Domingo, 9 Octubre, 2011 - 09:46

Fiesta, pero sin Moyano

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El metalúrgico Caló, favorito de CFK para reemplazar al jefe cegetista. Pacto reeleccionario y ajuste económico post 23. Nada es casual. La serie de críticas a Hugo Moyano, que partieron desde el Gobierno en forma implícita y desde los medios que maneja en forma explícita deben ser tomadas como muestras del humor –o para decirlo con más exactitud del mal humor– que la Presidenta viene mascullando contra él.

Dos ministros coincidieron en señalar que Cristina Fernández de Kirchner está harta –en verdad, utilizaron otra expresión más vernácula– con el líder camionero a causa de la metodología empleada en los bloqueos de algunas plantas cerealeras y las que paralizaron la actividad aeronáutica. La realidad del “destrato” es algo que Moyano vive en carne propia. “La Presidenta no le atiende el teléfono”, reconocen varios de los conmilitones del secretario general de la CGT. Esa es la marca de una progresiva caída en desgracia que no atenúa las declaraciones de apoyo al Gobierno que Moyano hizo por estas horas. Por lo tanto, los asuntos que el Poder Ejecutivo trata con el líder gremial son secundarios. Los temas que más impactan sobre los trabajadores (asignaciones familiares, mínimo no imponible y liberación de los fondos del programa de Asignaciones de Programas Especiales) son ignorados olímpicamente por el Gobierno.



Cristina está envalentonada en razón de los resultados que prenuncian su victoria arrasadora en las elecciones del 23. Siente que no le debe nada a nadie y que los votos de los trabajadores vienen de bases que la apoyan más allá de lo que digan o hagan sus representantes gremiales. Uno de los objetivos de su próximo mandato es producir una renovación sindical. A Moyano, eso lo deja afuera. Liquidadas las chances del secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, debido a las denuncias de su pasado que lo ligan al temible Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura, el dirigente que hoy genera expectativas en el poder es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló.



Todas estas cosas, y otras que tienen que ver con la situación judicial de Moyano, están en la base del comunicado emitido por la CGT tras la sorpresiva y espectacular detención de Rubén “el Pollo” Sobrero vinculada a la quema de vagones del ferrocarril Sarmiento ocurrida en mayo de este año. Esa reacción de Moyano sorprendió al mismísimo Sobrero. Al respecto de este episodio hay varias cosas para señalar, todas inquietantes:



1- La espectacularidad con la que se concretó la detención del dirigente ferroviario.



2- Las apresuradas declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre una causa en la que había secreto de sumario: “La investigación llevó al juez a un punto de tener elementos tan contundentes que esa semiplena prueba es concreta y los manda detener” (sic). Una vez más, al doctor Fernández la realidad lo dejó pagando.



3- Las insólitas declaraciones del juez de la causa, Juan Manuel Yalj, sosteniendo que tenía evidencias de peso para haber dispuesto el arresto de Sobrero.



4- La posterior endeblez de las pruebas, que obligó a la liberación de Sobrero y a un pedido de disculpas por parte del juez, detalle que Yalj niega y que el dirigente ferroviario ratifica.



5- El reconocimiento del mismo juez de que la investigación de la Policía Federal, sobre la que basó sus decisiones, tenía errores garrafales.



6- La decisión del magistrado de apartar de la investigación a la Federal y encargársela a la Secretaría de Inteligencia, que es como pasar de lo malo a lo peor.



7- La indefensión que hechos como estos le generan al ciudadano común. Está claro que a Sobrero lo ayudó a recuperar la libertad la repercusión que tuvo su caso y la movilización que generó. ¿Pero que le pasaría en una situación así al ciudadano anónimo que no goza del beneficio que tuvo el dirigente sindical? Si esta es la realidad por la que atraviesa hoy en día la Justicia en la Argentina, sepamos que estamos todos en libertad condicional.



Elisa Carrió reapareció y le marcó la cancha a la oposición, sobre todo, a Hermes Binner –que habrá de salir segundo en la elección presidencial– cuando habló de la reforma de la Constitución que, a través de una especie de Pacto de Olivos II, aspira a llevar adelante el Gobierno a fin de concretar el sueño de “Cristina eterna”. Carrió ha demostrado una clara ineptitud para construir alternativas políticas duraderas, pero su olfato es innegable a la hora de señalar los temas clave que acechan la calidad institucional del país. Binner, al que el kirchnerismo imagina como el Alfonsín del nuevo pacto, ha dicho que concuerda con la idea de la reforma que plantea el oficialismo, pero que no apoyaría una reforma destinada a favorecer la re-reelección de la Presidenta. ¿Y para qué otra cosa le importaría al Gobierno la susodicha reforma?



La situación económica de la Argentina muestra signos que generan inquietud. En la superficie, el Gobierno hace como si esa inquietud no existiese. Por lo bajo, las cosas son distintas. La compra y salida de dólares preocupa a la autoridad monetaria del país. Varios banqueros han recibido llamados de la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, quien en persona les ha solicitado que aumenten en algunos puntos la tasa de interés de los plazos fijos a los fines de desacelerar la compra del billete estadounidense. Parece que a los que le han dicho que no se los castigó con un retiro fulminante de los fondos de la Anses que estaban depositados en sus respectivos bancos. Así funcionan las cosas con el kirchnerismo que está convencido –y la realidad le muestra que en muchísimos casos le asiste la razón– de que la víscera que más le duele a la mayoría de los argentinos es el bolsillo. Tal vez esa haya sido la razón –el temor de alguna reprimenda o represalia– por la cual el presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, salió a bajarle el tono a una declaración suya en la que advertía que el país no estaba blindado ante la vastedad de la crisis económica que azota al mundo.



La situación de Brasil preocupa a los industriales más allá de lo que se diga o, mejor dicho, no se diga. El temor por una desaceleración de su economía es mayor que el de la devaluación del real. El rumor de estas horas señalaba que habría en estudio una medida del gobierno de Dilma Rousseff por la que los autos que se vendan en su país deberán tener el 60% de partes fabricadas allí.



Por todo ello es que en el Gobierno, sus economistas serios –que los hay – ya no dudan de la necesidad imperiosa de un ajuste que debería hacerse no bien comience el segundo mandato de la Presidenta. Mientras tanto, la orden que baja desde el Gobierno es una: la fiesta debe seguir.



Producción periodística: Guido Baistrocchi.
Fuente: 
Perfil.