Martes, 29 Noviembre, 2011 - 07:28

En "reclamo de profunda justicia" UPCP para por 48 horas

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Este martes y miércoles será la nueva medida impulsada por UPCP en reclamo de la derogación del Decreto 2107 y la inmediata recomposición salarial y acelerar el proceso de pases a planta. El secretario general del gremio, José Niz, tildó al paro como “la profunda justicia” del plan de lucha que realizan, y lo consideró “un paso más del camino”.

Una inmediata recomposición salarial, la derogación del Decreto 2107, más la exigencia para dar celeridad al proceso de pasea planta son algunos de argumentos que sostienen la protesta, que incluye un paro general de 48 horas para el martes 29 y miércoles 30 de noviembre.



EL PLAN DE LUCHA

A través de un comunicado, desde UPCP puntualizaron los ejes de la protesta, que incluye un paro de actividades de 48 horas que será cumplido durante el martes 29 y miércoles 30. Entre las reivindicaciones que sustentan la medida, figuran una recomposición salarial, con el blanqueo de los $150 en las condiciones pactadas, el otorgamiento de bonificaciones que fueron acordadas y aún están incumplidas para personal de Casa del Chaco, IDACH, personal civil de la Policía, pago de bonificaciones de riesgo de vida para la Unidad de Emergencias Médicas (UCCEM) y de insalubridad para el Area de Mantenimiento del Hospital Perrando.



Además, incremento de las Asignaciones Familiares respeto a la sanción de la nueva ley de Insalubridad
y Fondo de Estimulo en el Ministerio de la Producción, la aceleración del proceso de Pase a planta con contratados de locación de servicio y jornalizados, en una sola etapa, el incremento de Salarios del personal precarizado, con la asimilación al personal de planta permanente, la derogación inmediata del Decreto 2107 que vulnera la Carrera Administrativa.



EXIGIMOS CELERIDAD

“En todo este proceso de pase a planta– expresó -hemos destacado la decisión política del gobernador Capitanich, en concordancia con un reclamo que UPCP venía realizando hace muchos años, para eliminar la precarización laboral y provocar una despolitización del empleo público, defendiendo los ingresos únicamente por concursos de antecedentes y oposición, y no con la figura de contratado sino como personal de planta permanente. Sin embargo, las instancias intermedias que deben ir dando los pasos técnicos para que todo se concrete plenamente no han actuado en sintonía con una definición tan clara como la que tuvo el titular del Poder Ejecutivo”.



“Por eso exigimos celeridad – enfatizó Niz – porque sabemos cabalmente que muchos de los pasos ya podríamos haber completado si todos hubieran sintonizado con esta necesidad de que nuestros compañeros tengan plenamente normalizada su situación laboral. Recordemos que el 3 de noviembre cumplió un año la sanción de la ley y
hasta ahora no pasó nadie a planta, a pesar de los reclamos constantes de la institución sindical, incluso se benefició a terceros que no prestaban servicios en la administración pública mientras que los más de 15.000 inscriptos siguen esperando que se ejecute lo acordado. En las Subcomisiones Sectoriales se ponen trabas todo el tiempo por parte de los representantes de la Dirección General de Recursos Humanos. Los organismos técnicos se tienen que adecuar al criterio político y deben observar los principios de inclusión laboral e igualdad de acceso tal como lo establece la Ley 6655”.



Niz remarcó además que “seguimos bregando para que mientras se ejecuta el pase planta el Ejecutivo haga una asimilación de los salarios de los contratados al personal de planta, pues cumplen la misma carga horaria con las mismas responsabilidad y el mismo tipo de tareas pero con una remuneración menor”.



EL DECRETO 2107 QUE UPCP PIDE DEROGAR

El secretario general de UPCP José Niz volvió a explicar que el pedido de derogación del Decreto 2107 es otro fundamento central en el plan de lucha que lleva adelante el gremio estatal pues “ese decreto viola el derecho a la carrera administrativa de los trabajadores de la administración pública, entes descentralizados y autárquicos, al pretender exigir un título universitario como condición para cubrir cargos de Director y Jefes de Departamento”.




El titular de UPCP resaltó que “este gesto del Gobierno trasgrede el principio de la buena fe que preside las negociaciones. La semana entrante se definirán en el cuerpo de delegados de UPCP
las medidas gremiales para que se derogue este decreto que discrimina a los trabajadores con antigüedad e idoneidad en las funciones que cumplen cotidianamente”.



Asimismo, manifestó que “al empleado público hace casi dos décadas
se lo ha privado del derecho a los concursos y que, trabajadores que hace años cumplen funciones de mayor responsabilidad por tener funciones jerárquicas, no perciben los sueldos que les corresponden por el cargo. El Decreto dictado
establece como condición para cubrir cargos de Director General, Director
y Jefe de Departamento
un título profesional de grado, quitándole derechos a los que no poseen título universitario y que se desempeñan en los mismos”.



Niz fue categórico al definir: “UPCP considera que los trabajadores que esperaron que se aprueben las estructuras orgánicas funcionales y que están capacitados para los concursos de antecedente y oposición, han sido burlados con esta medida administrativa que viola la normativa legal vigente. Además, nuestra Constitución Provincial garantiza el derecho a la estabilidad y
a la carrera administrativa estableciendo en los empleos públicos como único requisito la idoneidad”.



“Vamos a luchar – profundizó Niz – para garantizar que todo trabajador pueda concursar midiendo sus capacidades en igualdad de condiciones con todos los postulantes a los nuevos cargos previstos en las estructuras. Esta medida tomada por el gobierno es arbitraria porque la mayoría de las funciones jerárquicas se llevan a cabo por trabajadores que cuentan con experiencias y capacitaciones específicas, aunque no cuenten con un título universitario. Nos preocupa el desconocimiento en materia política de recursos humanos, sin visión democrática y con mecanismos que quitan derechos al trabajador y violan los acuerdos suscriptos en los marcos paritarios”.