Domingo, 16 Octubre, 2011 - 10:40

Tres letras

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Una de las preocupaciones de los periodistas en la década del noventa se podía sintetizar más o menos de esta manera: el gobierno avanzaba sobre los medios, no por medio de la censura previa, sino a través de la compra de radios y canales de televisión por parte de empresarios vinculados al Estado.

 Ese proyecto se solía graficar con una sigla de tres letras: CEI. A través de bancos, telefónicas y empresarios que frecuentaban la quinta de Olivos, el gobierno había adquirido una influencia cada vez más evidente en cuatro de los cinco canales de televisión abierta, en dos de las tres emisoras radiales más populares y, además, emprendía proyectos de gráfica en los que no tuvo demasiada relevancia. En ese entonces, la mayor parte de los periodistas de prestigio coincidían en que ese proyecto era peligroso para la libertad en el país. Carlos Menem acababa de ser reelecto con un poco más de la mitad de los votos, la oposición aparecía partida al medio entre el Frepaso y la UCR, el Frepaso se acababa de dividir. Todo parecía a pedir de boca para Menem. Era realmente un momento de gloria. Y existía una seria preocupación en el mundo periodístico sobre los alcances que tendría la hegemonía menemista sobre los espacios de libertad en nuestro trabajo.



Ese proyecto, el de avanzar sobre la prensa a través de la adquisición de medios por parte de empresarios amigos –o simplemente dóciles–, ya se había producido en muchas provincias del país, entre ellas, por supuesto, La Rioja, San Luis y Santa Cruz, de donde saldrían tiempo después los distintos candidatos justicialistas a la presidencia de la República.



Es difícil no percibir las similitudes entre aquel proceso y el que se desarrolla en estos tiempos. Cuatro de los cinco canales de televisión de aire –que es donde se concentra el verdadero poder de llegada de los medios de comunicación, sea este pequeño o grande– son hoy dóciles o están completamente alineados con el Gobierno. A los banqueros y las telefónicas hay que agregarles el desembarco de poderosos contratistas de la obra pública en los medios. El pool de radios de frecuencia modulada que era rebelde durante los noventa, hoy está conducido por uno de los banqueros menemistas más celebres, ahora alineado con el kirchnerismo y su mensaje es, con notables excepciones, claramente oficialista. Florecen espacios de llegada masivos, como el Fútbol para Todos, para la difusión del mensaje oficial. Y se consolida, de esta manera, un multimedios cada vez más poderoso, en un contexto político de abrumadora supremacía del partido gobernante.



Es un fenómeno que se viene gestando desde hace varios años, pero la nueva situación política le da otra dimensión.



La libertad de prensa existe, como existía en los años noventa. No es eso lo que está en discusión. Pero, en ambos casos, el Estado va haciendo sentir su poder sobre los medios.



La gran diferencia entre el gobierno de Menem y el proceso kirchnerista es que aquel no gozaba en el mundo periodístico y cultural de las simpatías que recibe este. Y, entonces, muchas personas prestigiosas que estaban atentas y advertían contra semejante concentración de poder, en el país y en los medios, ahora prefieren no hacerlo o, todo lo contrario, creen que es un proceso beneficioso: que un gobierno, directamente o a través de empresarios con fondos de origen sospechoso, tenga cada vez más control sobre cada vez más medios, y que al alto nivel de concentración de poder político se le agregue un nivel creciente de concentración de medios.



En aquel entonces, muchos pensábamos que era un tema relevante para la democracia, y no sólo para el ejercicio de nuestro trabajo que –al fin y al cabo– siempre tendrá algún lugar donde desarrollarse, y mucho más con la explosión de las nuevas tecnologías, que permiten conectarse con miles de lectores potenciales a muy bajo costo.



La preocupación se apoyaba en varios argumentos muy sólidos, pero el más elemental era una vieja y sabia cita de Juan Domingo Perón que, curiosamente, no fue incluida entre las veinte verdades: “Los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores”. Cuando un gobierno mata, seguramente la prensa pública o dominada por amigos no denuncie a los asesinos. Cuando un gobierno roba, la prensa adicta no suele denunciar a los ladrones. Cuando un gobierno miente, la prensa alineada no cuestiona las mentiras. Cuando un gobierno abusa del poder, no será la prensa propia la encargada de señalarlo. La prensa privada, naturalmente, tiene sus miserias y sus propias leyes de obediencia debida, pero tanto en estos años como en aquellos ha tenido mayores espacios para este tipo de información. No es una cuestión que tenga que ver específicamente con el kirchnerismo: lo trasciende hacia atrás y, seguramente, hacia adelante.



Pero, para el caso, valen algunos ejemplos. ¿En qué canales y medios se difundió la represión policial que terminó con el asesinato de Rubén Carvallo a la entrada del recital de Viejas Locas en noviembre del 2009? ¿En qué medios se publica la connivencia entre las barras bravas y el poder político y futbolístico? ¿En cuáles se puede discutir responsabilidad política en la actuación de la Federal durante el asesinato de Mariano Ferreyra? ¿En qué medios los periodistas discutían las cifras de pobreza, antes de la asignación universal, y las discuten ahora? ¿Qué medios instalan y mantienen el reclamo de la comunidad Qom ante el asesinato de uno de sus integrantes, y cuáles lo silencian o difunden las coartadas del gobierno local? ¿En dónde se puede publicar las vínculos entre el gobierno nacional y el imperio Blaquier y en dónde no? ¿Quiénes analizan en detalle las declaraciones juradas presidenciales y quiénes las ignoran o las justifican? ¿Quiénes revelan el abuso de poder que significa la detención de Rubén Sobrero y otros seis ciudadanos, con respaldo del jefe de Gabinete? ¿Quiénes se apresuran a justificar esas detenciones? ¿Quiénes se preguntan por la responsabilidad oficial en el caso Schoklender y quiénes intentan circunscribirlo rápidamente a él? ¿Quiénes dan cabida una y otra vez a los empleados del Indec y quiénes no?



Los ejemplos podrían ocupar varias páginas.



Por supuesto que la realidad no es maniquea. Hay innumerables trabajos de periodismo bueno y valiente en la prensa cercana al Gobierno y muchísimas coberturas cuestionables o miserables en la prensa privada. Está claro, también, que esta ha aportado en los últimos años mucho a la caída de su credibilidad. Además, el funcionamiento de la prensa en un país es un proceso muchas veces caótico que no siempre depende, al menos no linealmente, de los intereses de los dueños de los medios. Y los esfuerzos de muchos periodistas por ganar espacios de libertad existen más allá del medio donde trabajen.



No se trata de un problema individual ni que ataña, necesariamente, a la moral personal de nadie en particular.



Pero el crecimiento desmesurado del multimedios oficial debería generar las mismas preguntas e inquietudes que hace quince años, ya que los mecanismos del poder para construirlo son semejantes –hasta en los nombres y apellidos, o razones sociales, que incluyen–, los antecedentes de las personas que nos gobiernan, cuando lo hicieron en sus provincias, también fueron parecidos. Y la hegemonía política es aún mayor.



O quizá no.



Tal vez estemos en una época novedosa y única, donde el poder político se ha vuelto tan transparente que no sea necesario espacio en la prensa para ninguna denuncia, ya que estas le hacen el juego no sé a quién –el horizonte parece bastante despejado al respecto– o porque las cosas están tan bien que ya no hay nada qué denunciar. Puede ser que ahora esté bien que programas periodísticos de muy baja audiencia sobrevivan en la televisión de aire oficial –o paraoficial– mientras profesionales exitosos y populares estén fuera del sistema.



Vaya uno a saber, ¿no?



Todo ha cambiado tanto.
Fuente: 
VEINTITRES.