Jueves, 24 Noviembre, 2011 - 21:29

Análisis
La semilla del escándalo

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En la sesión de este miércoles los diputados que rechazaron el proyecto de creación de la estructura de cargos de la Defensoría del Pueblo condenaron el toma y daca de las bancadas mayoritarias en el nombramiento de parientes y entenados para ocupar unas 30 plazas disponibles. Así, en la víspera, el instituto llamado a velar por la transparencia del Estado se ponía en marcha con el estigma de la discrecionalidad y la manipulación política.

El propio Defensor designado en julio pasado, Gustavo Corregido, adelantó que no iba a asumir después de semejante desbarajuste. Sólo el Defensor adjunto permaneció en silencio.



ARMANDO EL ROMPECABEZAS

La ley de 1994 señalaba en su artículo quinto que la Defensoría del Pueblo tendría autonomía funcional y autarquía presupuestaria de los poderes del Estado, y que estaría integrada por el Defensor del Pueblo y el personal auxiliar que estableciera la reglamentación. El artículo siguiente precisaba que las designaciones y sanciones correrían por cuenta del Ombudsman. En junio de este año esos artículos se modificaron.



En efecto, con la sanción de la Ley 6817 se incorpora la figura del Defensor del Pueblo Adjunto y se dispone que la Legislatura nombrará “el personal profesional y auxiliar que establezca la ley especial que se dictará al efecto, en la que se determinarán las remuneraciones a percibir”. Se estaba armando el cuadro de situación que derivaría en el escándalo de este miércoles.



¿Incorporar un “adjunto” equivalía a establecer a priori ecuanimidad en el “control” político sobre la Defensoría? Cuando dejaban entrever que los primeros empleados de ese instituto serían designados por la Legislatura, con nombre y apellido y remuneraciones, ¿nos estaban avisando que habría un reparto a piacere de los cargos?



OJO AL PIOJO

En la modificación de este año el artículo sexto tuvo agregados, pero la reseña sobre la atribución del Defensor del Pueblo para los nombramientos y cesaciones no se tocó. Mientras el artículo quinto establece que la Legislatura nombrará a la estructura del personal profesional y auxiliar, el sexto dice que lo hará el Defensor del Pueblo. ¿Podría Corregido asumir y, acto seguido, patear el tablero? ¿Podría cesantear a todo el personal nombrado previamente y designar gente nueva o hacer que se concursen los cargos?



Hay una previsión racional, típica, en el artículo cuarto, que a los fines de un análisis nervioso podría prestarse a suspicacias: “El Defensor del Pueblo podrá delegar funciones en el Defensor del Pueblo Adjunto, siendo éste quien lo sustituirá en el ejercicio de las funciones que le son propias en los supuestos de ausencia, inhabilidad temporal o vacancia”. ¿Podría Corregido no asumir y, ante la “vacancia”, ser el Adjunto quien, conforme lo establece la ley, se hiciera cargo de la Defensoría?



AUTONOMÍA Y AUTARQUÍA

Las respuestas a los recelos del buen cristiano pueden ser convincentes, pero hay algo que ya no se puede arreglar porque se puso en duda la autonomía funcional de la Defensoría del Pueblo, sin la cual no tiene sentido su puesta en marcha.



Pero no sólo se puso en duda por el escándalo, sino por la metodología elegida por los legisladores: si éstos designan sin concurso previo a los colaboradores del Defensor del Pueblo, ¿qué autonomía funcional va a tener ese instituto? El cuadro empeora si los designados comparten con los interesados apellidos, lazos de sangre o amistad manifiesta.



Como le dijo a sus colegas uno de los críticos al proyecto: “Hasta sus parientes quedan mal, porque quizás sean personas idóneas para el cargo, pero al ser nombradas sin concurso, sin darles la posibilidad de ratificar sus merecimientos, terminan ensuciándolas”.


Fuente: 
(*) De la Redacción de Diario Chaco