de hasta 10.000 pesos, por poner un número. Pero también está la posibilidad de que la quita sea parcial y/o gradual.



Mucho más polémica y conflicto habrá si la quita se extiende hasta la clase media típica. ¿Cuál sería la reacción social si familias con 6.000 pesos de ingresos mensuales sufren un alza tarifaria de, por ejemplo, 240 pesos, o sea del 4 por ciento? Seguramente provocaría rechazo y protesta. Ahora bien, ¿la alternativa es mantener las tarifas congeladas para siempre?



El eventual impacto inflacionario y recesivo depende del alcance que tenga la reducción del subsidio y de las ramas industriales que afecte. Si la quita recae primordialmente en hogares con capacidad de ahorro y en sectores productivos no determinantes en la formación de precios, el efecto será ínfimo. En caso contrario, dependerá de la magnitud de los cambios.



Los ministros Julio De Vido y Amado Boudou reiteran que se estudiará caso por caso para llegar a “personalizar” los subsidios. Para eso se requiere operar con sintonía fina; un término que Cristina Fernández acaba de incluir en su relato, pero que hasta ahora no fue característica distintiva del kirchnerismo.
Fuente: 
InfoNews