Domingo, 13 Noviembre, 2011 - 09:13

Estilos recargados
Decisiones peligrosas

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La Presidenta insiste con metodologías que alteran. El escandoloso pacto K-PRO para designar jueces federales. La anécdota ocurrió a principios de la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El entonces flamante ministro de Economía, Martín Lousteau, tenía entre sus prioridades la de hacer un exhaustivo análisis de los muchos subsidios que pagaba el Estado, a fin de proceder a su paulatina reducción.

Así fue que, durante una de esas tantas reuniones que encabezaba la Presidenta y de las que también participaba el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el objeto de análisis fue el de los subsidios a la leche y sus derivados. En un momento, Lousteau propuso la quita de la subvención a la crema de leche. Cristina requirió la opinión de Moreno. “Mire, Presidenta, en los tiempos del General, en cada casa peronista era infaltable la torta con crema chantilly en los cumpleaños”, fue su respuesta. Ahí mismo, pues, se terminó la discusión y de inmediato ella dio la orden a su ministro de Economía de mantener el subsidio en cuestión.



Han pasado cuatro años de aquel hecho. La Presidenta ha sido reelecta con un apoyo que les dio a los comicios un carácter plebiscitario y, como hace cuatro años, la cuestión de los subsidios vuelve a estar en el tapete. Y lo que todo el mundo sabe –dentro y fuera del Gobierno– es que la embrollada y superdimensionada madeja de los subsidios no va más. En aquel momento, el volumen de dichos subsidios le daba al Gobierno un margen de maniobrabilidad que hoy no tiene. Por eso es que el ajuste habrá de ser inevitable, como lo explica la mayoría de los funcionarios del área económica. Y por supuesto que, como todo ajuste, será duro.



Una de las mayores dificultades para llevar adelante ese proceso será el de montar una ingeniería muy fina para que el “reacomodamiento tarifario” –elegante giro con el que se intentará disfrazar el golpe al bolsillo de los contribuyentes– llegue a aquellos que estén en condiciones de afrontar esos mayores costos. Todos acuerdan en que habrá de ser un golpe duro para la clase media. Por ello es que se buscará hacerlo no bien comience el segundo mandato de Cristina, con la idea de que en 2013, año de elecciones legislativas, todo haya sido olvidado. Además de los efectos señalados, la reducción de los subsidios a las empresas tendrá consecuencias inflacionarias, ya que la mayoría de ellas trasladará ese aumento de sus costos a los precios de sus productos y/o servicios.



A esto hay que agregarle los vaivenes producidos por la crítica situación que se está viviendo con el dólar. En la historia de nuestro país, este tipo de crisis ha sido propia de gestiones desgastadas que van arribando al fin de su mandato. Nada de esto se aplica al actual gobierno, que viene de recibir un categórico respaldo electoral. Esto hace más evidente la absoluta impericia con la que se ha manejado hasta aquí esta especie de presente griego que el Gobierno se ha creado a sí mismo. En las conversaciones que ha tenido en Olivos con los integrantes de su staff económico –Amado Boudou, Mercedes Marcó del Pont, Ricardo Echegaray y Moreno– la Presidenta hizo conocer su enojo. No es para menos: donde había un problema se creó una crisis.



Lo que Cristina no asume es que su metodología de toma de decisiones está en el centro del lío. La Presidenta insiste con su concepción monárquica del ejercicio del poder y dispone medidas basadas en conocimientos que no posee sin que nadie se atreva siquiera a insinuárselo. Los arreglos de la economía le demandarán a la nueva gestión un ministro con peso político. Salvo el de Mario Blejer, ningún otro nombre de los que circulan reúne esas condiciones.



Lo del dólar, como siempre, hace ruido. Otros hechos de enorme gravedad institucional, lamentablemente no. La sociedad, en su mayoría, parece ser indiferente a ellos. Es lo que ha acontecido esta semana en el Consejo de la Magistratura con las designaciones de nuevos jueces federales. Estos son cargos clave para el poder, ya que es allí donde se ventilan los casos de corrupción que comprometen a los funcionarios. Una muestra de lo que vendrá se ha visto en estas semanas posteriores al triunfo electoral de la Presidenta.



Uno de esos fallos absolvió a Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, delito que estaba harto probado. Menem ahora es un aliado del Gobierno. El otro caso es el de Skanska, por el pago de coimas para la ampliación de las redes de gas, causa en la que hay una prueba irrefutable, insólitamente anulada por el tribunal, que es la grabación aportada por un auditor interno de la empresa en la que uno de los gerentes reconoce el pago de los sobornos.



Entre los nuevos jueces designados está el caso de Luis Rodríguez, un juez de instrucción que días antes de la prueba mandó pedir copias de un fallo sobre un caso similar al que “casualmente” le tocó en el examen.



Todo este bochorno se pudo concretar debido al acuerdo político alcanzado entre el Gobierno y el PRO. Todo se entiende cuando se observa que, entre los juzgados cubiertos, está aquel en el que se sustancia la causa por las escuchas ilegales contra Mauricio Macri y que hoy tiene a su cargo en calidad de subrogante el cuestionado y siempre sospechado juez Norberto Oyarbide. “Esta causa le preocupa mucho a Macri porque sabe que puede afectar letalmente su futuro político”, señala un ex juez que, al igual que León Carlos Arslanian, fue consultado por el jefe de Gobierno porteño.



Por más que desde el PRO insistan en negarlo, en los pasillos de Tribunales es un secreto a voces que fue esa necesidad política la que llevó a ordenar al consejero Alejandro Fargosi a cambiar, de la noche a la mañana, su voto sobre los nuevos jueces. ¿Eso es PRO? “No habré de votar a ninguno de los postulantes propuestos por el kirchnerismo”, lo escuchó afirmar rotundamente a Fargosi un miembro del Consejo de la Magistratura durante una ceremonia que compartía con él.



El otro cambio “sorprendente” fue el de Alejandro Sánchez Freytes, un juez de Córdoba investigado por su actuación en causas vinculadas con los derechos humanos. Es sabido que el Gobierno ha hecho del apriete a los jueces una metodología sistemática para obtener su docilidad. La existencia de este tipo de jueces altamente cuestionados en origen hiere mortalmente a la Justicia, ya que carecen de independencia, atributo imprescindible a la hora de juzgar los delitos del poder.



A partir de esta circunstancia, los ciudadanos que molesten al Gobierno deben saber, además, que estarán en libertad condicional.

¿Es esa la Argentina mejor que viene?





Producción periodística: Guido Baistrocchi
Fuente: 
Perfil.