Lunes, 14 Noviembre, 2011 - 21:02

Para Avalos, el recorte propuesto por el Legislativo al presupuesto Judicial dejará afuera los nuevos edificios previstos

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Luego de su reunión con los miembros de la comisión de Hacienda, el presidente del STJ, Ramón Avalos, señaló que hubo un recorte de casi $ 50 millones al presupuesto requerido por el Poder Judicial. “Esa restricción implica que los números alcanzarán para la planta actual de magistrados, funcionarios y empleados, pero no para la proyección de nuevas unidades judiciales previstas”, dijo.



El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ramón Ávalos, se reunió este mediodía con los miembros de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la legislatura, para analizar los números elaborados por el Poder Judicial para la gestión del 2012 y establecer las prioridades en ese marco.



Durante el encuentro, Ávalos explicó pormenorizadamente cada uno de los requerimientos que precisan especial atención y resultan prioritarios, no sólo para el Poder Judicial sino para la provincia.



Así, en su exposición, el presidente del STJ, informó que hubo un recorte de 49.785.000 millones del presupuesto enviado por el Poder Judicial. Aclaró al respecto que si bien es cierto que los recortes sobre el presupuesto pautado suelen ser habituales de parte de los distintos gobiernos, y que normalmente durante el año se encuentran soluciones para los faltantes, no resulta beneficioso para el Poder Judicial tener que requerir permanentemente fondos al Ejecutivo.



En ese sentido, Ávalos explicó que el recorte de esa restricción presupuestaria implica que los números alcanzarán para la planta actual de magistrados, funcionarios y empleados, pero no para la proyección de las nuevas unidades judiciales prevista.



Puntualizó al respecto sobre la necesidad de concretar la puesta en funcionamiento del juzgado Multifueros de la localidad de Nueva Pompeya, para el que, además del presupuesto previsto, se requiere un terreno apropiado para su edificación. El edificio se realizaría con fondos del Poder Judicial pero aunque fueron asignados los cargos, no fue así respecto de la partida presupuestaria.



Ávalos destacó que la creación de este organismo es altamente demandada por la comunidad y la zona.



Dentro de las obras que se concluirían el año que viene, el presidente del STJ mencionó el edificio de Castelli, que estaría listo en marzo o abril si se dispusiera de los créditos asignados, en los que también hubo recortes.



También indicó que se proyectan edificios para las cámaras civiles de Villa Ángela, entre otras; además de la torre 3 de Resistencia y el juzgado de Paz de El Palmar (con el que se completaría la totalidad de juzgados de paz de la provincia). Asimismo mencionó la necesidad de contar con las defensorías barriales y los centros de mediación, entre otras necesidades del Poder Judicial.



Por otra parte planteó que está prevista la puesta en funcionamiento del juzgado laboral Nº 4, y sostuvo que es necesario renovar parte del parque automotor del Poder Judicial.

Avalos también se refirió a la cuestión salarial; por un lado, planteó el tema de los 350 pesos mensuales que reciben los empleados (cuya partida alcanzaría sólo hasta junio de 2012) y la necesidad de que ese monto sea blanqueado lo antes posible.



También señaló que, si bien no es un tema incluido en el presupuesto, las bajas remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados continúa siendo tema sensible para el Poder Judicial. Recordó que estos ingresos siguen muy por debajo de la media nacional, lo que constituye un dato que afecta ostensiblemente la intangibilidad de las remuneraciones de jueces.



El presidente del Alto Cuerpo también sugirió que, si se está evaluando prorrogar la ley de retiro voluntario, se analice la posibilidad de realizar modificaciones para que cumpla con el fin para el que fue proyectada.



Al respecto opinó que se han producido casos de retiros y que el Estado chaqueño no debiera darse el lujo de permitir que eso suceda, ya que el fin de la ley debiera ser otro, amén de los costos para el Estado.