Viernes, 16 Septiembre, 2011 - 10:07

A 4 meses, continúa el conflicto educativo en Chile

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Los estudiantes chilenos rechazaron la respuesta de Gobierno que sólo aceptó dos de las cuatro propuestas de los universitarios. La semana que viene habrá una nueva manifestación para reclamar por un sistema educativo público.

Ampliar Los estudiantes chilenos rechazaron hoy la respuesta del Gobierno, que sólo aceptó dos de las cuatro propuestas entregadas por los alumnos para solucionar el conflicto estudiantil que se extiende en Chile desde hace cuatro meses, y llamaron a una nueva movilización para el próximo jueves.



"El Gobierno vuelve a romper la posibilidad del diálogo", dijo a los periodistas el vicepresidente de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Francisco Figueroa, portavoz de los universitarios.



El pasado 8 de septiembre, los estudiantes condicionaron su presencia en los grupos de trabajo para el diálogo a cuatro puntos: asegurar transparencia en el diálogo, no entregar recursos públicos a instituciones que lucran, suspender la tramitación de los proyectos de ley enviados al Parlamento y postergar el calendario académico que fija que el 10 de octubre parte el segundo semestre.



El ministro de Educación, Felipe Bulnes, respondió que el Ejecutivo está dispuesto a aceptar los dos primeros puntos, pero rechazó las exigencias de los estudiantes de postergar el cierre del primer semestre académico en las universidades y paralizar los proyectos de ley en materia educacional que envió el Ejecutivo al Congreso.



Al término de una reunión en la que los dirigentes estudiantiles debatieron en la ciudad de Valparaíso la respuesta gubernamental, Figueroa afirmó que "el Ejecutivo ha hecho una vez más la apuesta de creer que el movimiento está debilitado, pero la verdad es que no es así". La Confech organizará una nueva movilización nacional para el próximo jueves a partir de las 11.00 hora local, de acuerdo con precisiones de la agencia EFE.



Universitarios y estudiantes de secundaria de Chile están en huelga desde mediados de mayo para exigir que el Gobierno central vuelva a administrar la educación primaria y secundaria, que se prohíba a las instituciones privadas lucrarse con la educación y que se garantice en la Constitución el derecho a una educación pública y de calidad.
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