Martes, 27 Septiembre, 2011 - 19:22

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La autoridad de aplicación y el principio precautorio

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¿Cuál es la principal tarea que tiene el Estado en materia Ambiental, conforme a la normativa provincial, nacional e internacional, frente a un peligro de daño Ambiental, todavía evitable?

En primer lugar, cabe determinar cuál es el organismo del Estado que conforme a la normativa provincial, debe actuar como Autoridad de Aplicación en materia Ambiental. En este sentido dice el Art. 2 de la Ley de Biocidas de nuestra Provincia Nº 3378, “El Ministerio de Agricultura y Ganadería, será el órgano de aplicación de la presente y para tal efecto, adoptará las medidas conducentes a evitar la contaminación, de modo de proteger la salud humana, animal y vegetal, y preservar el medio ambiente.”



De este modo se determina que dicho Ministerio, hoy con el nombre de Ministerio de Producción y Ambiente, actuara como contralor de la Ley en materia de Biocidas, haciéndolo principalmente a través de la Subsecretaría de Agricultura, y la Dirección de Fiscalización y Control Fitosanitario, no siendo esta su única función, no bastando con verificar que los distintos agentes en materia ambiental, cumplan con la normativa vigente, siendo que la misma disposición legal le otorga la principal función que tiene el Estado como Autoridad de Aplicación, y es la de “…adoptar las medidas conducentes a evitar la contaminación, de modo de proteger la salud humana, animal y vegetal, y preservar el medio ambiente.”, de este modo, cuando el Estado a través de sus Organismos pertinentes, cualquiera de los anteriormente mencionados, tenga la noticia de que en algún punto de nuestra provincia, existen indicios de que se estaría por producir un daño al medio ambiente, ya sea este, a la salud vegetal, animal y principalmente de personas, más aun cuando estas sean menores de edad, se deben adoptar todas las medidas para evitar la contaminación y el riesgo de daño a la salud, a la atmosfera, al suelo, a las personas.



En este sentido, la Ley de Biocidas brinda los presupuestos Mínimos del Desarrollo Sustentable en nuestra provincia, sin embargo cada uno de estos Organismos de contralor y protección del Medio Ambiente, tienen funciones específicas y concretas, así por ejemplo, la Subsecretaria de Agricultura a través de la Dirección de Fiscalización y Control Fitosanitario, según lo exponen en su página web, (http://produccion.chaco.gov.ar/sitio/paginas.php?pag_id=19), se asignan las siguientes Acciones, entre las cuales se incluye: “Nº 3. Aplicar las normas legales, con sus correspondientes sanciones y multas, para evitar la contaminación con agroquímicos en el medio ambiente”, (el resaltado me pertenece). En igual sentido pero a través de la Subsecretaria de Medio Ambiente, y mediante la Dirección de Ordenamiento y Educación Ambiental, prevén como una de sus principales acciones la de “Implementar las acciones necesarias a fin de hacer cumplir las normativas vigentes sobre fiscalización y control ambiental”.



Estas acciones propuestas por la Autoridad de Aplicación de la Ley de Biocidas como así también por la Autoridad de aplicación de la Ley General de Ambiente Nº 25.675, de necesaria aplicación en nuestra provincia, no son más que implementar las medidas para efectivizar los “Principios de Prevención y Precautorio” expuestos en el Art. 4 de la Ley nacional mencionada, para los cuales importa la adopción de las medidas necesarias, judiciales y administrativas, tendientes a evitar (ex ante) la consumación del daño ambiental, a la salud, a la flora o a la fauna, porque esta afectación al ambiente, determina irremediablemente la afectación de los derechos más elementales de todas las personas, que son los llamados derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana y que en nuestro país tienen jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 C.N.).



La evitación de la afectación del medio ambiente, debe ser la prioridad en materia de Política Ambiental llevada a cabo por el Estado, a través de sus distintos Organismos (que son varios), la adopción de medidas llevadas a cabo antes del hecho generador del daño, es lo que da relevancia a la Autoridad de Aplicación es su razón de ser, de lo contrario no cumpliría sus fines legales, llegando siempre demasiado tarde, no cumpliría el fin político de protección ambiental, ni tampoco los fines sociales y humanos para los que fue creado, por que los daños ambientales son permanentes y difícilmente subsanables, irreversibles, de ahí que el derecho a un ambiente sano y equilibrado sustente tanto el principio de prevención como el principio precautorio.



Decíamos que el principio de prevención importa la adopción de las medidas necesarias y útiles, administrativas, para que no se llegue a consumar el daño ambiental, para evitar la producción dañosa, impone la Acción ex ante, con la mera noticia de eventuales daños al ambiente, y esto se complementa con el citado principio precautorio, que procede cuando la ciencia (ex ante) no da respuestas definitivas respecto de una actividad eventualmente dañosahttp://www.cedha.org.ar/docs/doc93-spa.htm - _ftn63. De ahí que cuando la realización de una actividad genere dudas razonables acerca de la posible existencia de un perjuicio ambiental, la falta de certeza científica no podrá ser argumentada para justificar la realización del hecho potencialmente peligroso, correspondiendo su paralización y erradicación definitiva por parte de las Acciones llevadas a cabo por la Autoridad de Aplicación, recordando que basta “el peligro de daño al ambiente” para mover la actuación del Estado en resguardo de los derechos constitucionales de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, porque en materia ambiental, es considerado damnificado, aquel que se encuentra ante un riesgo o peligro de daño grave e irreversible, siendo esto suficiente para incitar la jurisdicción estadual en su defensa.



Y esto lo impone la normativa Nacional, a través de la citada norma General de Ambiente, cuando se cuente con la noticia de la presencia de peligro o riesgo de contaminación ambiental (daño), se deben arbitrar los medios que el Estado posee mediante sus Organismos y funcionarios designados a esos efectos, para evitar la realización de esos riesgos y eventuales perjuicios ambientales.



La Autoridad de Aplicación, como Estado, es la primera que debe cumplimentar y poner en práctica estos Principios Generales Mínimos Ambientales como los citados de Prevención y Precautorio, es este último que se hace exigible a los gobiernos frente a la violación de derechos humanos ambientales, porque los potenciales damnificados no siempre se encuentran en condiciones de afrontar los gastos que implica la realización de análisis e investigaciones científicas de los hechos generadores del daño. Cumplehttp://www.cedha.org.ar/docs/doc93-spa.htm - _ftn64 además, una función de protección al invertir la carga de la prueba, para el cual, no es el damnificado por una lesión ambiental el que debe probar la verdadera existencia del daño, sino que son los actores generadores o potenciales generadores del daño, los encargados de tales elementos probatorios, y es el Estado, siguiendo estos Principios, el encargado de sancionar, al menos administrativamente, a los agentes que los incumplen, por ello la adopción de los principios de prevención y precautorio es una condición esencial para la plena efectividad del derecho de acceso al reclamo ya sea vía administrativa o judicial de los damnificados.



En nuestro ordenamiento jurídico ambiental, tiene principal sustento legislativo la ley General de Ambiente Nº 25675, que sienta las bases de una correcta Política Ambiental en clara concordancia y función con el artículo 41 de la Constitución Nacional, siendo estos necesarios para una gestión gubernamental sustentable que asegure la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales.



Esta política ambiental, está sujeta al cumplimiento entre otros de los siguientes principios: a) Congruencia: toda la legislación provincial y municipal debe ser adecuada a esta nueva ley Nacional. b) Prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos al medio ambiente. c) Precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. d) Equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. e) Responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que corresponda.



(*) Abogado - Asesor Legal CPIACH.