Martes, 18 Octubre, 2011 - 15:18

Pretenden ampliar la figura del querellante particular

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Los diputados María Lidia Cáceres y Eduardo Carballo presentaron un proyecto por medio del cual proponen modificar el inciso a) del Artículo 8 del Código Procesal de la Provincia del Chaco. Sostienen que si como consecuencia del delito investigado la víctima resultare imposibilitada psíquica o físicamente para constituirse como querellante, podrá constituirse en querellante su cónyuge, descendiente, ascendiente aún sin necesidad de ser declarado judicialmente representante legal de aquella.

Los diputados justicialistas, en los argumentos sostuvieron que “el Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco, prevé la intervención del ofendido por el delito de acción pública dentro del proceso penal que se hubiere incoado, confiriéndole la posibilidad de constituirse en querellante, conforme lo establece el Art. 8 del indicado digesto ritual”.



“Amerita destacarse, como un lauro a favor del Código Procesal Penal de esta Provincia, la potencial intervención del ofendido en el marco del proceso penal, existente como consecuencia de la posible existencia de conductas susceptibles de ser subsumidas en las previsiones tipológicas del Código Penal”.



“En efecto –continúan- actualmente frente a la comisión de un delito de acción pública y conforme a la redacción vigente del Art. 8 inciso a) del indicado cuerpo legal, podrán constituirse en querellantes "El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, sin perjuicio de ejercer la acción civil resarcitoria"; pudiendo presentarse la norma, frente al ojo del lego o aún del letrado no entrenado en el ejercicio profesional del derecho en el fuero penal, como completa en si misma y comprensiva de las mas variadas hipótesis fácticas.



Sin embargo, a poco que se adentre en el estudio del texto legal sujeto a análisis, se podrá advertir que podrán quedar sin satisfacción de "tutela judicial efectiva" los casos, nada extraños en la praxis por cierto, de sujetos mayores de edad, plenamente capaces al momento del hecho delictivo del que fueran víctimas, y que como consecuencia del obrar del autor del delincuente quedaren incapacitados física o psíquicamente”.



“En relación a esto se advertirá la siguiente situación fáctico jurídica, en aquellos supuestos si el ofendido resulta incapacitado psíquica y/o físicamente, como consecuencia del delito del que es víctima, quedando en estado de vida "vegetativo", por ejemplo, no podrá realizar actos materiales inherentes a la constitución en parte querellante por sí mismo y, aún sin llegar a encontrarse en tan grave situación médica podríamos imaginar el supuesto de sujetos que seguramente no serían pasibles de comprender (dado su estado) el sentido jurídico de constitución en querellante. Es decir, nos encontraríamos en supuestos en los que el ofendido no podría constituirse en querellante per se.

En aquellos casos y por encontrarse vivo el ofendido, obviamente carecerá de "herederos forzosos", atento lo cual tampoco en este caso podría constituirse (por medio de los herederos) en querellante para garantir la salvaguarda de sus derechos dentro del proceso penal”.



Paralelamente aclaran que “la restante posibilidad que ofrece la norma que se pretende reformar, en su actual redacción, daría a casos como los estudiados, posible solución, más ésta sería, justamente más aparente que real.



Se podría argumentar, diciendo que en aquellos casos en los que el ofendido por el delito, y como consecuencia de éste, quedare incapacitado psíquica y/o físicamente y por ello no pudiera constituirse en querellante por sí mismo, podría efectuar tal constitución su "representante legal".

Más esta solución solo englobaría, para ser realmente efectiva, los casos en los que el ofendido tuviere designado representante legal al momento del delito (por ejemplo delitos cometidos sobre un menor o un demente que hubiera sido declarado tal en juicio); pero permanecerían fuera de la previsión normativa los casos en los que el ofendido al tiempo del delito, fuera un individuo mayor de edad y sin incapacidad alguna.



Ello así, por cuanto si bien se le podría designar representante legal mediante el proceso civil pertinente, por ejemplo de curatela, los tiempos propios en los que se desarrollan los juicios en "nuestro margen" podrían generar la situación de impedir la constitución en querellante por parte del sujeto incapacitado, por prolongarse mas allá de los tiempos y oportunidades procesales en los que, conforme a la ley procesal penal, se debería dar cumplimiento a la constitución en titular de la vindicta privada”.



Finalmente precisan que “a más de lo indicado precedentemente, se obligaría al entorno del ofendido a afrontar, antes de poder constituirse en querellante, un proceso civil con el consiguiente desgaste de tiempo y recursos que ello trae aparejado”.