Domingo, 20 Noviembre, 2011 - 13:35

Causas contra funcionarios judiciales de la dictadura: hay al menos 55 involucrados pero sólo un magistrado condenado

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El dato surge de un informe elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las investigaciones por delitos de lesa humanidad. El ex juez federal Víctor Brusa sigue siendo el primer y único magistrado con condena. En Chaco, los ex fiscales Roberto Mazzoni y el fallecido Carlos Flores Leyes renunciaron cuando se amontonaban las denuncias en su contra; posteriormente fueron imputados en la causa Caballero.

El inicio del juicio político al camarista mendocino Otilio Romano evidenció un proceso que hasta hace unos años atrás parecía imposible: en todo el país hay al menos 55 jueces, ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales implicados en causas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. El dato pertenece a un relevamiento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos que también refleja el lento avance del Poder Judicial a la hora de investigarse a sí mismo, ya que el ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa fue el primero y sigue siendo el único magistrado condenado.



En los últimos años, las denuncias sobre la complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado comenzaron a aflorar de manera espontánea en los juicios contra los represores. En Mendoza, La Rioja, Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires, sobrevivientes de centros clandestinos o familiares de detenidos desaparecidos aportaron testimonios sobre el rol que cumplieron algunos jueces, que con su accionar le dieron un amparo legal a los más atroces delitos cometidos desde el Estado. “Hay dos cosas para analizar en este proceso. Por un lado, el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, que en su avance natural alcanza a los funcionarios judiciales que actuaron durante la última dictadura. Se trata de un proceso que avanza hacia el juzgamiento de las conductas de quienes ocupaban puestos en la justicia”, explicó a Tiempo Argentino Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal a cargo del fiscal Jorge Auat. “Además, este proceso pone en evidencia las falencias de la justicia para investigar en la actualidad los delitos de lesa humanidad. Hay funcionarios que si bien no están implicados con aquella época, por desidia o por ideología, no están a la altura de las circunstancias y no actúan correctamente. Funcionarios que objetivamente impiden el avance de los juicios”, agregó.



El proceso comenzó con testimonios muy concretos sobre funcionarios judiciales que fueron vistos en centros clandestinos de detención participando activamente de interrogatorios o de torturas. Tal es el caso del ex juez Brusa, condenado en 2009 a 21 años de prisión por apremios ilegales contra ocho detenidos cuando era secretario del juzgado Federal de Santa Fe. Según los testigos, recorría los centros de detención de esa provincia para, mediante amenazas y torturas, tomar declaraciones indagatorias.
Alba Alicia Sánchez, uno de los testigos de la causa, recordó que Brusa le había quemado los pechos con un cigarrillo y la manoseó mientras estaba detenida en la seccional cuarta de policía de Santa Fe.



Con el avance de los juicios, los testimonios comenzaron a develar la estrecha relación de una estructura judicial que, si bien no participó de la represión de primera mano, como el caso de Brusa, le tendió un manto legal a los secuestros y las torturas, a sabiendas de lo que sucedía en los centros de detención.



Mendoza es una de las jurisdicciones más emblemáticas, ya que las máximas autoridades judiciales de la provincia fueron acusadas por delitos de lesa humanidad. Allí, los camaristas Romano y Luis Miret se encuentran procesados por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cuando eran fiscal y juez federal respectivamente. Su ex compañero en la Cámara, Carlos Martín Pereyra González, aún sin imputación formal, renunció a su cargo luego de que fuera denunciado por encubrir delitos de lesa humanidad cuando era secretario de un juzgado federal de San Luis. Mientras tanto, otro camarista, Julio Petra, presentó recientemente su renuncia, luego de quedar procesado por encubrir a su amigo Romano. “Eran jueces de sus propios pleitos”, señaló el fiscal Auat al recordar las demoras que tenían las causas en esa jurisdicción. Y agregó: “Se sacó el cepo para investigar, que en Mendoza tenía nombre y apellido.”



En la misma provincia hay otros dos ex jueces procesados por delitos similares: Rolando Carrizo Elst y Guillermo Max Petra Recabarren. También está imputado el ex juez Gabriel Fernando Guzzo, quien presentó un parte médico por incapacidad psicológica, y los ex fiscales Ernesto Peñaloza, Carlos Ernesto Fuego y Edgardo Díaz Araujo



En La Plata, en el juicio oral por delitos en la Unidad Penal Nº 9, el tribunal presidido por Carlos Rozanski ordenó que se investigue a 13 jueces y un ex fiscal a partir de testimonios de sobrevivientes que los recordaron como asiduos concurrentes al penal. Además,
Leopoldo Schiffrin, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, pidió investigar a los ex jueces platenses Eduardo Hortel, Eduardo Sanucci y Horacio Piombo.



Similar situación se da en Córdoba. Luego del juicio por los fusilamientos de los presos de la Unidad Penal 1, varios funcionarios quedaron en la mira de la justicia por su actuación en la dictadura. Por ahora sólo continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Miguel Ángel Puga, pero durante el juicio también fueron denunciados el ex secretario Penal del Juzgado Federal Nº 1, Carlos Otero Álvarez; el actual conjuez de la Corte Suprema Ricardo Haro, quien fue defensor oficial; Luis Eduardo Molina y Eudoro Vázquez.



Los ex fiscales de Chaco Roberto Domingo Mazzoni y el ya fallecido Carlos Flores Leyes renunciaron a sus cargos cuando comenzaron a amontonarse las denuncias por haber participado de interrogatorios bajo tortura cuando eran secretarios del juzgado de Resistencia. Ambos fueron luego imputados en la causa Caballero Residual.



El juez federal de Bahía Blanca Guillermo Federico Madueño, quien había sido nombrado por su amigo el general Acdel Vilas, también participaba en los interrogatorios bajo tortura. Si bien Madueño murió, sus secretarios quedaron imputados. Se trata de Hugo Mario Sierra, recientemente detenido y suspendido en su cargo docente en la Universidad Nacional del Sur, y Gloria Girotti. El fiscal federal Abel Córdoba consideró que “había un pacto delictivo entre Madueño, Sierra y Girotti con las fuerzas militares, el Comando en ese entonces a cargo de Vilas y la Policía Federal que aseguraba la realización de los hechos”.



Parenti entiende que la etapa de investigación de los delitos de la justicia está recién comenzando. “Estamos en medio de un proceso de conocimiento y de reformulación del rol de la justicia, que tiene que ver con las pruebas que van a apareciendo. Venimos del relato de los ’80 en el cual la justicia había sido impotente sobre lo que pasaba en la dictadura, hoy en día se empieza a poner en crisis ese relato y en muchos lugares se ve claramente la participación o complicidad de funcionarios judiciales”, indicó. Además, señaló que investigar estos hechos “implica romper una nueva barrera de invulnerabilidad, de protección. Primero era muy difícil ir contra las Fuerzas Armadas, ahí hubo una primer barrera que se superó en los juicios actuales. Ahora con los jueces hay otras barreras, como la reacción corporativa.”



Por Gerardo Aranguren
Fuente: 
Tiempo Argentino.